Un juez de la corte suprema de Brasil reintegró este miércoles al director de la Policía Federal, suspendido el martes por un colega, en medio de una crisis inédita desatada en el máximo tribunal a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.
Desatado por una investigación sobre un enorme esquema de fraude, el pulso en la corte toca de lleno la campaña para octubre, cuando el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección ante el derechista Flávio Bolsonaro.
Lula pidió este miércoles transparencia para acabar con filtraciones que dijo buscan un impacto electoral.
Los jueces enfrentados fueron ambos ministros de Justicia, uno de Lula y otro de Jair Bolsonaro, padre del postulante presidencial.
¿Qué está pasando en la corte?
El magistrado Flávio Dino ordenó que el jefe policial Andrei Rodrigues vuelva a sus funciones contra una decisión de su colega André Mendonça, quien lo suspendió luego de acusar a la Policía Federal (PF) de haberlo espiado ilegalmente.
Rodrigues volvió este miércoles a trabajar en la sede policial en Brasilia, dijo la asesoría de prensa de la institución.
Tras la decisión de Dino, el presidente de la corte suspendió este miércoles el plenario que los jueces celebran semanalmente, una medida infrecuente según dijo una fuente del tribunal.
La crisis en la corte estalló la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes del banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido a otro juez del máximo tribunal, Alexandre de Moraes.
Vorcaro pedía ayuda para eludir una investigación que poco después llevó a su arresto en noviembre, por sospechas de un multimillonario desfalco financiero que resultaría en la liquidación de su banco Master.
Cruce de acusaciones
El juez Moraes condujo el juicio que el año pasado llevó a la cárcel al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio, por un intento de golpe de Estado en 2022.
Los mensajes de Vorcaro se divulgaron por orden de Mendonça, exministro de Justicia de Bolsonaro y designado en la corte por el exmandatario.
A partir de entonces se sucedieron decisiones hostiles entre los jueces.
En base a informes secretos de inteligencia policial, Moraes denunció a su colega por abuso de autoridad al apuntar en su contra.
Mendonça acusó el martes a la Policía Federal de espionaje ilegal y ordenó la suspensión preventiva de su director general.
Pero apenas un día más tarde, Flavio Dino, exministro de Justicia de Lula, ordenó que el presidente restituya a Rodrigues en sus funciones.
En su decisión, el juez adujo que la “medida inédita en la historia de la corporación” de Mendonça puede “paralizar investigaciones y los trabajos policiales” en casos bajo su órbita.
La orden de Dino corre en paralelo a un recurso de la Procuraduría General de la Unión para que el presidente de la corte, Edson Fachin, reincorpore definitivamente a Rodrigues.
“Filtraciones selectivas”
Lula pidió en X levantar el secreto de sumario de “las investigaciones de todos los involucrados en el caso Master, sea quien fuere”, para terminar con “filtraciones selectivas que impactan la disputa electoral”.
Tras respaldar la suspensión de Rodrigues, Flávio Bolsonaro dijo en un acto de campaña en Juiz de Fora (sureste) que Dino “dio un plumazo (...) intentando interferir en un proceso judicial” y que Lula “quiere ganar” fuera de las urnas.
El bolsonarismo también se vio sacudido por el caso Master.
La policía investiga giros millonarios solicitados por Flávio Bolsonaro a Vorcaro que, según el candidato derechista, se usarían para pagar una película biográfica sobre su padre.
El caso Master es un expediente “tóxico”, dijo una fuente del tribunal supremo, ya que la policía presume que el banquero “puso dinero en varios lugares para luego cobrarse favores”.
Unas tres mil entidades empresariales brasileñas divulgaron este miércoles un manifiesto a la nación en el que alertaron sobre una “crisis institucional de extrema gravedad” cuyo “epicentro” es la corte.
“Si la legitimidad (de los jueces) es cuestionada, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social”, señalaron.
(Con información de AFP)
