Buenos Aires, 10 sep (EFE).- El Gobierno del presidente Javier Milei presentó nuevas denuncias penales contra cinco petroleras que operan en las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina, y amplió las acciones judiciales iniciadas previamente contra otras empresas vinculadas a proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago.
Las nuevas empresas denunciadas por no cumplir con la ley argentina que exige una autorización del país suramericano para operar en las Malvinas son Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited, Rockhopper Exploration Oil Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
Las nuevas presentaciones fueron impulsadas por el canciller argentino, Pablo Quirno, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio.
En paralelo, otro escrito amplía la denuncia que ya se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo del juez Julián Ercolini, e incorpora nuevos hechos, sociedades y personas vinculadas principalmente con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago.
En la primera denuncia penal, que fue presentada el martes, se incluyó a la empresa israelí Navitas Petroleum Limited Partnership LP, sus subsidiarias británicas Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) y Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Los escritos individualizan además a ejecutivos con responsabilidades financieras, jurídicas, técnicas, operativas y de conducción en las compañías investigadas.
El Gobierno argentino había anunciado este miércoles que ampliaría las denuncias penales y que estas no se limitarían a las sociedades, sino que alcanzarían a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hubieran intervenido en las actividades de esas empresas.
El Ejecutivo argentino señala que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina requieren autorización del país suramericano y considera que las operaciones sin ese aval vulneran la legislación nacional.
El proyecto Sea Lion está operado por Navitas Petroleum Development & Production, que posee el 65 % del emprendimiento, en alianza con la británica Rockhopper.
Ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo del proyecto, con el objetivo de comenzar a extraer petróleo en 2028.
Por su parte, NAPL firmó en febrero pasado un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion.
En tanto, Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd cerró en mayo pasado un acuerdo para comprar JHI.
Además de las denuncias penales, en los últimos días el Gobierno argentino ha abierto procedimientos administrativos con vistas a sancionar a 60 empresas y accionistas involucrados en operaciones petroleras en Malvinas. EFE
