Madrid, 4 sep (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización asentada en Granollers (Barcelona) dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen latinoamericano en varios prostíbulos, en una operación en la que ha detenido a catorce personas, ha liberado a dos mujeres y ha identificado a otras diecisiete víctimas.
La operación se ha saldado con cinco detenidos en Granollers, cuatro en Barcelona, tres en la localidad barcelonesa de La Roca del Vallès, uno en Madrid y otro en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Dirección General de la Policía.
Los arrestos son fruto de varios meses de investigación en la que los agentes consiguieron identificar a los integrantes de la organización, determinar sus funciones y localizar cuatro pisos de prostitución y un local de alterne gestionados por el entramado y que culminó con once registros en Granollers, la localidad barcelonesa de Santa María de Palautordera y Barcelona.
Los agentes han intervenido 96.590 euros en efectivo, 120 gramos de cocaína, nueve de tusi, 173 blísteres de medicamentos para la disfunción eréctil, cuatro vehículos, una motocicleta, diversos terminales telefónicos, documentación relacionada con los hechos investigados y 38 cartuchos de balas.
Como resultado de los registros fueron detenidas trece personas y posteriormente fue localizado y arrestado en las Palmas de Gran Canaria uno de los principales investigados, que se encontraba huido y que se regentaba un piso de prostitución.
La red captaba principalmente a mujeres colombianas en situación de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo en el sector de la hostelería y en algunos casos gestionaba su traslado a España.
Las víctimas eran sometidas a un férreo control, obligadas a trabajar todos los días de la semana a cualquier hora y forzadas a consumir sustancias estupefacientes cuando los clientes así lo solicitaban.
La organización, integrada por miembros de origen dominicano, colombiano y español, uno de los cuales ha ingresado en prisión provisional por orden judicial, gestionaba varios pisos de prostitución y un local de alterne en Granollers y Barcelona.
La mayoría de las mujeres debían repartir los beneficios obtenidos de los servicios sexuales al 50 por ciento además de pagar 250 euros semanales en concepto de alquiler de habitación; cuando abandonaban los pisos debían ir acompañadas por alguno de los integrantes de la organización y en algunos casos se les retiraba el pasaporte.
La red utilizaba los pisos de prostitución y el local de alterne no solo para la explotación sexual de las mujeres sino también como puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos para la disfunción eréctil sujetos a prescripción médica. EFE
