La justicia salvadoreña impuso condenas de hasta 51 años de cárcel a cinco personas halladas culpables de integrar una red de trata de personas que durante 17 años sometió a dos menores de edad a explotación sexual, bajo manipulación, amenazas y chantajes en San Salvador.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República, desde el año 2007 hasta 2024, Morena Guadalupe Pérez lideró la captación y explotación de las víctimas. Pérez, quien vivía con las menores, utilizó su posición de poder para convencerlas de mantener encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero, advirtiéndoles que, si se negaban, se quedarían en la calle “sin un lugar donde vivir”.
La Fiscalía no detalló la relación exacta entre Pérez y las menores, ni precisó si había más víctimas, pero sí estableció que la manipulación comenzó cuando las víctimas eran niñas y se extendió por casi dos décadas. Pérez ideaba estrategias para someter a las menores, forzándolas a acceder a las exigencias bajo amenazas constantes.
Uno de los condenados es Manuel de Jesús Góchez Miranda, pareja sentimental de Pérez. Góchez Miranda fue cómplice directo en la explotación, ya que mantuvo acuerdos con Pérez para abusar sexualmente de una de las menores durante 17 años. Su vinculación facilitó la continuidad de los delitos y prolongó el sufrimiento de la víctima.
Otros tres sujetos involucrados, identificados como Felipe Antonio Clemente López, Denis Valmore Catalán de Jesús y Santiago Gerónimo Pérez Pérez, de nacionalidad guatemalteca tenía una relación de amistad con Pérez lo que facilitó los encuentros sexuales con las menores en distintos puntos de San Salvador, entregando entre $50 y $70 a cambio.
El caso salió a la luz cuando las menores, tras años de abuso, compartieron entre sí lo que Pérez las obligaba a hacer y decidieron presentar la denuncia ante las autoridades. La Fiscalía reunió pruebas suficientes que permitieron sustentar la acusación durante el juicio y obtener condenas ejemplares contra los cinco implicados.
Morena Guadalupe Pérez recibió la pena más alta: 51 años de prisión por trata de personas en la modalidad de explotación sexual, violación en menor agravada continuada en su calidad de cómplice y agresión sexual continuada a menor como cómplice. Góchez Miranda fue sentenciado a 42 años y ocho meses de cárcel por violación y agresión sexual agravada continuada en menor e incapaz.
Santiago Gerónimo Pérez Pérez fue condenado a 20 años de prisión por agresión sexual agravada continuada en menor e incapaz, así como remuneración por actos sexuales o exóticos. La misma condena recibieron Felipe Antonio Clemente López y Denis Valmore Catalán de Jesús, ambos responsables de agresión sexual agravada continuada y de pagar por actos sexuales con menores.
Todos los condenados permanecen recluidos en centros penitenciarios, cumpliendo sus sentencias tras un proceso judicial que marcó un precedente en la lucha contra la explotación sexual de menores en el país.
