La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, cuestionó la postura de Movimiento Ciudadano (MC) y de su dirigente, Jorge Álvarez Máynez, sobre seguridad, al considerar que su respaldo a medidas de “mano dura” contra el crimen organizado recuerda a la estrategia implementada durante el gobierno de Felipe Calderón.
A través de una publicación en redes sociales, Hernández señaló que MC y Álvarez Máynez buscan resultados similares a los atribuidos al presidente salvadoreño Nayib Bukele, pero sin asumir las consecuencias de un modelo basado, dijo, en un régimen de excepción, detenciones masivas y cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.
La morenista recordó que México ya atravesó una estrategia de confrontación directa contra el narcotráfico durante el sexenio de Calderón, iniciada en 2006, cuyos efectos continúan formando parte del debate sobre seguridad nacional.
Morena cuestiona respaldo de Máynez al modelo de Bukele
Hernández también criticó que Movimiento Ciudadano, partido que en distintos momentos ha defendido una política de seguridad enfocada en la prevención y contraria a la militarización o al abuso de la prisión, ahora muestre simpatía por una estrategia punitiva.
La dirigente morenista cuestionó particularmente las declaraciones de Álvarez Máynez sobre Bukele y sostuvo que existe una contradicción entre su discurso previo y su posición actual.
De acuerdo con la crítica de Hernández, el dirigente emecista llegó a hablar de “narcopolítica”, pero ahora evita cuestionar las acusaciones relacionadas con las negociaciones que el gobierno salvadoreño habría mantenido con pandillas.
¿Qué propone MC frente al narcotráfico y la violencia?
Movimiento Ciudadano, por su parte, ha colocado la seguridad y el combate al crimen organizado entre sus principales reclamos contra gobiernos de Morena. El partido ha señalado problemas de ingobernabilidad, impunidad y presuntos vínculos entre autoridades y grupos delictivos.
Entre sus principales planteamientos destacan:
- Impulsar filtros para evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas y gobiernos.
- Exigir investigaciones contra funcionarios señalados por posibles vínculos con grupos criminales.
- Fortalecer la cooperación internacional para combatir a los cárteles.
- Revisar el financiamiento de campañas para impedir recursos provenientes del narcotráfico.
- Reforzar a las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos.
En Sinaloa, legisladores de MC han exigido investigaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya, mientras que dirigentes del partido han responsabilizado a Morena de una crisis de violencia e impunidad.
Máynez marca distancia con el gobierno de Bukele
Aunque Álvarez Máynez ha expresado anteriormente reconocimiento hacia algunos resultados de la política de seguridad salvadoreña, también ha establecido diferencias con el gobierno de Bukele.
En declaraciones citadas por SinEmbargo, el dirigente emecista sostuvo que la administración salvadoreña tomó una deriva autoritaria y enfrenta cuestionamientos por corrupción. Sin embargo, defendió el combate frontal al crimen atribuido al fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuya estrategia de seguridad le valió comparaciones con el mandatario salvadoreño.
La discusión ocurre en medio de los recientes desencuentros políticos entre MC y Morena, que también han incluido disputas por la reforma laboral, acusaciones relacionadas con protección política y señalamientos sobre una supuesta guerra sucia.
La disputa por la estrategia de seguridad en México
El intercambio entre Hernández y Máynez refleja una discusión más amplia sobre cómo debe enfrentar México al crimen organizado. Mientras MC reclama acciones más contundentes contra los grupos delictivos y mayores controles para impedir su infiltración en la política, Morena acusa a la oposición de promover soluciones que podrían reproducir los costos de estrategias anteriores.
Hernández resumió su crítica al señalar que apostar por la “mano dura” significa, desde su perspectiva, volver a una fórmula que México ya experimentó durante la administración de Calderón.
El debate vuelve así sobre uno de los temas más sensibles de la política mexicana: cómo combatir al narcotráfico y reducir la violencia sin repetir estrategias que deriven en abusos, impunidad o violaciones a los derechos humanos.
