El 5 de septiembre de 2026, la Cancillería de Colombia pidió a Rusia y Ucrania que dejen de vincular ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas, en una señal de alarma diplomática que combina asistencia consular, denuncias por ofertas engañosas y medidas preventivas sobre la participación de connacionales en la guerra.
En un comunicado, la cartera liderada por Omar Bula informó que, hasta septiembre de 2026, registra 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y 890 en la Federación de Rusia, un volumen que expone la dimensión del problema más allá de los casos individuales.
Esas solicitudes abarcan ciudadanos fallecidos cuyos restos fueron repatriados o sepultados en el exterior por decisión de sus familias, casos aún en proceso de repatriación, connacionales declarados desaparecidos en combate por las autoridades competentes, personas reportadas como desaparecidas por sus allegados sin confirmación oficial y ciudadanos detenidos, tanto en expedientes confirmados como en reportes familiares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Colombia “no apoya, incentiva ni autoriza” la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales y señaló que su respuesta incluye acciones diplomáticas, consulares y preventivas para quienes estén en situación de vulnerabilidad o vean comprometida su integridad, seguridad o el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La exigencia a Rusia y Ucrania incluye frenar contrataciones y facilitar retornos
La Cancillería no solo reclamó el cese de toda vinculación de colombianos a las fuerzas armadas de ambos países. También exhortó a los Estados involucrados a detener la contratación de ciudadanos colombianos para prestar servicios militares en el exterior y a facilitar el regreso de quienes estén incorporados.
De esta manera, planteó una doble tensión: por un lado, la necesidad de asistir a connacionales atrapados por el conflicto; por otro, el intento de frenar nuevas incorporaciones en un escenario que el Gobierno colombiano dice no respaldar ni autorizar.
La advertencia oficial también responde a las consecuencias que detecta el servicio exterior. El escrito menciona muertes, desapariciones, detenciones y procesos de repatriación como parte de los hechos que motivan la intervención estatal.
La Cancillería reportó 21 oficios a la Fiscalía por denuncias y testimonios
Uno de los puntos más concretos del pronunciamiento es la referencia a redes de captación. La Cancillería dijo que identificó denuncias y testimonios sobre personas naturales y jurídicas que presuntamente difunden ofertas laborales engañosas y facilitan el traslado de colombianos hacia territorios involucrados en el conflicto.
A partir de esa información, el ministerio indicó que remitió 21 oficios a la Fiscalía General de la Nación y a su Dirección de Asuntos Internacionales para contribuir a las investigaciones correspondientes.
La declaración oficial ubica esas gestiones como parte de una respuesta paralela a la asistencia consular. El foco no está solo en atender emergencias de quienes salieron del país, sino también en aportar insumos a pesquisas sobre posibles mecanismos de reclutamiento o intermediación.
El Gobierno activó controles en pasaportes y capacitaciones territoriales
Entre las medidas de prevención, la Cancillería informó que construyó un protocolo de atención preventiva en las sedes de expedición de pasaportes para identificar usuarios que manifiesten su intención de viajar a territorios extranjeros con el propósito de prestar servicio militar en conflictos internacionales.
Ese procedimiento fue socializado con las coordinaciones de pasaportes en Bogotá, las gobernaciones departamentales y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con el objetivo de reforzar la capacidad de sensibilización y prevención en los distintos puntos de atención.
El ministerio también diseñó una campaña para advertir a los ciudadanos sobre los riesgos de viajar al exterior para suscribir contratos de prestación de servicios militares y sobre las consecuencias graves de participar en escenarios de guerra.
La estrategia oficial incluye además capacitación al Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior y a comités territoriales sobre el contexto del fenómeno, las solicitudes de asistencia consular registradas y las posibilidades y limitaciones de la actuación consular.
La Cancillería cerró el pronunciamiento con un llamado directo a los colombianos para que no se involucren en conflictos armados internacionales y para que evalúen con cuidado los riesgos y consecuencias de aceptar ofertas vinculadas con la prestación de servicios militares en el exterior.
