La Policía Nacional de Colombia desarticuló el 10 de septiembre de 2026 una estructura vinculada al Clan del Golfo dedicada al tráfico de cocaína y lavado de activos, mediante la Mega Operación Imperium, que dejó 10 personas capturadas.
Una de estas personas es solicitada en extradición por Estados Unidos. Además, durante la operación, la Fiscalía y la Policía aplicaron la extinción del derecho de dominio sobre 39 propiedades asociadas a la organización, afectando directamente su patrimonio. El valor de estos inmuebles se estimó en 12 millones de dólares
Las actividades de la organización abarcaban Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, señaló en declaraciones a medios de comunicación el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe nacional del servicio de Policía.
La investigación identificó a Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, como presunto cabecilla de la red desarticulada.
Según lo que explicó el vocero de la institución, Mejía Úsuga lideraba la estructura Juan de Dios Úsuga vinculada al Clan del Golfo y coordinaba actividades para el tráfico transnacional de cocaína y la gestión de recursos de origen ilícito.
Así movían millonadas desde Colombia a Irán: el papel clave de EE. UU. y su Lista OFAC
Uno de los mecanismos detectados por los investigadores consistía en el uso de billeteras virtuales y criptoactivos.
De acuerdo con la Policía, la organización realizó transferencias hacia una plataforma de intercambio de criptomonedas en la República Islámica de Irán mediante cuentas reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de activos.
El seguimiento permitió identificar el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, que eran almacenados en billeteras frías para dificultar su rastreo.
En Colombia, la red habría ejecutado operaciones de alrededor de 2,3 billones de pesos, distribuidas en cerca de 2.000 transacciones internacionales. Estas operaciones utilizaron distintas vías para ingresar y movilizar recursos ilícitos en el sistema financiero nacional.
La organización también habría canalizado sumas de dinero procedentes de Estados Unidos a través de empresas legalmente constituidas, con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a los recursos del narcotráfico y facilitar su ingreso al sistema económico colombiano.
Las pesquisas establecieron además que la estructura operaba en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, donde empleaba recursos humanos y logísticos para facilitar el tráfico transnacional de cocaína mediante el acceso y manipulación de los procesos portuarios.
Los hoy detenidos enfrentan imputaciones por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a las actuaciones judiciales vigentes.
Sobre el resultado, el brigadier general William Castaño Ramos agregó que “el seguimiento a los recursos ilícitos y la cooperación internacional nos permitieron identificar importantes movimientos de dinero y afectar bienes utilizados para sostener estas actividades criminales”.
