Luego de aprobarse el Plan de Reconstrucción Nacional e ingresar al Congreso su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el Gobierno de José Antonio Kast alista un “Plan de Emergencia Laboral” con metas a corto y largo plazo a fin de combatir los altos índices de cesantía y, de paso, la baja sostenida del mandatario en las encuestas, asunto que preocupa en La Moneda.
Según el último informe de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, durante el último trimestre móvil de mayo - julio de 2026, la tasa de desocupación en el país se ubicó en 9,5%, cifra que representa el nivel de desempleo más alto registrado en el país en los últimos cinco años.
La meta es crear unos 75 mil empleos directos e indirectos durante el cuarto trimestre y los ministerios involucrados son Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), los que se abocarán a agilizar proyectos de infraestructura pública, subsidios a la contratación y mejorar la coordinación fiscal.
Modo empleo
Cabe señalar que este Plan de Emergencia Laboral del Gobierno se suma al programa “Modo Empleo”, estrategia de choque presentada en julio que implica una inyección de $50.000 millones de pesos (USD 52 millones) enfocados prioritariamente en las regiones con realidades laborales más complejas como Biobío, Ñuble y Antofagasta.
Así, la instrucción directa del presidente Kast fue acelerar los procesos de licitación y faenas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), para ejecutar la totalidad del presupuesto anual antes de diciembre, y priorizar los proyectos de infraestructura pública debido a su alta y rápida capacidad para absorber mano de obra cesante.
También se liberarán recursos ya aprobados mediante los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), a fin de financiar pequeñas obras locales de rápida ejecución, como plazas, espacios comunitarios e infraestructura básica rural, contratando los municipios trabajadores directamente.
La iniciativa también contempla potenciar y reajustar los montos del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que entra en vigencia el 1 de octubre y funciona bajo una lógica de incentivo mutuo (dupla empresa-trabajador), otorgando hasta un 20% de la remuneración bruta mensual para el trabajador y otro 20% para el empleador con un máximo de $185.000 mensuales (USD 194) por hasta 12 meses.
Finalmente, y de cara a la temporada de verano e incendios, se financiarán cuadrillas rurales a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para contratar personal que lleve a cabo la limpieza de bosques y la excavación de franjas cortafuegos.
Así las cosas, la Ley de Presupuesto 2027 que se ingresa al Congreso a fines de septiembre estará cruzado por este plan y el Ejecutivo ya definió que, pese a ser fiscalmente “muy austero”, mantendrá un fuerte énfasis en infraestructura para sostener la inversión privada y el empleo a mediano plazo.
Finalmente, el biministro Claudio Alvarado señaló que el Gobierno espera que el mundo privado “tenga el mismo compromiso, porque el esfuerzo privado multiplica por varias veces el esfuerzo que puede hacer el presupuesto de la nación”, palabras que fueron refrendadas por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, quien recordó que “el gran empleador en Chile es el sector privado y eso es fundamental”.
