El Inpec identificó 14.097 llamadas originadas desde cárceles bajo su custodia y relacionadas con registros de posibles casos de extorsión, de acuerdo con un informe conocido por El Tiempo. La información hace parte de una respuesta entregada al representante a la Cámara José Octavio Cardona León, quien había solicitado detalles sobre las medidas adoptadas frente a las comunicaciones extorsivas realizadas desde establecimientos penitenciarios.
Según el documento, desde el año pasado el Instituto ha procesado, triangulado y analizado inicialmente 73.670 registros suministrados por el Gaula y por unidades de la Policía y las Fuerzas Militares encargadas de combatir la extorsión y el secuestro.
De ese conjunto, las empresas de telefonía móvil lograron identificar 14.097 llamadas que se originaron específicamente desde cárceles bajo custodia del Inpec, entidad liderada por el coronel Daniel Gutiérrez.
Más de una llamada extorsiva por hora
El mecanismo de triangulación comenzó operativamente en enero de 2025. Al tomar ese punto de partida y el corte del informe, correspondiente al 15 de julio de 2026, las 14.097 llamadas identificadas representan un promedio cercano a 25 llamadas al día, equivalente a poco más de una llamada por hora.
El Inpec precisó, no obstante, que no existen estadísticas verificables sobre la magnitud real del fenómeno. La entidad explicó que las cifras disponibles se construyen a partir de las denuncias y no permiten establecer si la extorsión carcelaria ha aumentado o disminuido.
De acuerdo con la información suministrada, las cifras podrían estar afectadas por el subregistro de casos, debido a que no todas las situaciones de extorsión necesariamente llegan a conocimiento de las autoridades.
Inpec solicitó el bloqueo de 9.967 registros
A partir de la triangulación de los registros, el Inpec informó que ha requerido formalmente a los operadores de telefonía móvil el bloqueo de 9.967 registros específicos vinculados con extorsión.
La entidad también reportó, dentro del marco del decreto que regula la restricción de comunicaciones no autorizadas en las cárceles, un acumulado de 14.668 solicitudes de bloqueo.
De ese total, 7.951 solicitudes corresponden a dispositivos identificados mediante su IMEI, mientras que las otras 6.737 corresponden a líneas telefónicas o tarjetas SIM.
El informe señala además que ETB tiene pendiente confirmar el bloqueo de solicitudes correspondientes a enero de 2026.
El Inpec reconoció igualmente que tiene capacidad de personal insuficiente para analizar y validar oportunamente los resultados de las triangulaciones, así como para expedir con rapidez los actos administrativos relacionados con los bloqueos.
Para Sindy Franco, abogada especializada en temas de seguridad, el bloqueo de equipos y líneas es una de las herramientas contempladas para enfrentar las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios.
“Esta es una de las herramientas legales más contundentes, involucrada desde el Decreto 851 de 2024, que permite la identificación de equipos o líneas de telefonía no autorizadas dentro de las cárceles. Una vez realizada la triangulación y se determine que las llamadas extorsivas se realizaron desde las cárceles, se debe notificar a los operadores para que bloqueen tanto el equipo como las líneas telefónicas”, afirmó Franco según el diario.
Más de 72.000 celulares incautados
Además de las solicitudes de bloqueo, el Inpec reportó las incautaciones de dispositivos móviles realizadas físicamente dentro de los establecimientos penitenciarios.
Durante 2025 fueron incautados 47.339 dispositivos móviles, mientras que en lo corrido de 2026 se han incautado otros 25.166. En total, la cifra asciende a 72.505 celulares.
De acuerdo con la respuesta entregada al representante Cardona León, las investigaciones y labores de control han permitido establecer diferentes formas de ingreso de estos dispositivos a las cárceles.
Entre las modalidades identificadas aparecen los lanzamientos de celulares desde el exterior de los penales, el ocultamiento de equipos en encomiendas y el ingreso durante las jornadas de visitas. El Inpec también señaló que, en casos específicos, se han detectado ingresos relacionados con conductas individuales de funcionarios.
La operación Dominó y los casos investigados
Desde el Gobierno de Gustavo Petro, el Inpec creó la denominada operación Dominó, dirigida contra actividades criminales desarrolladas desde las cárceles, principalmente aquellas relacionadas con la extorsión.
Uno de los casos mencionados en la información corresponde a Ober Ricardo Martínez, alias Negro Ober, señalado como cabecilla de ‘los Costeños’. La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos dentro de una investigación relacionada con extorsiones a comerciantes de Barranquilla, Soledad y Galapa.
Según el ente acusador, alias ‘Negro Ober’ habría intimidado a sus víctimas mediante videollamadas realizadas desde la cárcel para exigirles dinero.
Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de julio de 2025 en Soledad. De acuerdo con la Fiscalía, un comerciante fue interceptado por varios hombres cuando guardaba su vehículo cerca de un billar y posteriormente fue llevado hasta Galapa.
En ese caso, según el ente acusador, el comerciante fue comunicado mediante una videollamada con alias ‘Negro Ober’, quien le habría pedido 10 millones de pesos a cambio de devolverle el vehículo y permitirle continuar con su actividad comercial.
Operativo en Puerto Triunfo dejó 24 celulares incautados
La semana pasada también se realizó una intervención en la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia, donde el Gaula Militar y el Inpec llegaron hasta los patios 6 y 7.
Durante el procedimiento fueron incautados 24 celulares, señalados como dispositivos utilizados para realizar extorsiones desde las celdas.
Después de la intervención, las estimaciones conocidas ubicaron en aproximadamente 972 millones de pesos mensuales el dinero que podría recaudarse mediante las llamadas realizadas desde ese establecimiento.
Las comunicaciones extorsivas también han sido identificadas en cárceles de máxima seguridad como La Picota de Bogotá. Allí, la Fiscalía adelantó recientemente una investigación contra el denominado ‘pluma’ de un patio, quien habría utilizado a integrantes de su familia para obtener cerca de 4.900 millones de pesos.
Franco también señaló la importancia de los inhibidores de señal como una herramienta para combatir las comunicaciones utilizadas en estos delitos y mencionó las medidas disciplinarias que pueden adoptar el Inpec y la Procuraduría frente a posibles actuaciones de funcionarios relacionadas con estas redes.
“Es indispensable la denuncia, solo a través de ella se inicia un protocolo de investigación y de persecución contra estas redes criminales”, concluyó la abogada.
