La Fiscalía, con apoyo del FBI y la Policía Nacional, ocupó 44 bienes atribuidos al grupo narcotraficante Los del Dorado, un patrimonio avaluado en $22.118 millones que, según la investigación, habría sido adquirido con dineros del narcotráfico mientras la red producía cocaína en Antioquia para enviarla por el Caribe colombiano hacia Estados Unidos y países de Centroamérica.
“Los activos, avaluados en más de 22.118 millones de pesos, corresponden a 34 inmuebles, seis vehículos, una sociedad y tres establecimientos de comercio, ubicados en cinco departamentos del país”, dice el comunicado de la Fiscalía publicado en su página web.
Los activos están repartidos en cinco departamentos: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander. El conjunto incluye 34 inmuebles, seis vehículos, tres establecimientos de comercio y una sociedad.
De esos inmuebles, 17 son rurales y 17 urbanos. Las medidas impuestas dentro del proceso de extinción de dominio fueron suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

“La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 44 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’, estructura señalada de participar en la producción y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Centroamérica. Las propiedades están ubicadas en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander e incluyen 34 inmuebles, 6 vehículos, 3 establecimientos de comercio y una sociedad”, se lee en un mensaje publicado en la cuenta de X de la Fiscalía.
La investigación ubicó una ruta desde Nariño hasta laboratorios en Puerto Triunfo

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Los del Dorado obtenían pasta base de coca en Nariño y la ocultaban en vehículos de carga para trasladarla hasta laboratorios clandestinos en zona rural de Puerto Triunfo, Antioquia. Allí, el insumo era transformado en clorhidrato de cocaína.
La investigación fue adelantada de manera articulada por la Delegada para las Finanzas Criminales y la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). El expediente ubica a la estructura como una organización dedicada a la producción de cocaína y a su envío internacional.
“La investigación, adelantada de manera articulada entre la Delegada para las Finanzas Criminales y la DIJIN de la Policía Nacional, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, da cuenta de que la estructura delictiva afectada obtenía pasta base de coca en Nariño, la cual era ocultada en vehículos de carga, trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo (Antioquia) y transformada en clorhidrato de cocaína”, se observa en el comunicado de la Fiscalía.
La Fiscalía explicó: “Luego, los cargamentos de estupefacientes eran camuflados en camiones que transportaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción, amparados con la respectiva documentación comercial, y movilizados hacia el Caribe colombiano para coordinar su salida marítima a destinos internacionales”.
Los bienes habrían sido puestos a nombre de terceros para ocultar su origen

Según la investigación, la organización también habría comprado bienes muebles e inmuebles con recursos provenientes del narcotráfico y los habría registrado a nombre de terceras personas. Esa maniobra, de acuerdo con el ente acusador, buscaba ocultar el verdadero origen del patrimonio y dificultar su rastreo.
Al frente de la operación estuvo Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía. Sus investigadores establecieron, según la entidad, que el grupo desarrolló de forma paralela la actividad narcotraficante y la ocultación de propiedades mediante terceros.
“Paralelamente, la organización ilegal presuntamente adquiría bienes con recursos provenientes del narcotráfico y los registraba a nombre de terceros, con el fin de ocultar su verdadero origen”, se añade en el documento.
La Fiscalía concluyó: “Estos hallazgos sustentan la presunta relación de los bienes con dineros de procedencia ilícita, así como su posible destinación a actividades asociadas al tráfico trasnacional de estupefacientes”.
Los bienes ocupados quedaron identificados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander, dentro de un proceso que sigue en curso sobre activos que, según la investigación, estarían relacionados con actividades de origen ilícito.