Cinco acusados por una multimillonaria estafa a dos facultades de la UBA con un desvío de fondos de más de $1.590 millones, mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación en septiembre de 2024, fueron condenados a penas de dos a tres años y dos meses de prisión efectiva.
La decisión fue del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires, que homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, las defensas y la querella del Banco Nación.
Una maniobra coordinada para estafar
En la sentencia, el tribunal dio por probado que hubo una maniobra coordinada para desviar fondos de la UBA mediante documentación y correos falsos, mover ese dinero por cuentas de empresas y convertir parte en criptomonedas para ocultar su origen. Todos los acusados aceptaron el acuerdo de juicio abreviado, reconocieron los hechos y fueron condenados, según el fallo firmado por el juez subrogante Diego García Berro al que accedió Infobae.
Desde sus lugares de detención se conectaron por Zoom con el Tribunal y admitieron ante el juez su participación en lo ocurrido en septiembre de 2024 cuando mediante engaños lograron que se les gire una millonaria suma de dinero desde las cuentas bancarias de dos facultades de la Universidad de Buenos Aires.
El juez remarcó que los imputados “han admitido tanto la existencia de los hechos atribuidos como sus respectivas participaciones”. También dejó asentado que los acusados “ratificaron el contenido del acuerdo, reconocieron la existencia de los hechos y sus participaciones en aquél y manifestaron comprender sus alcances y sus consecuencias”.
De qué se los acusó
La causa giró en torno a una maniobra de defraudación contra la administración pública que tuvo como damnificada a la UBA, a través de transferencias ejecutadas desde cuentas del Banco Nación pertenecientes a las facultades de Derecho y Odontología durante dos días, en septiembre de 2024.
Para eso usaron “notas apócrifas con membrete y firmas falsificadas de autoridades universitarias”, dirigidas al Banco Nación. A eso se sumó la creación de correos electrónicos con un dominio similar al de la UBA y comunicaciones telefónicas para darle apariencia de legitimidad a las órdenes de transferencia.
El tribunal dio por acreditado que parte del dinero fue enviado a cuentas de las firmas Eksplodo S.A. y Elysium Capital S.A., luego redireccionado principalmente hacia otra sociedad Aigle S.A., y finalmente usado para la compra de criptomonedas USDT, en una secuencia que encuadró como lavado de activos.
La ruta del dinero
Dos de los condenados, Lucas Rigoni y Enrique Cutrona, eran responsables de Eksplodo S.A. y recibieron en la cuenta de esa firma dos transferencias provenientes de la cuenta de la Facultad de Derecho de la UBA por $275.480.000 el 12 de septiembre de 2024 y $172.990.533 un día después, el 13 de septiembre.
Según la sentencia, una vez acreditados esos fondos, “realizaron diversas y sucesivas transacciones destinadas a ocultar su origen ilícito y dificultar su trazabilidad y rastreo”. Entre otras operaciones, transfirieron a Aigle S.A. $200 millones, $150 millones, $21,1 millones y $50 millones. Los fondos fueron luego aplicados a la compra de 311.851 unidades de la criptomoneda USDT, lo que configuró “un claro circuito de lavado de activos”, concluyó la sentencia. La acusación los ubicó como partícipes necesarios en la defraudación y autores del lavado.
Un tercer acusado, Alex Heredia, era apoderado de Elysium Capital y recibió en la cuenta de esa empresa dos transferencias enviadas desde la cuenta de la Facultad de Odontología de la UBA por $496.720.000 el 13 de septiembre de 2024 y $451.901.000 el 16 de septiembre de ese año. Después transfirió todo a Aigle S.A. Esos fondos fueron después aplicados a la compra de 694.974 USDT y enviados a una billetera electrónica. El tribunal afirmó que Heredia participó “de manera necesaria y coordinada en la maniobra defraudatoria en perjuicio de la UBA”.
El acusado Ángel Martín fue quien ideó la “simulación” que hizo creer que la UBA estaba “canalizando órdenes de transferencias de fondos emitidas por los funcionarios de las facultades autorizados a operar las cuentas bancarias”. Ese ardid se desplegó “a través de comunicaciones telefónicas y por correo electrónico, utilizando dos abonados telefónicos y cuentas de correo electrónico con un dominio similar al de la UBA”.
El tribunal detalló que el dominio ubatec.net.ar y varias casillas como tesoreria@ubatec.net.ar y economia@ubatec.net.ar fueron creados el 10 de septiembre de 2024 por un usuario identificado como “Pablo García”, a través de Donweb, y que los accesos informados por la empresa estaban vinculados a una línea atribuida a Martín. “Su aporte fue primordial, al brindar un canal de contacto con la víctima que se asemejaba al real, asegurando la concreción del ardid desplegado”.
Por último, Micaela Bounchanavong fue condenada por su rol de coordinación en la maniobra. “Brindó la información necesaria y dio las instrucciones para que se realizaran determinadas transferencias en favor de Eksplodo S.A. y Elysium Capital S.A.”. También se la señaló como quien ordenó los movimientos posteriores para dificultar la trazabilidad del dinero. El tribunal afirmó que instruyó a Enrique Aníbal Cutrona y Lucas Rigoni para que transfirieran a Aigle $421.100.000 y a Heredia para que transfiriera $937.000.000. Fue condenada como partícipe necesaria de la defraudación y autora del lavado.
Las penas impuestas fueron pactadas en el juicio abreviado. Rigoni recibió 3 años y 2 meses de prisión efectiva; Cutrona: 3 años y 2 meses de prisión efectiva; Heredia: 3 años y 2 meses; Bounchanavong: 3 años y 2 meses y Martín: 2 años y 3 meses.
El juez explicó en la sentencia que, en este tipo de trámite, no pudo imponer una pena más grave que la acordada por las partes. También remarcó “la particular sofisticación de las maniobras” y “la extensión del daño causado”.
