El Gobierno de Bolivia renovó tres viceministerios dependientes del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en medio de los reclamos por la escasez de combustible y de un decreto que duplica el precio del diésel para los “grandes consumidores”.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, posesionó el martes a Tatiana Genuzio Patzi como viceministra de Hidrocarburos; a José Eduardo Ustariz Márquez como viceministro de Planificación y Desarrollo Energético; y a Luis Eduardo Osorio Calderón como viceministro de Recursos Evaporíticos y Tecnologías Energéticas Emergentes. Las designaciones fueron establecidas mediante la Resolución Suprema 32438, firmada por el presidente Rodrigo Paz.
El relevo de autoridades ocurre después de que sectores productivos anunciaran movilizaciones contra el Decreto Supremo 5676, aprobado el 17 de agosto, que estableció un precio de 18 bolivianos (equivalente a 1,5 dólares) por litro de diésel para los llamados grandes consumidores, entre ellos agroindustriales y productores. Para usuarios particulares y transportistas, el carburante mantiene un precio subvencionado de 9,80 bolivianos por litro.
El Ejecutivo sostiene que la medida busca garantizar el abastecimiento y reducir el contrabando de combustibles, y ha descartado revertir la norma. El presidente Paz explicó que mantener la subvención para todos los consumidores afectaría la capacidad del Estado para financiar obras públicas.
“El precio es el que es porque es un precio internacional, no lo ponemos nosotros”, justificó el primer mandatario y señaló que mantener la subvención reduciría la liquidez para ejecutar obras que les den a las familias “una vida más digna”. “A veces hay que tomar decisiones complejas para tener un mejor futuro”, agregó.
La norma también es parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares. La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que el crédito internacional “viene atado a muchos otros elementos que han sido decisiones complejas que se han tenido que tomar, poco populares y para nada gratas”.
A pesar de estas justificaciones, los reclamos por el alza en el precio y la persistente escasez han desatado protestas de varios sectores. Productores de tres municipios de Santa Cruz -Cuatro Cañadas, San Julián y Yapacaní- instalaron bloqueos de carreteras que interrumpen la circulación entre los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba. “Si no hay respuestas, esto se va a masificar”, advirtió uno de los productores que participa en un bloqueo, según declaraciones recogidas por el portal Visión 360.
Las manifestaciones se producen pese a la vigencia del estado de excepción que restringe los bloqueos de carreteras y faculta a la Policía y las Fuerzas Armadas a intervenir para garantizar la circulación. La semana pasada, fuerzas de seguridad participaron en el despeje de un bloqueo en la carretera Santa Cruz-Beni, aunque posteriormente la protesta se reactivó.
En paralelo, el Comité Cívico de Santa Cruz —organismo que aglutina a varias instituciones y que ha asumido un rol de oposición a los gobiernos anteriores del Movimiento Al Socialismo (MAS)— también se ha sumado al rechazo al decreto y ha convocado para el 9 de septiembre una asamblea general en la que definirán medidas y presentarán al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de combustibles.
Mientras se desarrollan estas manifestaciones, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ha planteado iniciativas para garantizar el abastecimiento en su departamento, la principal región agrícola del país. La propuesta consiste en articular, a través de la Gobernación, a proveedores internacionales con privados para ampliar el suministro, aumentar los volúmenes de importación y dar mayor estabilidad a los precios.
