La Acolfutpro rechazó la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor que declaró inelegible al futbolista Yhormar David Hurtado Torres para jugar con América de Cali durante el resto de la temporada, al sostener que la medida vulnera su derecho fundamental al trabajo, desconoce el debido proceso y contradice una sentencia de la Corte Constitucional que exige proteger los derechos de los jugadores cuando se adoptan decisiones sobre su actividad profesional.
La organización identificó la resolución como la 007 de 2026 y afirmó que la sanción le impide actuar con el club caleño hasta el final del campeonato. También encuadró el caso como un nuevo episodio de restricción laboral contra un futbolista profesional en Colombia.
Según el pronunciamiento de la asociación, la determinación de la Dimayor es “arbitraria” y vuelve a tratar a los futbolistas “como si fueran esclavos”. En ese mismo texto, la entidad sostuvo que la medida desconoce por completo las garantías y libertades laborales de Hurtado.
La respuesta de Acolfutpro planteó de forma directa que la inhabilitación afecta dos garantías constitucionales: el derecho al trabajo y el derecho al debido proceso. La asociación dijo que la decisión disciplinaria vulnera ambos de manera reiterada y flagrante.
El núcleo de su reclamo es que un futbolista profesional no puede quedar impedido de ejercer su actividad por una decisión que, a su juicio, no protege de manera efectiva sus derechos fundamentales. Por eso anunció que acompañará a Hurtado en todas las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para buscar la revocatoria de la restricción.
La organización también sostuvo que las autoridades disciplinarias “vuelven a acomodar sus decisiones” en contra de su afiliado. En su interpretación, el caso muestra que las resoluciones no se están adoptando con apego al estándar constitucional aplicable a los trabajadores del fútbol.
Como respaldo jurídico, la asociación invocó la Sentencia T-464 de 2022 de la Corte Constitucional. De acuerdo con el documento citado por la propia entidad, ese fallo instó de manera expresa a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Dimayor a garantizar la eficacia de los derechos fundamentales cuando adopten decisiones que involucren a jugadores.
“Cuando adopten decisiones que involucren a los jugadores, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales”, dice el comunicado publicado por la Asociación y concluyendo que la Comisión Disciplinaria de la Dimayor ignora lo expuesto por la Corte.
El comunicado también extendió la crítica al Ministerio del Deporte, al que señaló por “absoluta inacción e indiferencia”. Según la organización, esa cartera no está cumpliendo sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los reglamentos y las decisiones de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor.
Para la asociación, esa falta de intervención permite que continúen las vulneraciones de derechos contra los futbolistas profesionales.
La normativa de la FIFA que no fue actualizada por la Federación Colombiana de Fútbol
El caso del defensor Yhormar Hurtado se abrió por su participación con tres equipos en la misma temporada: Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y América de Cali, una situación que derivó en reclamos sobre su habilitación para jugar con el club vallecaucano.
La discusión escaló cuando la periodista Nany Flórez afirmó en X que “la misma Comisión reconoce que la FCF no había actualizado adecuadamente su normativa nacional para armonizarla con los cambios realizados por FIFA”, un punto que, según ella, reorienta el análisis del caso.
Las reclamaciones se apoyan en una norma de FIFA que fija restricciones para que un futbolista actúe con más de tres equipos en una misma temporada. Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó presentaron denuncias ante la Dimayor por la presencia de Hurtado en partidos del América.
Flórez agregó que esa consideración figura en el numeral 2.12 de la decisión y que “cambia completamente el análisis sobre la responsabilidad de América de Cali”. El club sostiene que las primeras determinaciones vinculadas a los reclamos le fueron favorables.
