Los propietarios de uno de los inmuebles intervenidos en agosto pasado durante el operativo de la Municipalidad Provincial del Callao en la avenida Venezuela cuestionaron la versión difundida por la comuna, que presentó la demolición como parte de la recuperación de espacios públicos ocupados ilegalmente durante más de 20 años.
A través de un comunicado remitido a Infobae Perú, Aldo Eduardo Müller Bull y Zoila Linda Jacobs Bardales aseguraron que el área en controversia continúa siendo de propiedad privada y que nunca se concretó la expropiación que, según sostienen, fue planteada por el Estado en 1999.
La réplica surge luego de la intervención municipal realizada en un tramo de la avenida Venezuela, donde maquinaria pesada derribó estructuras que, de acuerdo con la comuna, ocupaban parte de la vía pública. El alcalde provincial del Callao, César Pérez Barriga, sostuvo en videos difundidos en sus redes sociales que las construcciones habían tomado más de 25 metros de ancho de la vía durante más de 25 años y que la municipalidad había cumplido con el procedimiento administrativo y coactivo para ejecutar la demolición.
Sin embargo, los esposos Müller Bull y Jacobs Bardales, quienes aseguran ser propietarios de uno de los predios afectados, sostienen que la versión municipal no toma en cuenta la situación registral del inmueble ni los antecedentes del terreno.
Propietarios aseguran que el área sigue siendo propiedad privada
Según el documento presentado por los propietarios, en 1999 la Municipalidad comunicó que requería parte de los terrenos para un proyecto de ampliación de la avenida Venezuela y planteó una eventual adquisición mediante el pago de un justiprecio.
Los propietarios sostienen que dicho proceso nunca llegó a concretarse: no se habría producido una transferencia de propiedad ni el pago correspondiente. Por ello, afirman que el área continúa inscrita como propiedad privada.
En el descargo presentado ante la Municipalidad del Callao, los administrados identifican el terreno en controversia con un área de 2.714,19 metros cuadrados, inscrita en SUNARP. Según su documentación, el predio figura a nombre de Müller Bull y Jacobs Bardales y no registra cargas, servidumbres ni anotaciones de expropiación que, según alegan, lo conviertan en vía pública.
La defensa sostiene además que la existencia de un proyecto o proyección de ampliación vial no supone, por sí misma, la transferencia de la propiedad al Estado. En ese sentido, solicita que, si la Municipalidad requiere utilizar el terreno para una obra vial, se realice el procedimiento legal correspondiente para su adquisición o expropiación y se efectúe el pago respectivo.
Cuestionan el procedimiento que terminó en la demolición
Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con el procedimiento administrativo sancionador.
Los propietarios aseguran que el 4 de agosto de 2026 recibieron por primera vez la intervención de fiscalizadores municipales, quienes les comunicaron la existencia de una imputación relacionada con las construcciones y el supuesto uso de la vía pública.
Según su versión, presentaron sus descargos el 12 de agosto a las 13:12 horas, dentro del plazo otorgado y con cargo de recepción de la propia Municipalidad Provincial del Callao.
No obstante, sostienen que el Informe Final de Instrucción del 13 de agosto señaló que los propietarios no habían presentado descargo alguno. Para los administrados, esta afirmación constituye uno de los principales vicios del procedimiento, debido a que aseguran contar con el documento que acredita que su escrito fue recibido por la comuna.
La defensa también cuestiona que, luego de emitirse el informe final, se les hubiera concedido un plazo de cinco días hábiles para presentar observaciones y que, pese a ello, la resolución que ordenaba hacer efectiva la demolición habría sido emitida al día siguiente.
Los propietarios sostienen que esta actuación vulneró su derecho de defensa y el debido procedimiento. Asimismo, señalan que posteriormente presentaron un recurso de apelación contra la Resolución Sub Gerencial N.° 100-2026/MPC-GF-SGCS, pero que este fue desestimado.
Inmueble funciona como almacén aduanero
La familia también advierte que el caso no involucra únicamente la infraestructura de los predios.
De acuerdo con el recurso presentado ante la municipalidad, uno de los inmuebles funciona como almacén aduanero y mantiene mercancía de terceros que todavía no ha sido nacionalizada y que se encuentra bajo control de la SUNAT.
Los propietarios sostienen que una eventual demolición de paredes y oficinas podría afectar las operaciones del establecimiento, además de generar riesgos sobre infraestructura, puestos de trabajo y mercancías que no les pertenecen.
En su apelación, advierten que cualquier daño, sustracción o pérdida de bienes que pudiera producirse como consecuencia de una intervención sería materia de las responsabilidades que correspondan.
Caso ya fue llevado a la Fiscalía y al Poder Judicial
Los propietarios informaron que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y que también presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial.
Además, aseguran que evalúan otras acciones judiciales para evitar nuevas demoliciones mientras se resuelve la controversia.
Entre los documentos que, según indican, respaldan su posición se encuentran la comunicación estatal de 1999 relacionada con la eventual adquisición de los terrenos, documentación registral del predio, el cargo de recepción del descargo presentado el 12 de agosto, el Informe Final de Instrucción, la resolución municipal, documentos vinculados a la ejecución coactiva y las acciones iniciadas ante la Fiscalía y el Poder Judicial.
Los propietarios solicitan que la Municipalidad Provincial del Callao explique cuándo y mediante qué acto jurídico el área habría pasado a ser de propiedad pública, dónde se concretó la eventual expropiación y el pago del justiprecio que, según su versión, fue planteado en 1999. También piden que se esclarezca por qué el Informe Final habría señalado que no presentaron descargos pese a que cuentan con un cargo de recepción municipal.
