A 34 años de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que redefinió parte de la frontera entre Honduras y El Salvador, el Gobierno de Nasry Asfura intenta convertir una victoria territorial histórica en algo más tangible para quienes viven en esas comunidades: presencia efectiva del Estado.
El mandatario llegó a Palo Blanco y Nahuaterique, en La Paz, acompañado por funcionarios de distintas instituciones, con la intención de llevar servicios públicos y anunciar proyectos para municipios fronterizos.
La estrategia parte de una idea sencilla: la soberanía no termina cuando se coloca un límite en un mapa. También requiere que los habitantes tengan carreteras, documentos de identidad, salud, educación, seguridad, comunicaciones y oportunidades productivas.
Nahuaterique, una frontera definida en 1992
La Corte Internacional de Justicia resolvió en septiembre de 1992 una prolongada controversia territorial entre Honduras y El Salvador y adjudicó a Honduras diferentes sectores disputados.
Entre ellos quedó Nahuaterique, una zona cuya historia posterior estuvo marcada por dificultades de integración administrativa y social.
El fallo resolvió jurídicamente a qué país pertenecía el territorio, pero no eliminó automáticamente los problemas derivados de décadas de aislamiento, vínculos familiares a ambos lados de la frontera y limitada presencia institucional.
Ese es precisamente el problema que el Gobierno intenta ahora colocar nuevamente en agenda.
Carreteras para conectar territorios que durante años estuvieron aislados
Asfura anunció la apertura de nuevos tramos carreteros en Cabañas y Santa Elena, además de maquinaria para las municipalidades.
Las obras tienen una dimensión económica, pero también estratégica.
Una carretera permite movilizar productos agrícolas y acceder más rápidamente a hospitales o centros educativos. Pero en una zona fronteriza también facilita que las instituciones hondureñas puedan mantener presencia continua y no únicamente llegar mediante jornadas temporales.
El Ejecutivo también contempla acciones de salud, migración e identificación mediante instituciones como el Registro Nacional de las Personas.
Otro anuncio es la ampliación de la cobertura de telefonía móvil.
En áreas fronterizas aisladas, la conectividad tiene una importancia que va más allá de poder realizar una llamada.
Permite realizar trámites, acceder a información, comunicarse ante emergencias y conectar a productores con mercados.
Por eso, la integración territorial actualmente depende tanto de una carretera como de una señal telefónica.
El Gobierno también deberá enfrentar otro problema inmediato: la sequía.
Muchas comunidades de la zona dependen directamente de la agricultura y cualquier reducción prolongada de las lluvias afecta cultivos, disponibilidad de agua e ingresos familiares.
Asfura aseguró que mantendrá apoyo al sector agrícola y reconoció además que el incremento internacional de los combustibles añade presión sobre transporte y producción.
Eso significa que las inversiones fronterizas tendrán que competir por recursos con otros desafíos nacionales mientras el Ejecutivo prepara el Presupuesto 2027.
De controlar el territorio a integrarlo
Durante décadas, hablar de estas zonas significó principalmente hablar de límites, litigios y soberanía.
El planteamiento gubernamental intenta cambiar el enfoque hacia servicios públicos y desarrollo. Pero allí estará también la prueba.
Una visita presidencial y la entrega de maquinaria pueden iniciar el proceso, pero la integración efectiva dependerá de que las instituciones permanezcan después de que termine el acto oficial.
Porque 34 años después del fallo de La Haya, la principal pregunta ya no es si Nahuaterique pertenece a Honduras.
Eso está jurídicamente definido.
La pregunta es qué tan hondureño se siente un territorio cuando sus habitantes deben recorrer grandes distancias para encontrar los servicios básicos del propio Estado.
