Apenas el mes pasado, dos niñas de 10 años, una ecuatoriana y la otra peruana, fueron rescatadas de una inminente unión forzada producto del trueque de dos abusadores. El caso alcanzó resonancia internacional y expuso, una vez más, la brutal realidad del matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas en América Latina.
El matrimonio infantil es un delito y una grave violación de los derechos humanos. Expone a las niñas a violaciones, violencia sexual, embarazo infantil y/o adolescente y a una vida en la que las decisiones sobre su propio cuerpo, educación y futuro son tomadas por terceros.
En la actualidad, alrededor de 650 millones de mujeres y niñas en el mundo se casaron antes de cumplir los 18 años, y más de 12 millones de niñas son casadas cada año antes de alcanzar esa edad. UNICEF estima que, en 2023, el 21% de las mujeres de entre 20 y 24 años en América Latina y el Caribe estaban casadas o en una unión temprana antes de los 18 años. Mientras que otras regiones del mundo han logrado avances, América Latina y el Caribe prácticamente no ha registrado ninguna reducción en los índices de matrimonio infantil durante los últimos 25 años. (UNICEF calcula que para 2030 América Latina y el Caribe podría convertirse en la segunda región con mayor prevalencia de matrimonio infantil y uniones tempranas del planeta. La primera es África subsahariana, que alberga a 127 millones de novias infantiles).
Sí se han dado avances legislativos: Ecuador y Panamá prohibieron el matrimonio infantil en 2015, mientras que República Dominicana lo hizo en 2021. Asimismo, la Ley 2447 de 2025 en Colombia eliminó las excepciones previas y fijó los 18 años como la edad mínima legal para contraer matrimonio.
Sin embargo, la ley es solo el comienzo. La respuesta institucional contra el matrimonio infantil y las uniones tempranas debe tener la capacidad de llegar a cada rincón donde una niña o adolescente se encuentre en riesgo.
La precariedad económica, el acceso limitado a la educación y la violencia son factores que facilitan que los abusadores entren en contacto con familias con niñas y adolescentes; además de que, en algunas comunidades, el matrimonio todavía se percibe erróneamente como una vía de seguridad o estabilidad.
La respuesta ante esta realidad debe ser: mantener a las niñas y adolescentes en la escuela, brindarles capacitación y oportunidades de subsistencia, vincular a las familias vulnerables con programas estatales con ayuda económica, fortalecer las redes comunitarias de protección e informar a las autoridades cuando una niña o adolescente esté en riesgo.
Este es un problema global. Por eso, impulsé durante mucho tiempo la creación del día internacional contra el matrimonio infantil, propuesta que recibió un firme respaldo durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo de 2026. La Primera Dama de Sierra Leona, Fatima Maada Bio, llevó la petición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) junto a Costa Rica, Cabo Verde y Marruecos, contando con el copatrocinio de 38 naciones.
Y, finalmente, este 4 de septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que estableció el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. Un día internacional evita que el matrimonio infantil y las uniones tempranas queden invisibilizados frente a otras prioridades de la agenda global.
Para quienes hemos dedicado años a combatir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en el terreno, este es un logro extraordinario, que le brinda a los gobiernos una fecha fija anual para evaluar avances, examinar evidencias, identificar vacíos y determinar dónde se requiere intensificar la atención política, los programas institucionales y los recursos.
Una fecha para actuar
Los países necesitan planes de acción nacionales con presupuesto asignado, sistemas de denuncia e intervención más sólidos y campañas masivas de concientización que comiencen con la niñez y alcancen a docentes, personal de salud, líderes comunitarios y líderes religiosos. Las leyes deben aplicarse tanto para prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas como para garantizar consecuencias legales cuando los niños, niñas y adolescentes son explotados.
India ofrece un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando se conjugan la voluntad política, la acción institucional, la aplicación de la ley y la movilización comunitaria.
Just Rights for Children ha colaborado con instituciones gubernamentales, líderes de fe y comunidades para evitar más de 550.000 matrimonios infantiles. En los casos en que no se pudieron evitar, se procesó judicialmente a los padres, participantes y, en algunas ocasiones, a los oficiantes religiosos. Además, algo más de 1,2 millones de niños y niñas fuera del sistema escolar fueron identificados y reincorporados a la educación, y 250 millones de personas firmaron un compromiso contra esta práctica nociva, movilizados por una campaña nacional.
Durante demasiado tiempo, hemos tolerado uniones que solapan a abusadores de niñas y adolescentes, mientras las sobrevivientes viven las consecuencias.
El 27 de noviembre le otorga al mundo una oportunidad periódica para corregir ese error. La fecha está marcada. La tarea ahora es garantizar que un estado de protección y justicia alcance a cada niña y adolescente, en cualquier rincón de Ecuador, Perú o India, en cualquier lugar del planeta.
