La Unión Europea financia la construcción de dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal, uno en Dakar y otro en la región de Saint-Louis, destinados a las personas rescatadas o interceptadas en el mar. La Comisión Europea sostiene que las instalaciones servirán para la recepción, la asistencia, el registro y la derivación de quienes desembarquen en territorio senegalés tras un rescate marítimo. “La UE apoya la creación de dos centros de acogida temporal en Senegal, en Dakar y en la región de Saint-Louis, para asistir a los migrantes tras su desembarco en territorio senegalés”, indicó la Comisión Europea en respuesta a una solicitud de información de Infobae España.
La estancia ordinaria prevista será de 72 horas, con posibilidad de prórroga en situaciones excepcionales de salud, protección o vulnerabilidad, siempre autorizada por las autoridades senegalesas. Bruselas asegura que los centros “no estarán vinculados a procedimientos de retorno”, por lo que, según su propia explicación, no funcionarían como alojamiento permanente ni como espacios para ejecutar expulsiones o repatriaciones.
La iniciativa se integra en una Asociación Operativa Conjunta desarrollada por CIVIPOL, la empresa pública de cooperación del Ministerio del Interior francés, y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), con un presupuesto de 35,75 millones de euros. La Comisión señala que el proyecto responde a una petición de las autoridades senegalesas, interesadas en contar con un mecanismo nacional que ordene la acogida y derivación de las personas rescatadas.
Senegal se hará cargo de la gestión y el marco jurídico de los centros
El diseño, el marco jurídico y la gestión de las instalaciones corresponderán en exclusiva a las autoridades de Senegal, según precisó la Comisión Europea, que no intervendrá en el funcionamiento cotidiano de los centros. Las organizaciones internacionales y las entidades de la sociedad civil podrán prestar servicios especializados, siempre bajo coordinación senegalesa.
El proyecto contempla atención específica para menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas enfermas o heridas, posibles víctimas de trata y quienes puedan necesitar protección internacional, todos ellos derivados a los servicios correspondientes. A principios de 2026, Bruselas firmó además un contrato con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Senegal, identificada como tercero independiente, con el fin de garantizar que la gestión de los centros respete los derechos humanos.
Las obras en Dakar ya empezaron, Saint-Louis está a la espera
Las obras del centro de Dakar están en marcha desde principios de 2026, según la Comisión Europea, mientras que los trabajos en Saint-Louis comenzarán “muy pronto”. Según publica Africa Intelligence, el centro de Dakar podría entrar en funcionamiento antes de que acabe 2026, y el de Saint-Louis se prevé para 2027.
Estos centros forman parte de negociaciones más amplias entre Dakar y Bruselas sobre migración, inversiones y seguridad. En ese marco, los comisarios europeos Jozef Síkela y Magnus Brunner se reunieron en marzo con el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye. Según Africa Intelligence, ambas partes trabajan desde entonces en un borrador de declaración conjunta sobre esa asociación.
Los centros se financian con cargo al Programa Operativo Conjunto II (POC II), el mismo mecanismo que costeó en marzo la entrega de patrulleras y otras embarcaciones a la Policía y la Gendarmería senegalesas, dentro de las operaciones europeas contra el tráfico de personas. Lanzado en diciembre de 2023 y con vigencia hasta 2028, el POC II contempla también la construcción de puestos fronterizos y el refuerzo de unidades de vigilancia.
La primera fase del programa se centró en las redes de tráfico de migrantes y trata de personas; la segunda añade la lucha contra el terrorismo, según documentos de la Comisión Europea citados por Statewatch. En octubre de 2024, la entonces comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, anunció un refuerzo de 30 millones de euros para Senegal, canalizado en buena parte a través del POC II.
Los fondos proceden del Mecanismo Flexible para la Migración y el Desplazamiento Forzado en África Subsahariana, dotado con cerca de 80.000 millones de euros a escala global. El POC II está ejecutado por CIVIPOL y la FIIAPP y cuenta entre sus socios institucionales con la Policía Nacional, la Gendarmería, Aduanas y el Ministerio de Justicia senegaleses.
La cooperación entre Dakar y Bruselas incluye además la lucha contra la pesca ilegal, el impulso a la inversión europea a través del programa Global Gateway, que ya movilizó unos 1.300 millones de euros en el país, y la ampliación del Tren Expreso Regional financiada junto con la Agencia Francesa de Desarrollo.
El antecedente mauritano: otro POC europeo con participación de la FIAP
Los centros previstos en Senegal se insertan en una red de Programas Operativos Conjuntos (POC) financiados por la Unión Europea en África Occidental para reforzar la cooperación policial, la gestión de fronteras y la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas. El POC II Senegal y el POC Mauritania son proyectos distintos, sujetos a las autoridades de cada país, pero ambos cuentan con participación de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), denominada hasta marzo de 2025 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
El POC Mauritania, financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África y ejecutado con participación de la entonces FIIAPP, incluyó la rehabilitación de dos Centros de Acogida Temporal de Extranjeros en Nuakchot y Nuadibú. El proyecto tuvo un presupuesto global de 4,5 millones de euros y finalizó el 30 de septiembre de 2025, según la FIAP. La UE presenta ambos recintos como centros de acogida temporal para personas desembarcadas tras rescates o interceptaciones marítimas. La estancia máxima prevista también es de 72 horas, durante las cuales las autoridades deben identificar a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de trata o posibles solicitantes de protección internacional.
Investigaciones de El Salto, la Fundación porCausa y El Español cuestionan esa definición. El Español los describe como espacios de privación de libertad bajo tutela española en un país tercero. Fuentes citadas por ese medio sostienen que agentes de la Policía Nacional española acuden a ambos centros para tomar huellas, fotografías y otros datos de identificación de las personas retenidas, en actuaciones vinculadas con investigaciones sobre redes de inmigración irregular, en particular a través de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).
El 27 de agosto de 2025, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe de 142 páginas basado en 223 entrevistas, en el que documentó abusos contra 78 personas. La organización atribuyó a fuerzas de seguridad mauritanas casos de tortura, violación y otras agresiones, arrestos y detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de reclusión, trato racista y expulsiones sumarias o colectivas. La investigación de porCausa, por su parte, indica que, a diferencia de la normativa española, las instalaciones mauritanas contemplan la retención de menores, incluidos bebés lactantes.
Existen similitudes formales entre los centros proyectados en Senegal y los ya abiertos en Mauritania: financiación europea, participación de organismos públicos franceses y españoles, vinculación con Programas Operativos Conjuntos y una estancia inicial de hasta 72 horas. No permiten anticipar, sin embargo, cómo funcionarán las instalaciones senegalesas cuando entren en servicio.
