Las cuentas del sistema de salud colombiano cerraron el 2025 con más presión financiera y, según la Contraloría General de la República, las intervenciones aplicadas a varias EPS no consiguieron revertir el deterioro. El dato que resume la situación es la deuda acumulada con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos: llegó a 58 billones de pesos.
El monto representa un aumento de 26,5% frente a 2024 y revela un problema que se concentra especialmente en las entidades que ya estaban bajo vigilancia especial. De acuerdo con el informe, el 83% de ese déficit corresponde a EPS que la Superintendencia Nacional de Salud intervino con la intención de corregir su situación financiera. El aumento ocurre pese a las medidas para corregir las finanzas del sistema.
La revisión incluyó estados financieros certificados de 26 de las 29 EPS activas en Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2025. También examinó afiliación, costos de atención, solvencia y entidades bajo intervención forzosa o medidas especiales.
Uno de los hallazgos más llamativos es que apenas cuatro EPS cumplieron al cierre de 2025 con los requisitos financieros exigidos por la ley: Aliansalud, Anas wayuu EPSI, EPM y Salud Mía. Entre las cuatro reunían 641.713 afiliados, poco más del 1% de la población asegurada. Esto significa que 98,76% de los afiliados estaba vinculado a una aseguradora que no cumplía todos los requisitos mínimos de capital, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Estas condiciones son obligatorias desde el Decreto 780 de 2016.
De las 26 EPS con información completa, 17, equivalentes al 65%, terminaron 2025 con pérdidas operativas que sumaron 5,73 billones de pesos. Solo nueve registraron resultados positivos. Otro indicador muestra por qué las cuentas no logran equilibrarse. En promedio, las EPS gastaron 110% de los recursos que recibieron por cada afiliado mediante la UPC. Es decir, por cada 100 pesos destinados a financiar la atención, gastaron 110. Diecinueve entidades superaron el 100% de siniestralidad.
El informe también detectó excesos en los gastos administrativos. La norma establece un máximo de 10% de la UPC para el régimen contributivo y de 8% para el subsidiado. Sin embargo, A.I.C. EPSI reportó 10%, mientras Salud Bolívar llegó a 202,8% y el Fondo de Pensiones de Ferrocarriles Nacionales a 16%.
La situación de las EPS intervenidas pone en duda la efectividad de esas medidas. Coosalud, Savia Salud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud y SOS llevan entre uno y varios años bajo intervención forzosa. Ninguna logró corregir su situación y las seis cerraron 2025 con patrimonio negativo.
Para evaluar ese desempeño, la Contraloría aplicó la metodología Fenix, utilizada también por la Superintendencia. El modelo analiza el patrimonio frente a los activos, el nivel de endeudamiento y los resultados de la operación. Savia Salud presentó el caso más crítico. Sus pasivos superaron en más de 11 veces el valor de sus activos y el indicador pasó de -8,23 en 2024 a -10,73 en 2025.
Nueva EPS, la mayor aseguradora del país, tampoco pudo ser evaluada con esa metodología porque no contaba con estados financieros certificados y dictaminados de 2025 cuando se elaboró el informe. La entidad concentra más de 20% de los afiliados y permanece bajo intervención forzosa desde abril de 2024.
La Contraloría señaló además que hasta julio de 2026 Nueva EPS no había certificado sus cuentas de 2023 y 2024. El interventor Jorge Iván Ospina había prometido entregar los estados de 2025 en 15 días, pero más de un mes después del plazo esos documentos todavía no estaban disponibles.
Aunque sus cuentas completas no estaban certificadas, sí pudo establecerse su deuda: pasó de 22,18 billones de pesos en 2024 a 25,73 billones en 2025. En todo el sistema, la deuda con hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores llegó a 58,06 billones, mientras la correspondiente a operadores farmacéuticos subió de 2,85 a 3,80 billones.
