Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el suroccidente de Colombia el 10 de agosto, los alcaldes de Cali, Alejandro Eder, y de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, señalaron que sus ciudades aún enfrentan una emergencia humanitaria, habitacional y económica.
Valle del Cauca y Caldas figuran entre los cinco departamentos más afectados por el sismo, además de Chocó, Risaralda y Quindío.
Asimismo, desde la Unidad Nacional para la Gestión y el Riesgo de Desastres (Ungrd) se actualizó el balance de afectaciones producto de la emergencia, con corte al jueves 10 de septiembre, con un saldo ha afectado a 466.345 personas en 497 municipios de 16 departamentos. El reporte registra 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos.
Por tal motivo, Eder señaló en entrevista con Caracol Radio que en Cali hay 154 personas fallecidas, 1.600 heridos y 45.000 familias afectadas, una cifra que equivale a más de 100.000 personas.
Por su parte, Rojas le comentó a Bluradio que Manizales registró 11.513 unidades de vivienda impactadas, de las cuales 1.505 presentan pérdida total.
Ambos mandatarios coincidieron en que el reto ya no se limita a los rescates y la atención inmediata. Las ciudades requieren recursos para demoliciones, subsidios de arrendamiento, estudios técnicos, reconstrucción de viviendas, recuperación del comercio y reparación de infraestructura pública.
Cali mantiene ayudas para miles de familias que no pueden volver a sus casas
El alcalde Eder afirmó que el terremoto dejó una afectación amplia en Cali, con impacto en hogares de distintos estratos socioeconómicos. “No son 45.000 personas, son 45.000 familias. Esto equivale a un poco más de 100.000 personas que han sido las afectadas por este terremoto”, aclaró.
Según el mandatario vallecaucano, cerca del 40% de los damnificados permanece fuera de sus viviendas. La Alcaldía cerró el registro de afectados el viernes anterior y empezó a desembolsar apoyos económicos para las primeras 11.000 familias incluidas en el primer corte. El pago para otras 35.000 familias comenzará, según indicó, a partir del lunes.
Eder señaló que la ciudad ha evacuado 1.200 edificios y que 11 de ellos serán demolidos. La primera demolición ya comenzó y las restantes iniciarían durante el fin de semana. Además, más de 100 inmuebles presentan daños superiores al 70%.
“Hay personas que lo perdieron todo, ya sea porque les colapsó el edificio el día de la tragedia o porque también lo perderán”, expresó el alcalde.
La administración mantiene la distribución diaria de cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria, principalmente mercados, para las familias afectadas. El mandatario explicó que la ciudad conservará los apoyos mientras sean necesarios, con una proyección inicial de entre tres y seis meses.
Cali busca recursos para inspecciones, demoliciones y reconstrucción
Eder indicó que los decretos expedidos por el Gobierno nacional permitirían liberar fondos para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción. Entre los recursos mencionó los provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y del presupuesto propio de Cali.
La ciudad necesita ampliar su capacidad técnica para revisar edificios evacuados. “Nosotros necesitamos alrededor de 150 ingenieros para poder evaluar más rápido todos los edificios que tenemos evacuados”, expuso el mandatario local, y de momento, la Alcaldía cuenta con 49 profesionales y requiere cerca de 100 más.
Eder afirmó que algunas familias podrán regresar a sus viviendas después de las inspecciones, mientras que otras necesitarán soluciones habitacionales diferentes. Su expectativa es iniciar la reconstrucción de viviendas antes de finalizar 2026.
El terremoto también afectó infraestructura esencial. De las 11 estaciones de bomberos de Cali, cuatro tienen daños. De los 338 colegios de la ciudad, 260 registran afectaciones y nueve permanecen cerrados. Otros 57 presentan daños que requieren intervenciones intermedias.
Por todo lo anterior, Eder anunció estudios patológicos para identificar las causas de los daños, en particular en sectores como la comuna 19, Cuarto de Legua, la Novena con calle 46, torres de Santa Elena y La Flora.
“Aquí no simplemente vamos a demoler como si no hubiera pasado nada. También vamos a hacer estudios patológicos”, detalló el alcalde, y de paso explicó que los análisis permitirán establecer si las edificaciones cumplieron los estándares de construcción, si hubo irregularidades o si los códigos sismorresistentes requieren ajustes.
Manizales reportó más de 1.500 viviendas con pérdida total
Por su parte, el alcalde Rojas afirmó que Manizales vive una situación compleja por los daños en hogares, comercios y edificios públicos.
“Son 11.513 unidades de vivienda impactadas en nuestra ciudad, de las cuales 1.505 son de pérdida total”, señaló el mandatario de la capital caldense.
El reporte también incluye más de 2.000 unidades comerciales afectadas. De ese total, 630 presentan impacto crítico alto. Rojas indicó que más de 14.000 personas resultaron damnificadas en la ciudad.
El alcalde destacó que, pese a la dimensión del daño, Manizales retiró los escombros de las calles durante la primera semana posterior al sismo. También informó que los colegios retomaron la presencialidad después de que más de 24 instituciones educativas sufrieran daños.
Uno de los casos más complejos es el del sector de la carrera 23, en el centro histórico, pero volvió a operar y permitió la reapertura de 2.920 establecimientos comerciales. En sectores como Milán, la Alcaldía habilitó espacios alternativos para que comerciantes cuyos locales quedaron afectados pudieran vender y facturar.
“Uno puede estar en crisis, pero no se puede quedar en ella”, afirmó Rojas.
La reconstrucción de Manizales podría costar hasta $600.000 millones
Rojas indicó que el terremoto afectó todos los sectores sociales de la ciudad. El 62% de los daños se concentró en viviendas de estratos 4, 5 y 6; el 14% correspondió a estrato 3; otro 14% a estratos 1 y 2, y el 10% se registró en áreas rurales.
“En esta tragedia no tiene estrato”, sostuvo el alcalde, al señalar que muchas viviendas no contaban con seguros y que las familias enfrentan el costo adicional de demoler inmuebles que amenazan ruina.
Rojas expresó que el municipio asumió con recursos propios parte de las demoliciones. Además, puso en marcha subsidios de arrendamiento desde el sexto día posterior al terremoto. Para esto, la Alcaldía prevé empezar el pago del segundo mes de esos apoyos.
Manizales tiene aprobado un crédito por $223.000 millones y adelanta un proceso para obtener las mejores condiciones de financiación. Sin embargo, Rojas estimó que el costo total de la emergencia y de la reconstrucción podría ubicarse entre $550.000 millones y $600.000 millones.
“Sin el Gobierno nacional no podríamos”, afirmó el mandatario por la expectativa de recibir apoyo de la Nación para complementar los recursos locales.
La Catedral de Manizales requiere una intervención de gran escala
Uno de los símbolos afectados por el terremoto es la Catedral Basílica de Manizales. Rojas explicó que será necesario desmontar la torre que presenta fallas estructurales.
El costo de desmontar esa parte de la construcción superaría los $3.000 millones. Antes, se requiere un apuntalamiento para estabilizarla, con un valor estimado de $500 millones.
Rojas afirmó que la administración busca apoyo del Ministerio de Cultura, del Gobierno nacional y de la comunidad religiosa internacional. De igual forma, añadió que empresas como Diaco y Argos ofrecieron donaciones de acero y cemento para una futura reconstrucción.
La Alcaldía también confirmó que la Feria de Manizales se realizará en enero, aunque con ajustes derivados de la situación actual. Rojas señaló que el evento tiene un peso importante para el empleo, los hoteles, restaurantes y comerciantes de la ciudad.
En Cali, Eder anunció actos conmemorativos al cumplirse un mes de la tragedia. La Alcaldía pidió que las iglesias hicieran sonar sus campanas durante 90 segundos, el mismo tiempo que duró el terremoto, e invitó a los ciudadanos a detener sus actividades por ese lapso.
“Tenemos que reconstruir físicamente nuestras ciudades, pero también hay que reconstruirlas emocionalmente”, expresó Eder.
Chocó, el departamento que llevó la peor parte: el epicentro del sismo de 7,4 fue en San José del Palmar
La gobernadora del Chocó pidió inversión privada tras los anuncios para la reconstrucción
En diálogo con La FM el lunes 7 de septiembre, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, planteó que los compromisos asumidos por entidades públicas y empresarios después de la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella deben traducirse en inversión privada, empleo y proyectos productivos para el departamento, además de la atención inmediata a las afectaciones provocadas por el sismo.
La mandataria sostuvo se abrió una oportunidad para articular la respuesta a la emergencia con una agenda de desarrollo regional. Según afirmó, la reconstrucción de la infraestructura y las viviendas afectadas debe contemplar medidas que permitan reducir brechas históricas y fortalecer la economía local.
“No queremos solo ayuda, queremos inversión”, expresó Córdoba al referirse a la participación que espera del sector empresarial. La gobernadora afirmó que el departamento requiere capital para consolidar iniciativas en infraestructura, educación, energía, minería formal y conectividad.
La mandataria departamental agregó que la reunión entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y representantes empresariales permitió plantear proyectos que, según dijo, habían sido discutidos durante años en el departamento sin avances concretos.
A su juicio, la respuesta a la emergencia puede convertirse en un punto de partida para atraer empresas y establecer alianzas con actores locales.
La reconstrucción busca incorporar proyectos de desarrollo económico
Córdoba señaló que la prioridad inmediata sigue centrada en atender a las familias afectadas por el terremoto. No obstante, explicó que la agenda planteada en la reunión amplió el alcance de la intervención estatal y privada.
“No solamente el sector público responde por esta emergencia”, afirmó la gobernadora. Su planteamiento busca que las compañías se vinculen a la reconstrucción y, a la vez, instalen operaciones permanentes o desarrollen proyectos empresariales en Chocó.
La mandataria sostuvo que busca ofrecer condiciones para que los inversionistas puedan identificar proveedores del departamento, asociarse con emprendimientos de la región y crear puestos de trabajo. “También queremos que estén aquí para asociarse”, dijo.
La propuesta incluye una participación empresarial que no se limite a aportes puntuales para las zonas afectadas. La gobernadora planteó que los recursos y proyectos deben tener continuidad para que las comunidades reciban beneficios más allá de la etapa inicial de reconstrucción.
Córdoba aeveró que el departamento puede aportar recursos, capacidades productivas y oportunidades para distintos sectores. También dijo que la llegada de inversión requerirá medidas que reduzcan las dificultades operativas y económicas para las empresas interesadas.
Empresarios ofrecieron aportes para completar el costo del malecón de Quibdó
Uno de los anuncios que destacó la gobernadora fue la financiación del malecón de Quibdó, un proyecto de infraestructura presentado ante los empresarios durante la reunión.
Córdoba sustentó que los asistentes comenzaron a ofrecer recursos para respaldar la obra hasta alcanzar el valor estimado. “Empezaron a levantar la mano”, señaló al describir el momento en que se sumaron los aportes.
El malecón figura entre las obras que el Gobierno departamental busca impulsar como parte de la recuperación y del desarrollo urbano de Quibdó. La gobernadora consideró que el respaldo anunciado puede permitir que el proyecto avance después de años de discusión.
Córdoba vinculó esa obra con un objetivo más amplio: usar la reconstrucción para mejorar las condiciones de los municipios y evitar que la atención a la emergencia se reduzca a la reparación de los daños materiales.
“Queremos reconstruir para mejorar”, afirmó la gobernadora durante la entrevista. La frase sintetizó la intención de que las intervenciones posteriores al sismo incluyan infraestructura, servicios y mecanismos para dinamizar la actividad económica.
Balance de la emergencia en Colombia por el sismo de 7,4: reportes de la Ungrd y el Servicio Geológico Colombiano
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que las operaciones de respuesta continúan, con 356 personas rescatadas, más de 42.000 millones de pesos destinados al apoyo habitacional y un despliegue de asistencia en 497 municipios de 16 departamentos afectados.
De acuerdo con el organismo, la fase inicial priorizó el rescate de sobrevivientes. Durante más de 288 horas, 54 equipos y 1.849 rescatistas de Colombia, Argentina, Chile, México, Venezuela, España y Estados Unidos intervinieron en las zonas más impactadas. Según la información oficial, esas operaciones permitieron rescatar 356 personas y recuperar 259 cuerpos.
Luego de finalizar la búsqueda y el rescate, la atención se dirigió a las familias que perdieron sus viviendas. En consecuencia, la Ungrd asignó $42.754 millones para el primer mes de apoyo económico dirigido a los hogares cuyas viviendas quedaron destruidas o declaradas no habitables. Dicho apoyo, que se extenderá por tres meses, puede alcanzar hasta $1.050.543 mensuales por familia, dependiendo de la categoría del municipio.
La entidad señaló que esta suma representa más del 50% del salario mínimo vigente, y constituye el mayor monto entregado hasta la fecha para este tipo de ayudas.
La Ungrd anunció también el comienzo del Proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para la Recuperación Integral (Edanpri). Este instrumento busca consolidar información sobre daños, pérdidas, necesidades y costos para orientar la estrategia de recuperación. En el proceso participan la UNGRD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), autoridades nacionales y territoriales, organismos internacionales y representantes de 16 sectores.
La información servirá para definir los Planes de Acción Específicos (PAE) y el Plan Nacional de Recuperación.
En materia de asistencia humanitaria, hasta la fecha se han movilizado 2.071 toneladas de suministros hacia las áreas afectadas. La cooperación internacional aportó 477,1 toneladas, mientras que la gestión de la primera dama, Ana Lucía Pineda, sumó 1.500 toneladas. Además de todo lo anterior, la Gobernación del Atlántico contribuyó con 46 toneladas, la Alcaldía de Bogotá con 44 toneladas y la propia Ungrd con 3,9 toneladas.
La colaboración de países cooperantes y agencias de Naciones Unidas—incluyendo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)—ha completado el dispositivo de respuesta.
Según las cifras oficiales, 4.720 personas permanecen alojadas en 35 refugios temporales ubicados en los departamentos de Caldas, Quindío, Chocó y Valle del Cauca.
En paralelo, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) mantiene operativos de apoyo aéreo, totalizando 106 horas y 40 minutos de vuelo en traslados y operaciones de ayuda.
Para mantener las comunicaciones en las zonas afectadas, se instalaron 60 antenas Starlink. Además, los equipos de respuesta rescataron 1.976 animales durante la emergencia.
La Ungrd continúa coordinando los procesos de evaluación de daños, asistencia técnica, logística, comunicaciones y movilización de recursos en todo el territorio afectado, que hasta el 10 de septiembre, se resume en 36.327 viviendas destruidas, 201.939 viviendas averiadas y 759 edificios colapsados. Además, se registran afectaciones en 4.316 centros educativos, 397 centros de salud y 6.118 centros comunitarios.
El balance de infraestructura dañada incluye 521 vías, 107 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 141 acueductos y cinco aeropuertos.
Más de 300 réplicas y 1.200 sismos menores se registraron un mes después del terremoto en Chocó
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, se han identificado más de 300 réplicas asociadas al evento principal y un enjambre sísmico con más de 1.200 movimientos.
El reporte, con corte al 10 de septiembre de 2026, señala que las réplicas relacionadas con el terremoto se registraron a profundidades superiores a 70 kilómetros. El enjambre sísmico identificado en el departamento ocurrió a profundidades menores.
Al respecto, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, entregó el balance sobre la actividad registrada después del sismo y las labores de evaluación que adelanta el SGC en los territorios afectados.
El SGC recorrió más de 20 municipios y ciudades para evaluar daños
Los equipos técnicos del Servicio Geológico Colombiano realizaron visitas en más de 20 municipios y ciudades para analizar los efectos generados por el terremoto.
Las labores incluyen la recopilación de información sobre daños, el monitoreo de la actividad sísmica y el análisis de las condiciones del terreno. La entidad indicó que mantiene una vigilancia permanente en Chocó y en el resto del país.
“Desde ese momento, el Servicio Geológico Colombiano ha mantenido el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el departamento y en todo el territorio nacional”, informó la entidad.
El objetivo de estas tareas es producir información científica que permita comprender la evolución de la actividad sísmica posterior al evento principal y aportar elementos para la gestión del riesgo.
Imágenes satelitales permitieron detectar 240 movimientos en masa
El análisis de imágenes satelitales permitió identificar 240 movimientos en masa en la zona evaluada. De ese total, 81 fueron reactivados por el terremoto.
Los movimientos en masa incluyen fenómenos como deslizamientos, desprendimientos de material y remoción de tierra en laderas. Estos eventos pueden aumentar el riesgo en zonas rurales, vías y sectores con pendientes.
El SGC continuará con el seguimiento de las réplicas, del enjambre sísmico y de las áreas donde se detectaron movimientos en masa. Las autoridades recomendaron mantener la atención a los canales oficiales de información y seguir las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo.
