Luego de que la oposición lograra los votos para interpelarlo en la Cámara de Diputados el próximo lunes 28 de septiembre por su “manejo deficiente” del último impasse territorial con Argentina y el arancel del 12,5% aplicado por EE.UU a la importación de productos nacionales, el Canciller Francisco Pérez aseguró este martes que “los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado, y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan“.
Al respecto, Pérez recordó que “nos hemos presentado 11 veces en el Congreso, precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado, porque nuestra labor forma parte de una política de Estado, y es así como seguiremos trabajando”.
De paso, sostuvo que la interpelación también puede verse como “una oportunidad para detallar los avances de la política exterior. Podemos tener visiones diferentes en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola”.
“La política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división”, cerró el Canciller.
El respaldo del Gobierno
Por su parte, el biministro Claudio Alvarado, salió también a respaldar la “buena labor” del Canciller Pérez y pidió a los partidos de izquierda no “instrumentalizar la política exterior como un factor de diferencias políticas internas”.
“La interpelación, en ese sentido, puede ser una buena oportunidad para clarificar todas las acciones que está llevando la Cancillería en diferentes ámbitos”, agregó.
Sin embargo, recordó que por tratarse la interpelación de una instancia pública es muy probable que ciertos temas no vayan a ser discutidos en profundidad.
“Todos tenemos que velar porque la conducción de nuestra política exterior sea lo más unitaria y transversal posible”, sostuvo Alvarado.
Al cierre, recordó que interpelar a un Secretario de Estado es “un legítimo derecho” de los diputados, pero subrayó que no se debe “convertir la fiscalización en un instrumento de diferencias políticas internas”.
