Una fila de personas adultas mayores salvadoreñas espera pacientemente frente a una ventanilla donde se gestionan los pagos de pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, advirtió que una eventual reforma de pensiones en El Salvador podría implicar cambios en la edad de jubilación, los años mínimos de aportes y el porcentaje del salario que se destina al sistema.

En una entrevista en el programa Diana Verónica y Tony, sostuvo que las decisiones que adopte el Gobierno tendrán impacto directo en los trabajadores, las empresas y las personas ya pensionadas.

La discusión surge después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalara que el país prevé una reforma paramétrica para 2027 dentro de un programa financiero de USD 1,400 millones. Pineda explicó que ese concepto alude a modificaciones de las reglas que determinan cómo se financian y pagan las pensiones.

Pineda señaló que las reformas de este tipo suelen concentrarse en tres puntos:

  • La edad de retiro, que actualmente es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres.
  • El tiempo mínimo de cotización, fijado en 25 años
  • La tasa de cotización, es decir, el porcentaje del salario que aportan trabajadores y empleadores.
Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, brindó un análisis sobre los posibles cambios que podría incluir una reforma al sistema previsional de El Salvador (Cortesía: Dina Verónica y Tony).

A juicio del especialista, el debate no debería limitarse a esas variables. Explicó que el sistema también depende de la administración de los fondos, la rentabilidad de las inversiones, las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la evolución de los salarios, la cantidad de personas que cotizan y la transparencia en el uso de los recursos.

Actualmente, la cotización total equivale al 16% del salario. De ese porcentaje, el trabajador aporta 7.25% y el empleador, 8.75%. Según explicó Pineda, nueve puntos van a la cuenta individual del afiliado, seis puntos se destinan a la Cuenta de Garantía Solidaria y un punto corresponde a la comisión de administración de las AFP.

El dirigente sostuvo que, si el Estado intentara resolver los problemas financieros del sistema solo con un aumento de los aportes, la tasa tendría que subir hasta cerca del 20%. Esa decisión podría elevar el costo de las planillas para las empresas o reducir el ingreso disponible de los trabajadores si una parte del aumento recayera sobre ellos.

Pineda planteó que elevar la edad de retiro debe aplicarse de forma gradual

Uno de los cambios que más preocupación genera con la nueva reforma es un posible aumento de la edad de jubilación. Pineda estimó que una subida de cinco años permitiría que las mujeres se retiren a los 60 años y los hombres a los 65. Bajo esa hipótesis, los afiliados aportarían durante más tiempo y el sistema demoraría más en pagar las pensiones.

El representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna afirmó que una medida de ese tipo podría tener justificación por el envejecimiento de la población, aunque pidió que se aplique de manera gradual. Su propuesta es aumentar un año cada tres o cinco años y excluir a quienes estén cerca de cumplir la edad de retiro vigente.

Una balanza que contrapone los recursos de El Salvador frente a las condiciones del Fondo Monetario Internacional ilustra el desafío de su sostenibilidad financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También remarcó que muchas personas no cotizan de forma continua durante 25 años. La informalidad, el desempleo y los períodos sin trabajo dificultan que los salvadoreños cumplan los requisitos para obtener una pensión mensual. Quienes no alcanzan el tiempo mínimo de aportes pueden retirar el saldo acumulado al llegar a la edad establecida por la ley, según explicó durante la entrevista.

Pineda consideró poco probable que regrese un mecanismo de retiro anticipado de fondos, como el que existió en años anteriores. No obstante, planteó que podría evaluarse una opción para personas desempleadas o con problemas de salud, siempre bajo condiciones justificadas.

Sobre las personas que ya reciben una pensión, sostuvo que existe incertidumbre ante la posibilidad de cambios. En ese sentido, aseguró que una reforma orientada a reducir la carga fiscal no supondría, en principio, un aumento de las pensiones. Mencionó que el FMI propone revisar las tasas de reemplazo, el indicador que compara el monto de la jubilación con el último salario del trabajador.