Cuando tenía apenas 10 años, una nena se animó a contarle a su maestra los abusos sexuales que sufría cada vez que visitaba la casa de un hombre de su entorno. Ese testimonio marcó el inicio de una causa judicial en Mendoza que tardaría más de una década en llegar a una resolución definitiva.
El acusado es Carlos Alberto De Las Heras Urzi, un penitenciario que actualmente permanece detenido en la cárcel de San Felipe. Está alojado en la celda 11 del pabellón destinado a exfuncionarios y, pese a las condenas, todavía no fue exonerado del Servicio Penitenciario, revela una nota de El Sol.
El próximo 9 de este mes, De Las Heras Urzi volverá a enfrentar a un tribunal. No se trata de un nuevo juicio, sino de una audiencia de cesura en la que el Tribunal Penal Colegiado N° 1 deberá fijar una nueva pena, después de que la Suprema Corte de Justicia determinara que parte de los delitos por los que había sido condenado prescribieron.
Los abusos ocurrieron entre marzo y noviembre de 2015, en la casa del imputado, que era tío político de la víctima, en el barrio Alto Mendoza. De acuerdo con lo que se probó durante el proceso, los episodios se repitieron en varias oportunidades y también durante un viaje en auto, de acuerdo al sitio anteriormente citado.
Una causa que tuvo que empezar de nuevo
El primer juicio llegó en 2018. El 6 de julio de ese año, De Las Heras Urzi fue condenado a tres años de prisión por abuso sexual simple en modalidad continuada.
Pero el proceso no terminó allí. En noviembre de 2019, el máximo tribunal mendocino anuló aquella sentencia y la causa tuvo que atravesar nuevamente un debate oral.
El segundo debate terminó el 11 de marzo de 2022, cuando el Tribunal Penal Colegiado N° 1 volvió a declarar culpable al penitenciario y elevó la condena a cuatro años y seis meses de prisión.
La nueva sentencia contempló tres situaciones: abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda y una cantidad indeterminada de episodios de abuso sexual simple.
La defensa volvió a recurrir y el expediente llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 23 de diciembre del año pasado, el máximo tribunal hizo lugar parcialmente al planteo. La discusión se concentró en la prescripción de los hechos de abuso sexual simple, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que sucedieron.
Finalmente, el 5 de agosto, la Suprema Corte de Mendoza resolvió que esos delitos habían prescripto antes de la segunda condena. Por ese motivo, dispuso el sobreseimiento definitivo por esos hechos y ordenó adecuar la pena por el delito que permaneció firme: abuso sexual gravemente ultrajante.
El escrito que presentó la víctima
Mientras la causa continuaba atravesando instancias judiciales, la víctima, que hoy tiene 22 años, presentó un escrito ante la Corte mendocina. Lo hizo asesorada por el abogado Juan Pablo Chales, con un reclamo concreto: que después de 11 años finalmente hubiera una definición.
En su presentación recordó que la investigación había comenzado en 2015, cuando el entonces fiscal Carlos Torres, actualmente juez, tomó intervención en el caso.
La joven cuestionó especialmente el tiempo que llevó el proceso y sostuvo que la demora también significó sufrimiento.
“La dilación que ha tenido este proceso implica una revictimización y una vulneración de mi derecho a la Justicia”, escribió.
Su pedido fue que se dictara una resolución y que la condena pudiera comenzar a ejecutarse. Poco después, el expediente avanzó hacia una nueva instancia decisiva.
La pena se define el 9 de septiembre
De Las Heras Urzi fue detenido a fines de agosto y permanece alojado en San Felipe. Ahora, el 9 de septiembre, tendrá que volver a comparecer ante el Tribunal Penal Colegiado N° 1.
Esta vez no habrá un nuevo juicio sobre su culpabilidad. El tribunal deberá realizar una audiencia de cesura para establecer cuál será la nueva pena, después de que parte de los delitos fueran considerados prescriptos.
La defensa podría pedir una morigeración de la detención, como el cumplimiento de la pena bajo prisión domiciliaria. La decisión quedará en manos del tribunal.
