El juez Ariel Lijo rechazó el pedido del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, para suspender el peritaje de los audios incorporados a la investigación por presuntas coimas, sobreprecios y direccionamiento de compras de medicamentos.
El planteo fue presentado días atrás por los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, quienes sostuvieron que los audios sobre los que trabaja Gendarmería no habría sido incorporados de manera formal al expediente.
El dispositivo en cuestión es un prendrive Kingston DataTraveler G4 que el periodista Mauro Federico entregó el 28 de agosto de 2025, cuando declaró ante el fiscal Franco Picardi.
Federico, conductor del streaming Carnaval, había revelado días antes los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se habla de un esquema de coimas en la compra de medicamentos. En esos audios se habla de un porcentaje del 5% al 8% y un supuesto 3% que “le debe llegar a Karina”, en alusión a la secretaria general de la Presidencia.
“La cuestión que ahora introduce la defensa no resulta novedosa ni responde a una modificación sobreviniente del objeto de la experticia”, sostuvo Lijo y explicó que el material que está siendo peritado es el “aportado oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico”. “No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva”, agregó al respecto.
El juez también remarcó que la defensa no cuestionó esa individualización en su momento e incluso intervino de manera activa al designar un perito de parte. Incluso, agregó Lijo, propuso puntos para profundizar el análisis.
“No resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia sobre la base de una objeción relativa a su objeto material que pudo —y debió— ser introducida oportunamente”, reiteró Lijo.
Los intentos de Spagnuolo para frenar el peritaje
A pesar de los reiterados intentos de la defensa de Spagnuolo para frenar la medida, Gendarmería avanza con los peritajes de las grabaciones.
Gendarmería abrió el sobre lacrado el 26 de agosto en el edificio Centinela y comenzó a estudiar los 58 archivos disponibles. El trabajo prevé reuniones semanales entre peritos oficiales y de parte.
Spagnuolo, por su parte, se negó a aportar una muestra de voz para el cotejo, al considerarlo autoincriminatorio.
El pedido de la defensa es concreto: suspender la medida hasta que se cumplan los recaudos previos, extraer el pendrive de la tarea y circunscribir el estudio a las grabaciones que circularon en notas periodísticas, que son las que originaron la investigación y sobre las que se fijaron los puntos de pericia.
La fiscalía, en tanto, sostiene que existen pruebas independientes de los audios —allanamientos, teléfonos y documentación de compras de la ANDIS— y que la causa no descansa únicamente en esas grabaciones.
En el último escrito presentado, la defensa sostuvo que el acta de recepción no detalla el contenido del pendrive y que el dispositivo recién fue remitido al juzgado el 14 de julio de 2026, casi un año después de aportado. También afirmó que ese material no formó parte de las imputaciones notificadas a Spagnuolo ni de los puntos de pericia que las partes propusieron en junio.
“El pendrive fue recibido sin acta de contenido, sin inventario, sin resguardo ni hash, y recién se remitió al Juzgado el 14/7/2026, casi un año después. Eventualmente, debió realizarse la extracción forense del pendirve permitiéndose a las partes visualizar el contenido para luego decidir la propuesta de puntos de pericia que estimen pertinentes y, una vez evacuado ello, el expediente se encuentre en condiciones de que los archivos alojados en el dispositivo de almacenamiento sean pasibles de peritaje”, reclamaron los abogados.
