La exvicepresidenta Francia Márquez rechazó el asesinato de la lideresa indígena María Ovidia Palechor y de su esposo, el líder social James Flor, ocurrido en zona rural del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca.
El doble homicidio fue confirmado el martes 1 de septiembre por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entidades que reportaron que hombres armados ingresaron a la residencia del matrimonio en el corregimiento de La Pedregosa y dispararon en forma directa contra la pareja.
Ante la gravedad del caso, la exvicepresidenta publicó una declaración oficial en su cuenta en la red social X para condenar los hechos y exigir garantías de protección a las comunidades vulnerables del suroeste colombiano.
“Rechazo y condeno el asesinato de la lideresa indígena María Ovidia Palechor y su compañero, el líder James Flor; estos hechos dolorosos cometidos en el municipio de Cajibío, Cauca, enlutan a nuestro departamento y a las organizaciones de mujeres que por años hemos levantado la voz junto a María Ovidio para defender la vida, la paz y los derechos de las mujeres”, sostuvo Francia Márquez en su publicación.
En su mensaje, la exfuncionaria dirigió unas palabras de solidaridad a las familias de las víctimas y a las organizaciones étnicas que coordinan actividades comunitarias en los resguardos y corregimientos de la zona.
“Expreso mi solidaridad a la familia de la lideresa María Ovidio y del líder James Flor, a los pueblos indígenas y al movimiento de mujeres en el Cauca”, agregó Márquez en su pronunciamiento.
La dirigente política instó a las instituciones nacionales a desplegar medidas operativas y preventivas eficaces para salvaguardar la vida de las personas que ejercen veeduría y defensa de los derechos humanos en las regiones afectadas por la violencia armada.
El llamado de Francia Márquez al Gobierno nacional
“El departamento del Cauca se merece un destino distinto al de la violencia y el asesinato de sus líderes y lideresas. El Cauca se merece vivir en paz, sin violencia y sin miedo”, enfatizó Márquez al referirse a las dinámicas de inseguridad territorial, de la cual ella también pertenece.
De igual manera, la exvicepresidenta recordó el deber constitucional de las autoridades competentes para frenar las acciones de las estructuras al margen de la ley que operan en los municipios caucanos.
“El gobierno nacional debe hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad y la integridad física de los líderes y lideresas y sus familias. Garantizar la paz es una responsabilidad del Estado colombiano, y que simplemente el gobierno no puede evadir; debe seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad y la paz a todo el pueblo colombiano”, aseveró.
La ex segunda mandataria concluyó su mensaje al reiterar el compromiso de las plataformas sociales de mantener las reclamaciones por los derechos colectivos y la tranquilidad de las comunidades rurales.
“El Cauca y el país se merecen vivir en paz y sin violencia, por eso no dejaremos de luchar por una Colombia en paz y con justicia social. Seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre”, afirmó Márquez al cierre de su publicación.
Violencia contra líderes sociales vuelve a preocupar en el Cauca
María Ovidia Palechor ejercía como lideresa comunitaria indígena de la etnia Yanakuna, además de desempeñarse como coordinadora del Programa Mujer y del Programa de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca en el municipio de Cajibío.
Por su parte, James Flor adelantaba labores de representación social y comunitaria como integrante activo de la Mesa de Víctimas del mismo municipio caucano.
Con las muertes violentas de Palechor y Flor, Indepaz registró un total de 103 líderes comunitarios e indígenas asesinados en el territorio nacional durante lo transcurrido del presente año, representando un promedio de un caso cada 2,3 días en el país.
El organismo de observación social indicó que la zona rural de Cajibío enfrenta un nivel elevado de riesgo debido al control territorial ejercido por la estructura armada disidente conocida como el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con los análisis de la Defensoría del Pueblo, este grupo ilegal efectúa patrullajes, instala retenes sobre las vías comunitarias y restringe el libre tránsito de los habitantes de las veredas circundantes.
Junto al Frente Jaime Martínez, en la geografía caucana confluyen otras facciones armadas como el Frente Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental, además de unidades del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y agrupaciones delictivas locales.
La disputa territorial en el departamento se relaciona con el control de corredores estratégicos para la producción y transporte de estupefacientes hacia la costa del Océano Pacífico, así como la explotación no autorizada de recursos mineros en las cuencas hidrográficas de la región.
