El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó revisar la situación de las personas privadas de la libertad que permanecen en guarniciones militares o estaciones de Policía y proceder con su traslado cuando no cumplan las condiciones legales para permanecer en esos lugares.
La instrucción fue presentada por el mandatario durante el séptimo punto de su alocución presidencial, dedicado a lo que denominó el fin de los privilegios para los corruptos. De la Espriella sostuvo que las personas condenadas por corrupción no deben recibir un trato especial durante el cumplimiento de sus penas por el cargo que ocuparon o por sus relaciones.
De la Espriella ordenó revisar las condiciones de permanencia
Durante su intervención, el presidente señaló que la revisión deberá realizarse conforme a las disposiciones legales y estará dirigida a quienes actualmente permanecen privados de la libertad en instalaciones de la Fuerza Pública.
“He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, afirmó.
De acuerdo con lo expresado por el mandatario, la instrucción contempla dos acciones: revisar las condiciones bajo las cuales permanecen estas personas en esas instalaciones y proceder con los traslados correspondientes cuando no exista fundamento legal para que continúen allí.
En su alocución, De la Espriella no entregó un número de personas que serían objeto de la revisión ni identificó casos particulares.
El presidente cuestionó los privilegios para condenados por corrupción
El mandatario centró su intervención en los casos de personas que, según sus declaraciones, utilizaron posiciones dentro del Estado para apropiarse de recursos públicos.
“La corrupción no es un delito sin víctimas”, afirmó De la Espriella, antes de referirse a las consecuencias que, según explicó, tiene el desvío de recursos destinados a diferentes servicios.
El presidente mencionó específicamente los dineros destinados a alimentación escolar, educación, salud, agua potable, carreteras, hospitales y colegios. En cada uno de esos casos, sostuvo que la apropiación de recursos públicos termina afectando a ciudadanos que dependen de esos servicios.
Su argumento estuvo dirigido a cuestionar que una persona condenada por corrupción pueda posteriormente acceder a condiciones que calificó como privilegiadas durante el cumplimiento de su pena.
“Me niego a aceptar que quienes utilizaron posiciones privilegiadas dentro del Estado para saquear los recursos públicos, que son del pueblo, pretendan después convertir el cumplimiento de una condena en una estadía privilegiada”, manifestó.
“Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior”
En otro momento de su intervención, De la Espriella se refirió a los llamados “delincuentes de cuello blanco” y rechazó que puedan recibir un tratamiento diferente frente a otras personas condenadas.
“Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior”, afirmó el presidente.
El mandatario agregó que el daño causado por hechos de corrupción puede afectar a un número amplio de personas, debido a que involucra recursos que estaban destinados a programas y servicios públicos.
También señaló que antes de solicitar o gestionar privilegios para una persona condenada por corrupción se debería considerar a las personas afectadas por la pérdida de esos recursos.
En ese punto de su discurso, mencionó nuevamente a niños que pierden recursos para alimentación, estudiantes afectados por la falta de dinero para sus colegios, pacientes que requieren atención médica y comunidades que esperan obras de infraestructura o acceso a agua potable.
La instrucción hace parte de las medidas anunciadas contra la corrupción
El presidente sostuvo que la lucha contra la corrupción requiere investigaciones, condenas y recuperación del dinero que haya sido robado, pero también cuestionó que las condiciones de reclusión puedan depender del apellido, el cargo que ocupó una persona o los contactos que tenga.
“Acabar con la cultura de la corrupción exige investigaciones, condenas y recuperación del dinero robado, pero también exige terminar con la percepción de que en Colombia la cárcel depende del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan”, manifestó.
De la Espriella insistió en que la ley debe aplicarse de la misma manera y aseguró que su Gobierno no permitirá que el poder sea utilizado como mecanismo para obtener impunidad o privilegios.
“En este gobierno el poder no será un salvoconducto para la impunidad y mucho menos para los privilegios”, dijo.
No se informaron casos específicos ni el número de traslados
Durante la alocución, el presidente no mencionó los nombres de las personas privadas de la libertad que serían revisadas ni indicó cuántos casos cumplen actualmente las condiciones que motivaron la instrucción.
Tampoco entregó un cronograma para los eventuales traslados ni especificó cuáles guarniciones militares o estaciones de Policía serán incluidas en la revisión.
La instrucción anunciada se limita, según las declaraciones del propio mandatario, a revisar la situación de quienes permanecen privados de la libertad en esas instalaciones y determinar si cumplen las condiciones legales para permanecer allí.
El presidente cerró este punto de su intervención reiterando que quienes hayan cometido delitos relacionados con el manejo de recursos públicos deberán responder ante la justicia.
“La plata pública es sagrada porque es la plata de los colombianos y al que se la robe, la justicia tendrá que caerle con todo el peso de la ley sin consideración alguna”, concluyó De la Espriella en este apartado de su alocución.
