El presidente Abelardo de la Espriella formalizó este miércoles 9 de septiembre la revocación de los nombramientos de los representantes del Gobierno nacional que participaban en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en el espacio de conversación sociojurídico con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Las decisiones quedaron establecidas en las resoluciones 391 y 390 de 2026, respectivamente. Los actos administrativos fueron expedidos con fundamento en las atribuciones constitucionales y legales del presidente de la República para la preservación del orden público y la dirección de los procesos de paz.
Revocan los nombramientos de la mesa con el ELN
La Resolución 391 de 2026 establece la revocación de la designación de los representantes del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN.
El primer artículo dispone: “Revocar la designación de la señora Vera Grabe como representante del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
El documento también deja sin efecto las designaciones de María José Pizarro, Olga Liliana Silva, Iván Cepeda, Rodrigo Botero, Horacio Guerrero, Carlos Rosero, Rosmery Quintero, Dayana Urzola, Álvaro Matallana, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería y Mabel Lara.
La resolución señala que la Mesa de Diálogos de Paz fue instalada en Caracas, Venezuela, en noviembre de 2022. Según los antecedentes incluidos en el acto administrativo, desde febrero de 2024 se produjo un deterioro progresivo de la confianza y la continuidad del proceso, luego de que el ELN expresara unilateralmente su decisión de congelar las conversaciones.
Durante 2024 se realizaron reuniones extraordinarias destinadas a superar la crisis y restablecer la interlocución. Sin embargo, el Gobierno sostuvo en la resolución que la continuidad de las negociaciones requiere un compromiso de paz claro, sostenido y verificable por parte del grupo armado.
También revocan a los representantes ante el EGC
La Presidencia expidió además la Resolución 390 de 2026, mediante la cual revocó las designaciones de los representantes del Gobierno nacional en el espacio de conversación sociojurídico con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.
El acto administrativo establece en su primer artículo la revocación de Álvaro Jiménez Millán, quien se desempeñaba como coordinador de los representantes del Gobierno nacional en ese espacio.
También fueron revocados María Gaitán Valencia, Armando Custodio, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez, de acuerdo con el documento.
Este espacio de conversación sociojurídico había sido autorizado mediante una resolución ejecutiva en julio de 2024. Su objetivo era explorar posibles voluntades de sometimiento a la justicia, desmantelamiento de estructuras criminales y tránsito de sus integrantes hacia la legalidad.
El fundamento constitucional de las decisiones
Las dos resoluciones citan el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, según el cual corresponde al presidente de la República conservar el orden público en todo el territorio nacional y restablecerlo cuando sea turbado.
Los documentos también hacen referencia a la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada en diferentes oportunidades, incluida la Ley 2272 de 2022.
En los actos administrativos se recuerda que la legislación establece que la dirección de los procesos de paz corresponde exclusivamente al presidente de la República, como responsable de la preservación del orden público en todo el territorio nacional.
Asimismo, las resoluciones citan los artículos 1 y 2 de la Ley 2272 de 2022, que establecen disposiciones relacionadas con la política de Paz Total y contemplan mecanismos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia con grupos armados organizados al margen de la ley.
La Corte Constitucional también es citada en las resoluciones
Dentro de la argumentación jurídica, ambos documentos mencionan la Sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional.
La Presidencia cita el criterio según el cual los órganos políticos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para diseñar mecanismos de solución pacífica de conflictos, entre ellos las negociaciones dirigidas a lograr la sujeción al Estado de derecho de actores ilegales.
Las resoluciones también señalan que el presidente puede determinar “cómo, cuándo y con quién busca establecer diálogos”, de acuerdo con la jurisprudencia citada en los actos administrativos.
La decisión frente a la política de Paz Total
Las revocatorias se producen después del anuncio del fin de los diálogos con grupos armados, dentro de la nueva orientación planteada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a la política de Paz Total implementada durante la administración de Gustavo Petro.
El mandatario ha señalado en diferentes ocasiones que no habrá diálogo con organizaciones criminales y que el camino será el sometimiento. En ese contexto, el Gobierno ha comenzado a revocar las designaciones de quienes habían sido nombrados como representantes en procesos de paz de la administración anterior.
