La nueva cúpula militar recibió, según el concepto del exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, un país con la seguridad deteriorada y un desafío que excede las capturas: entre ellas el recuperar el control del territorio, reconstruir la inteligencia y, del mismo modo, frenar el avance de organizaciones criminales que ampliaron su presencia, sus economías ilícitas y su capacidad de intimidación en las zonas rurales y también en las ciudades.
En su columna publicada el domingo 30 de agosto en El Heraldo, Barbosa sostuvo que el problema ya no se limita a los escenarios donde históricamente operaron guerrillas, disidencias y redes del narcotráfico. Desde su análisis, el exjefe del órgano judicial afirmó que la criminalidad también se instaló en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales, con fenómenos de extorsión, microtráfico, secuestro, homicidio y control barrial.
El exfiscal atribuyó parte de ese deterioro a la política de Paz total, impulsada por el hoy expresidente Gustavo Petro y que empezó a ser desmontada por la administración de Abelardo de la Espriella, al no encontrar hechos verificables en las negociaciones. Para Barbosa, esa estrategia “terminó privilegiando el delito”, al permitir durante demasiado tiempo la expansión y el fortalecimiento de organizaciones criminales junto con sus economías ilegales.
En ese sentido, Barbosa planteó que la disyuntiva para la nueva cúpula es directa: garantizar la seguridad y los derechos ciudadanos o permitir que el crimen organizado siga erosionando el Estado social de derecho. Y dejó en claro su tesis: que la crisis actual no se resolverá con resultados operacionales aislados, sino con una respuesta estatal coordinada y sostenida de la institucionalidad, que parece, según él, cambiado el chip con el nuevo Gobierno.
El control territorial ya no es solo rural: se disputa también en las capitales
En su escrito, enfatizó que el primer desafío es el dominio efectivo del territorio, pues pensar el problema solo desde la ruralidad ya no alcanza para describir el mapa de la amenaza. “La criminalidad se instaló también en las principales ciudades del país”, remarcó. A partir de ese postulado, sostuvo que el objetivo no puede reducirse a recuperar zonas apartadas, porque debe impedir que el crimen consolide espacios de control en las urbes.
Esa hipótesis modificaría el eje de la discusión sobre seguridad. La presión de las estructuras ilegales, según detalló en su columna en el citado medio, se expresa en delitos cotidianos y en el control de barrios, en los que el miedo funciona como fuente de poder y financiación; un aspecto en el que tendrá que ponerle especial atención la administración de De la Espriella, que en sus primeros días le “declaró la guerra” a las estructuras armadas.
Por su parte, el segundo reto que expuso es la inteligencia. Barbosa afirmó que no existe una política seria de seguridad sin información oportuna y de calidad, y reclamó que la inteligencia militar y policial se complemente con la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entidades que combaten el lavado de activos, la evasión y el contrabando.
En esa línea, el extitular del ente acusador advirtió que las organizaciones delincuenciales contemporáneas no se agotan en hombres armados. Según escribió, mueven dinero, lavan activos, usan empresas, manejan rutas y establecen conexiones internacionales. “Concentrarse exclusivamente en capturar integrantes y olvidar sus redes financieras y logísticas significa combatir apenas una parte del problema”, reiteró el exfiscal en su escrito.
La coordinación entre fuerza pública, Fiscalía como condición operativa
Entretanto, el tercer eje de su análisis fue la articulación institucional, y con ello sostuvo que el Ejército, la Fuerza Áerea, la Armada, la Policía, la Fiscalía, la Uiaf, la Dian y los organismos de inteligencia no pueden funcionar como compartimentos separados.
Para él, es necesario que se dé una cadena de acciones enlazadas: con operaciones que se nutran de información financiera, una captura debe conducir a la identificación de la red que sostiene al detenido y una investigación judicial debe permitir establecer quién financia, transporta y protege a la organización. Con ello, también reclamó capacidad de itinerancia frente a un delito que, según describió, no reconoce fronteras departamentales.
En su lectura, los grupos criminales se desplazan entre regiones y utilizan corredores que conectan centros de producción, ciudades, puertos y fronteras, por lo que la respuesta estatal debe seguir esas rutas completas. E hizo énfasis en la coordinación entre defensa y justicia como un requisito de eficacia, pues señaló que la acción de la fuerza pública pierde efecto cuando un cabecilla capturado continúa dirigiendo su organización desde una cárcel.
Barbosa destacó el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos e Israel
Por último, el exfiscal añadió que esa estrategia enfrenta una restricción material: los recursos. Teniendo en cuenta lo que sería esta limitantes, señaló que los helicópteros necesitan mantenimiento, las aeronaves combustible, los soldados y policías movilidad, y la inteligencia tecnología; justo en el momento en el que, de acuerdo con el balance del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, Colombia afronta una crisis fiscal sin precedentes.
Su conclusión fue que “no se puede exigir una fuerza pública ofensiva con un presupuesto defensivo”. A partir de ahí, planteó que si el Gobierno quiere aumentar el ritmo operacional y mantener presencia efectiva en las zonas críticas, deberá convertir la seguridad en una prioridad presupuestal. De este modo, escribió que el restablecimiento de relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel adquiere una importancia especial.
¿Por qué? Barbosa expuso sus motivos por los que estos dos aliados estratégicos le permitirán a las FF. MM. para acceder a cooperación en tecnología, entrenamiento, capacidades aéreas, ciberseguridad y persecución de economías ilícitas. Según precisó, esa cooperación no sustituye las responsabilidades nacionales; y la definió como un complemento para capacidades que Colombia no puede desarrollar de inmediato con recursos propios.
