Detrás de la promesa de bodas de ensueño, fiestas de 15 años inolvidables y bautizos organizados en los rincones más exclusivos de Managua, se escondía lo que el Ministerio Público ha calificado como un esquema sostenido de fraude.
Samantha Nadiuska Oporta Chávez y su pareja, Iván Antonio Mendiola Gutiérrez, pasarán del negocio del espectáculo al banquillo de los acusados el próximo 6 de octubre de 2026, fecha en la que enfrentarán juicio oral y público tras ser señalados del delito de estafa agravada.
El caso tomó el día de ayer 4 de septiembre, un giro judicial determinante durante la audiencia inicial ante el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua. Allí, el juez a cargo desestimó las peticiones de la defensa y confirmó que ambos imputados deberán permanecer tras las rejas bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras esperan el inicio del debate oral.
La acusación de la Fiscalía detalla un modus operandi estructurado que, presuntamente, venía ejecutándose desde el año 2019. La pareja promocionaba sus servicios de logística y producción de eventos a través de redes sociales y diversas plataformas digitales, captando a clientes que buscaban celebrar momentos clave en sus vidas.
Sin embargo, una joven identificada como Treminio en 2025 contrató a la empresa dirigida por Oporta Chávez para la organización de su boda, cumpliendo rigurosamente con los depósitos solicitados. Según las investigaciones, las transferencias financieras debían realizarse directamente a la cuenta de Iván Gutiérrez, quien operaba como el responsable financiero de la firma.
El desencanto llegó apenas 24 horas antes del enlace matrimonial. Samantha Oporta contactó a la novia para notificarle que el evento quedaba abruptamente cancelado debido a severos inconvenientes internos de la empresa. Tras esa llamada, los acusados interrumpieron toda comunicación. Al acudir desesperada a las oficinas comerciales donde meses atrás había firmado el contrato de servicio, Treminio se encontró con un local completamente desmantelado y vacío.
Gestación y rechazo a la modificación cautelar
Investigaciones periodísticas de Radio La Primerísima revelaron que el expediente de Treminio es solo la punta del iceberg. Se estima la existencia de al menos 19 víctimas vinculadas a denuncias similares desde 2019. Aunque en procesos anteriores las partes lograron llegar a acuerdos de mediación para la restitución del dinero, estos antecedentes no constituyen condenas previas, pero sí exponen un historial recurrente de reclamos por incumplimiento y engaño.
Durante la última audiencia, la defensa técnica de Samantha Oporta intentó revertir la prisión preventiva argumentando una condición médica sobrevenida. Su abogado defensor presentó los resultados de una prueba médica realizada en el Hospital Alemán Nicaragüense, la cual confirmó que la procesada cursaba una gestación de aproximadamente cinco semanas.
Con base en el estado de embarazo, la representación legal solicitó el cambio a una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria. Sin embargo, el judicial fue contundente: concluyó que no existían variaciones sustanciales en los presupuestos jurídicos y elementos de convicción que motivaron la medida cautelar inicial, ordenando la permanencia de Oporta en el centro penitenciario y ratificando la remisión de la causa a la etapa de juicio.
El Código Penal de Nicaragua contempla para el delito de estafa agravada una pena base que va de 3 a 6 años de prisión, además de una sanción económica equivalente a 300 a 500 días multa.
De ser declarados culpables al finalizar el juicio oral y público del 6 de octubre, Samantha Oporta e Iván Mendiola podrían enfrentar condenas individuales de hasta 6 años de prisión por el expediente juzgado, a lo que se sumaría la obligación civil de restituir la totalidad del dinero defraudado a las víctimas afectadas.
