La Fiscalía General de la Nación rechazó el martes 1 de septiembre la petición de la defensa del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez para aplazar la indagatoria en el caso que reúne, según se ha conocido, las masacres de El Aro y La Granja, el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la hacienda Guacharacas.
La decisión del ente acusador dejó en pie una diligencia clave dentro de la investigación formal que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. En consecuencia, la misma se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre, jornada en la que el exmandatario tendrá que comparecer para que entregue su versión sobre estos hechos.
El caso no se limita a los dos ataques en Ituango, ocurridos en 1996 y 1997, cuando él era gobernador de Antioquia. El expediente también incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en febrero de 1998, después de que denunciara la complicidad estatal en La Granja y alertara sobre lo ocurrido en El Aro a manos de las autodefensas, que tenían presencia en la zona.
La investigación examina la presunta responsabilidad de Uribe por omisión o como determinador de crímenes cometidos por paramilitares en Antioquia cuando era el mandatario seccional. Por ello, el exjefe de Estado fue citado en esta causa judicial, en medio de los intentos de la defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, de mover la fecha de la diligencia que forma parte del proceso en contra del expresidente.
¿Por qué se investiga a Álvaro Uribe?
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996. Según el expediente, un grupo paramilitar asesinó a cinco campesinos en ese corregimiento; mientras que la del El Aro ocurrió entre el 22 y el 29 de octubre de 1997. Allí, los paramilitares torturaron y asesinaron a 17 personas, quemaron viviendas y robaron ganado, en medio de señalamientos por presunta pasividad u omisión de la fuerza pública en esta población de Ituango.
A esos dos hechos se suma el crimen de Jesús María Valle: el abogado había denunciado la complicidad estatal en La Granja y advirtió sobre El Aro antes de ser asesinado en Medellín, ya cuando Uribe Vélez había dejado de ser gobernador de Antioquia. A estos casos se suma la presunta conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas, adquirida en 1977 por el padre del expresidente.
En la investigación han aparecido versiones de exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, que según se confirmó será entrevistado en este proceso. Los testimonios han apuntado a una presunta aquiescencia o coordinación entre autoridades regionales y grupos armados ilegales; por ello, con base en esa línea, la Fiscalía avanzó hacia el llamado a indagatoria del expresidente, que afronta así nuevos señalamientos.
Defensa negó los señalamientos y cuestionó el trasfondo del proceso
Por su parte, el equipo legal que lidera la defensa de Uribe Vélez ha sostenido que no existen pruebas reales o directas que comprometan al exmandatario y que los testimonios de exparamilitares carecen de veracidad. En ese sentido, el expresidente también dio una lectura de las actuaciones judiciales recientes, pues en su concepto se tratarían de movimientos con trasfondo político en momentos electorales o de alta polarización.
En paralelo, es válido destacar que el caso ha estado rodeado de una disputa de competencia sobre la autoridad que debe llevar el expediente. En ese debate se ha planteado si la causa debe seguir en la Fiscalía General de la Nación o pasar a instancias de control político como la Comisión de Acusaciones de la Cámara, teniendo en cuenta el fuero presidencial del político; en una disputa que dirimirá la Corte Constitucional.
