En un nuevo avance de la investigación sobre Wenance, la Justicia federal de San Isidro citó a indagatoria a Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone por otras 44 presuntas estafas, en el marco de una causa que ya acumula tramos elevados a juicio por cientos de denuncias de clientes e inversores. Según la acusación, la firma ofrecía préstamos a personas en situación financiera vulnerable y luego les debitaba montos superiores a los pactados o realizaba cobros que los damnificados consideraban injustificados.
La decisión fue adoptada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a partir de un requerimiento presentado en abril por el fiscal federal Federico Iuspa, titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción. Las indagatorias fueron fijadas para el 17 de septiembre y alcanzan al presidente y socio mayoritario de la compañía, Alejandro Muszak, de 57 años, y a la directora Paola Andrea Vallone, de 60.
De acuerdo con la acusación fiscal, ambos habrían intervenido como coautores en 44 hechos de estafa reiterada. La hipótesis es que la operatoria se basaba en préstamos otorgados bajo condiciones poco claras, débitos por montos mayores a los convenidos y respuestas evasivas ante los reclamos de los afectados.
La investigación sostiene que las víctimas eran captadas mediante publicidad en sitios web y campañas digitales que ofrecían créditos rápidos y accesibles. Entre las plataformas mencionadas en el expediente aparecen Presto Hoy, Hola Mango y otros portales asociados al grupo. Una vez que los usuarios completaban formularios con sus datos, eran contactados por agentes de alguna de las firmas vinculadas al conglomerado.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el siguiente paso consistía en solicitar los datos de la cuenta bancaria para instrumentar el débito automático de las cuotas. A partir de allí, la pesquisa detectó cobros por importes superiores a los convenidos o descuentos sin causa legítima, en ocasiones bajo distintas denominaciones societarias, lo que habría dificultado el rastreo de las maniobras y los intentos de frenar los débitos.
Uno de los puntos centrales del expediente es el perfil de los denunciantes. La fiscalía señaló que, en la mayoría de los casos, se trataba de personas de bajos ingresos, con historial crediticio deteriorado o sin posibilidad de acceder a préstamos bancarios tradicionales.
El expediente remarca además que la empresa contaba con una organización de gran escala, con expansión internacional y más de 200 empleados, una estructura que, siempre según la fiscalía, habría contribuido a reforzar la confianza de clientes e inversores. También describe un uso rotativo de razones sociales y marcas comerciales para ejecutar débitos y evitar que las víctimas pudieran bloquear con eficacia los descuentos indebidos. Ese mecanismo, según la acusación, no solo complicaba los reclamos, sino que además fragmentaba la identidad del cobrador y hacía menos visible la maniobra.
Por otra parte, la fiscalía mencionó 17 casos de personas que manifestaron no haber gestionado ningún préstamo, pero detectaron débitos en sus cuentas realizados por Wenance o por otras empresas vinculadas. Las víctimas señalaron que tomaron conocimiento de esos movimientos al contactar a la firma o a sus bancos. Según el expediente, esas denuncias presentan similitudes con otras 21 investigadas en una causa de 2024 que el fiscal pidió acumular.
Muszak y Vallone ya habían sido requeridos a juicio por tres hechos de estafa en la misma causa. Además, en junio pasado, la jueza elevó a juicio otro tramo del caso en el que se investigan 524 presuntas estafas y el delito de asociación ilícita. En ese expediente también fueron acusados Pedro Luis Viggiano, pareja de Vallone, y Rodolfo Cleto García.
Según la investigación, el grupo dejó de cumplir con sus obligaciones en julio de 2023, cuando las sociedades vinculadas a Wenance habrían entrado en cesación de pagos. Ese punto es considerado clave por los investigadores, que sostienen que no se trató de un problema comercial sobreviniente, sino de una maniobra montada desde el inicio.
En la etapa ya encaminada hacia juicio oral, el perjuicio económico atribuido a la maniobra fue estimado en 1.850 millones de pesos, 7 millones de dólares y 117.000 euros. A ese expediente principal se sumaron además tres nuevos hechos de estafa que otro tribunal resolvió remitir para su unificación con el proceso que tramita en la justicia federal.
