Una pareja detenida en Azcapotzalco cobró con amenazas e intimidación una deuda que su víctima ya había saldado. El 9 de septiembre de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arrestaron a Graciela “N” y Luis “N” en la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco, tras exigirle 50 mil pesos a una mujer de 36 años bajo amenaza de causarle daño, pese a que el préstamo original ya estaba liquidado.
Los detenidos alegaban intereses desproporcionados sobre ese préstamo para justificar montos cada vez más elevados. La víctima se negó a pagar y la pareja efectuó detonaciones de arma de fuego antes de huir en un vehículo negro.
Disparos en San Pedro Xalpa alertaron al C2 Poniente sobre un modo de extorsión
De acuerdo con los reportes de aprehension, los oficiales realizaban recorridos preventivos en la zona cuando el Centro de Comando y Control (C2) Poniente los alertó de una emergencia por disparos en el cruce de las calles Leopoldo Blackaller y Adolfo López Mateos. Los uniformados se aproximaron de inmediato al lugar.
Al llegar, la víctima les relató que los prestamistas le exigían dinero a cambio de no hacerle daño. Al negarse, los sujetos dispararon y escaparon a bordo del automóvil negro.
Los efectivos interceptaron el vehículo calles adelante y practicaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. El operativo derivó en el aseguramiento de un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, además de dos teléfonos celulares, uno de ellos de gama alta.
La pareja fue detenida: Graciela “N”, de 26 años, y Luis “N”, de 34. Los policías les informaron sus derechos constitucionales y los trasladaron junto con el vehículo y los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público.
Luis “N” ya tenía dos ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX
El hombre detenido registra antecedentes en el sistema penitenciario capitalino: ingresó por primera vez en 2019 por robo agravado y por segunda ocasión en 2025 por delitos contra la salud. La autoridad obtuvo esa información durante las investigaciones posteriores al arresto.
El Ministerio Público es quien determinará la situación jurídica de ambos detenidos e iniciará la carpeta de investigación correspondiente. Por el momento, los señalan como probables responsables del delito de cobranza ilegítima.
A raíz de los hechos, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó esta mañana sobre el caso a través de sus redes sociales. El funcionario precisó que las acciones forman parte de las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para combatir la extorsión y proteger a los habitantes de la capital.
Vázquez Camacho hizo un llamado a quienes enfrenten situaciones similares a denunciar por las líneas telefónicas 089 y 55 5036 3301, o bien a solicitar apoyo al policía más cercano. La SSC reiteró que ninguna deuda, real o ficticia, justifica el uso de amenazas o violencia para su cobro.
La cobranza ilegítima es un delito tipificado en el Código Penal de la CDMX
La cobranza ilegítima ocurre cuando una persona o un despacho usa amenazas, engaños, intimidación o acoso para exigir el pago de una deuda, y está tipificada en el Código Penal de la Ciudad de México. La ley prohíbe esas prácticas sin importar si el adeudo es real o no.
El delito se castiga con prisión de seis meses a dos años y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, según el código local. La norma protege no solo al deudor, sino también a avalistas y personas de referencia que sean contactadas con insultos, llamadas constantes o documentos falsos de embargo.
Quienes enfrenten una situación similar tienen a su disposición dos vías de denuncia formal. La primera es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; la segunda, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuando el adeudo involucra a una institución financiera.
Las autoridades recomiendan conservar toda evidencia disponible: mensajes, números telefónicos y grabaciones con amenazas o intimidaciones. Esa documentación es el insumo que el Ministerio Público necesita para integrar la carpeta de investigación.
La SSC recuerda que la cobranza ilegítima se castiga con prisión de seis meses a dos años y una multa de entre 150 y 300 días de salario mínimo. La ley protege al deudor sin importar si la deuda es real: el uso de violencia o intimidación para cobrar está prohibido en cualquier circunstancia.
Los canales de denuncia de la SSC operan las 24 horas a través de las líneas 089 y 55 5036 3301. Los ciudadanos también pueden pedir apoyo directamente al policía más cercano.
