Un local del barrio porteño de San Telmo se presentaba hacia afuera como un ciber. Sin embargo, detrás de esa fachada funcionaba un espacio destinado a las apuestas ilegales, con 25 computadoras instaladas en boxes individuales desde las que los clientes podían acceder a juegos similares a las máquinas tragamonedas de los casinos. Las apuestas comenzaban en los $5.000 y se pagaban en el lugar.
La actividad fue descubierta a partir de una publicación en Instagram y derivó en una investigación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Ahora, el responsable del comercio fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de organización y explotación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente.
La causa comenzó durante tareas de ciberpatrullaje en redes sociales realizadas por agentes de la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad. En ese contexto, los investigadores detectaron una cuenta de Instagram en la que se había publicado la imagen de un lugar con varias computadoras encendidas.
Lo que llamó la atención de los efectivos fue lo que aparecía en las pantallas: las máquinas tenían acceso a juegos denominados “slots”, similares a los tragamonedas que funcionan en los casinos.
Al revisar el mismo perfil, los policías encontraron además publicidad de un local comercial ubicado en San Telmo, donde, según se promocionaba, era posible acceder a esos juegos.
La información llegó a la FEJA, a cargo del fiscal Juan Rozas, quien ordenó una serie de tareas para comprobar qué ocurría en el lugar. Así, los investigadores lograron identificar al responsable del establecimiento y determinaron que, aunque el comercio se mostraba como un “ciber”, allí se desarrollaba una actividad diferente a la declarada.
Según la investigación, el establecimiento no contaba con autorización de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) para ofrecer juegos de azar. Además, en el lugar tampoco había cartelería o publicidad que indicara que el ingreso estuviera restringido a menores de 18 años.
Con los elementos reunidos, el fiscal Rozas solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°26, a cargo de Nicolás Repetto.
El procedimiento fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño y contó con la participación de la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad, personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y agentes de LOTBA.
Una vez dentro del comercio, los investigadores comprobaron cómo funcionaba el sistema. El lugar tenía 25 boxes individuales equipados con computadoras desde las cuales los clientes podían ingresar a distintos juegos online similares a los utilizados en máquinas tragamonedas.
De acuerdo con lo constatado durante el operativo, las apuestas partían de los $5.000 y el dinero se abonaba directamente en el establecimiento.
Tras el hallazgo, el fiscal ordenó la detención del responsable y el secuestro de las computadoras, teléfonos celulares, anotadores, dinero en efectivo y otros elementos que, según la acusación, eran utilizados para desarrollar la actividad ilegal.
En paralelo, los inspectores de la AGC dispusieron la clausura del comercio. No solo carecía de la habilitación correspondiente, sino que durante la inspección también se detectaron otras irregularidades: no tenía matafuegos y se permitía fumar en el interior.
La investigación continuó con el análisis de los elementos secuestrados. Los peritajes realizados por el CIJ confirmaron que las 25 computadoras estaban conectadas y preparadas para que los clientes accedieran a los juegos de “slots”.
Los resultados de esas pericias, según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, coincidían además con el material que había dado origen a la investigación: las promociones y publicidades difundidas previamente a través de las redes sociales.
Con ese conjunto de pruebas, la causa avanzó contra el responsable del establecimiento por el delito de organización y explotación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente.
Finalmente, el expediente no llegó a un juicio oral convencional. La Fiscalía y el imputado alcanzaron un acuerdo de avenimiento, mecanismo mediante el cual el acusado reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó la pena.
El acuerdo estableció una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta. Esto significa que, mientras respete las condiciones impuestas por la Justicia durante el plazo correspondiente, el condenado no deberá cumplir la pena dentro de una cárcel.
La resolución fue homologada por Bettina Mobillo, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°7.
Desde el Ministerio Público Fiscal porteño enmarcaron el caso dentro de la política de persecución de las apuestas ilegales, tanto en sus modalidades físicas como digitales, y señalaron especialmente el impacto que este tipo de actividad puede tener sobre adultos y menores de edad.
