La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) ha manifestado su apoyo al objetivo de transparencia e integridad que inspira el real decreto-ley sobre las actividades de los grupos de interés, pero ha lamentado que se equipare a las organizaciones sindicales y empresariales con operadores profesionales de lobby o consultoría institucional.
A través de un comunicado, el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, ha expresado que determinadas obligaciones introducidas por la nueva regulación "exceden lo necesario para garantizar dicho objetivo y generan cargas administrativas y exigencias de información que resultan desproporcionadas respecto de la finalidad perseguida".
Desde la patronal de la Economía Social se entiende que la transparencia debe compatibilizarse con la protección de información relativa a la estrategia institucional, la organización interna y la planificación de la actividad de representación de intereses legítimos.
Por ello, la confederación cree que la publicación y comunicación sistemática de determinada información, documentación y actividades, que se exigen como obligaciones a los grupos de interés en el Real Decreto-Ley, puede afectar a elementos sensibles de funcionamiento que no aportan un valor añadido significativo para el control público de la actividad de influencia, pero sí pueden comprometer la capacidad de actuación de las entidades representativas.
Asimismo, llama la atención la modificación introducida respecto de la propuesta legislativa presentada por el propio Gobierno en 2025. En el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, remitido al Congreso de los Diputados en febrero de 2025, se contemplaba expresamente la exclusión de las organizaciones sindicales y empresariales del ámbito de aplicación de determinadas obligaciones previstas para los grupos de interés, en reconocimiento de la singular función institucional que les atribuye nuestro ordenamiento jurídico.
Cepes considera difícilmente justificable esta modificación, especialmente teniendo en cuenta que sindicatos y organizaciones empresariales desempeñan una función constitucionalmente reconocida en el diseño de políticas públicas, la negociación y el diálogo institucional con el Gobierno y las administraciones públicas.
"La desaparición de esta exclusión supone equiparar a estas organizaciones con operadores profesionales de lobby o consultoría institucional, ignorando la singular posición que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico", ha criticado la confederación.
