El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió al canciller Omar Bula y a la embajadora colombiana en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, que revisen la situación del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien deberá comparecer este 8 de septiembre ante un tribunal federal de Florida por una demanda civil relacionada con la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas durante la retoma del Palacio de Justicia.
En una publicación en X, De la Espriella solicitó a los diplomáticos que “evalúen el caso que enfrenta el coronel en retiro y procedan de conformidad (sic)”.
El mandatario sostuvo que el Estado debe acompañar al exmilitar si debe responder ante instancias judiciales por hechos vinculados con su actuación en las Fuerzas Militares.
“El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria (sic)”, escribió el presidente. También afirmó que la Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente después de lo que calificó como una “persecución judicial infame y mentirosa que duró años (sic)”.
De la Espriella pidió acompañamiento estatal para Plazas Vega
El jefe de Estado señaló que el proceso abierto en territorio estadounidense prolonga las controversias judiciales contra el exoficial fuera de Colombia. “Sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país (sic)”, manifestó.
De la Espriella planteó que la intervención del Estado debe evaluarse a partir de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados. “Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo (sic)”, afirmó.
El presidente dirigió el mensaje al ministro de Relaciones Exteriores y a la representante diplomática de Colombia en Washington. No precisó qué medidas espera que adopten la Cancillería o la embajada frente al trámite judicial en Florida.
En su pronunciamiento, también cuestionó los procesos contra integrantes retirados de las Fuerzas Armadas. “Los soldados de la Patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico que tanto daño les hace a las instituciones (sic)”, expresó.
De la Espriella agregó que su administración tendrá una postura distinta ante los casos judiciales que involucren a militares. “En mi gobierno, la aproximación a estos hechos no será la de dejar a su suerte a quienes portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas (sic)”, indicó.
El juicio civil está previsto para el 8 de septiembre en Florida
Plazas Vega, quien reside en Weston, Florida, fue citado a comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de ese estado por una demanda presentada en 2022 por Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain, hijas de Carlos Horacio Urán Rojas.
La acción civil busca determinar si el coronel retirado tuvo responsabilidad en la tortura y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar, en medio de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. En esas jornadas, el grupo guerrillero M-19 ocupó el Palacio de Justicia y las Fuerzas Militares realizaron la operación de retoma del edificio.
Las demandantes sostienen que Urán Rojas salió con vida de la sede judicial. Según los elementos forenses citados dentro del expediente, su cuerpo fue hallado posteriormente en el inmueble con una herida de arma de fuego a corta distancia.
El litigio en Estados Unidos no revisa de forma idéntica el proceso que cursó en Colombia. La Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega en 2015 de cargos por desaparición forzada relacionados con la retoma del Palacio de Justicia. La demanda en Florida se concentra en la eventual responsabilidad de mando que habría tenido en el caso particular del magistrado auxiliar.
El debate no se limita a establecer quién efectuó el disparo que causó la muerte de Urán Rojas. El tribunal deberá valorar si Plazas Vega tenía autoridad sobre los uniformados señalados de participar en los presuntos abusos, si conocía lo que ocurría y si tomó medidas para prevenir los hechos o investigarlos después.
Las hijas de Urán Rojas deberán acreditar que el entonces comandante de la Escuela de Caballería mantenía una relación de poder con quienes habrían sometido al magistrado a tratos crueles tras su salida del Palacio de Justicia. La demanda atribuye al exmilitar una presunta participación desde su posición de mando.
El expediente también establece que no resulta indispensable demostrar que el acusado utilizó directamente un arma. La discusión comprende si su conducta pudo haber sometido al magistrado a una ejecución extrajudicial.
Por su parte, Plazas Vega ha negado participación y responsabilidad en los hechos atribuidos por las demandantes. La audiencia prevista para este 8 de septiembre marcará una nueva etapa del proceso civil que enfrenta en Estados Unidos.
