El Gobierno de Costa Rica pondrá en marcha un sistema de rotación de policías entre diferentes provincias del país como una medida destinada a evitar que los funcionarios desarrollen vínculos permanentes en determinadas comunidades que puedan facilitar acercamientos con organizaciones criminales o redes de corrupción.
La instrucción fue anunciada este miércoles por la presidenta Laura Fernández Delgado durante su conferencia de prensa semanal, después de señalar que había analizado las posibles “tentaciones de corrupción” a las que pueden estar expuestos algunos integrantes de los cuerpos de seguridad.
La mandataria indicó que la decisión fue tomada después de la reunión de Fuerza Élite celebrada el lunes y tras revisar aspectos relacionados con los contratos y las condiciones laborales de los oficiales.
“Vamos a instaurar un sistema de rotación de los policías”, anunció Fernández antes de explicar que el objetivo será trasladar temporalmente a funcionarios de una provincia hacia otra para evitar que permanezcan durante largos períodos en un mismo territorio.
Como ejemplo, la presidenta señaló que policías destacados en Guanacaste podrían ser enviados durante tres meses a Heredia, mientras que funcionarios de Heredia se trasladarían a Guanacaste. También mencionó intercambios entre Cartago y Limón.
“No quiero policías arraigados en las comunidades defendiendo intereses que no sean los de la Seguridad Nacional”, afirmó la mandataria al dar la orden a los jerarcas encargados de los distintos cuerpos de seguridad.
La disposición, según Fernández, no estará limitada únicamente a la Fuerza Pública. La presidenta aseguró que la rotación deberá alcanzar a integrantes de la Policía Penitenciaria, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y a funcionarios pertenecientes a las distintas divisiones del Ministerio de Seguridad Pública.
“Aquí no voy a distinguir, desde el más pintado de los pintados se va a someter a esta instrucción”, manifestó.
La mandataria sostuvo además que, tras analizar la situación jurídica, considera que el mecanismo de rotación es viable.
“Es jurídicamente viable y no quiero redes de corrupción tentando a los policías costarricenses si puedo establecer un sistema de rotación en todo el territorio nacional”, agregó Fernández durante la conferencia.
Directores de cárceles también serán trasladados
La orden tuvo una reacción inmediata por parte del Ministerio de Justicia y Paz.
Las autoridades anunciaron que los 21 directores de los centros penitenciarios del país serían notificados este mismo miércoles sobre su traslado y que, en un plazo de ocho días, deberían encontrarse ejerciendo funciones en nuevos establecimientos penitenciarios.
El jerarca explicó que la medida busca impedir que los responsables de administrar los centros penales permanezcan durante años en una misma cárcel.
“No vamos a permitir que se afinquen en una cárcel”, señaló, antes de asegurar que encontraron casos de directores y policías que llevaban cuatro, cinco y hasta seis años trabajando en el mismo establecimiento penitenciario.
“De hoy en ocho días (...) ya van a estar en los nuevos centros penales que les va a tocar dirigir”, indicó.
Fernández solicitó además a los responsables de Seguridad, Justicia y la DIS presentar dentro de aproximadamente 15 días un informe sobre los avances alcanzados con la implementación de estas medidas.
Cerca de 200 policías bajo investigaciones preliminares
Otro de los datos revelados durante la conferencia fue que las autoridades mantienen investigaciones preliminares sobre aproximadamente 200 policías.
El Ministerio de Seguridad aseguró que está fortaleciendo su unidad anticorrupción y señaló que las denuncias realizadas por ciudadanos mediante la línea habilitada por la institución han contribuido a detectar posibles irregularidades.
Las autoridades aseguraron que tampoco quieren mantener en sus cargos a jerarcas que hayan sido complacientes frente a eventuales actos de corrupción dentro de las instituciones policiales.
La nueva política forma parte del discurso de “cero tolerancia” contra el crimen organizado que el Poder Ejecutivo colocó nuevamente en el centro de la conferencia semanal.
Fernández insistió en que el Gobierno busca combinar inversión en prevención, educación e infraestructura con acciones más fuertes contra el narcotráfico, contrabando, comercio ilícito y crimen organizado.
La mandataria incluso utilizó la nueva política de rotación policial para pedir públicamente al Poder Judicial que analice mecanismos similares para jueces y fiscales.
“¿Por qué no rotan a los fiscales? ¿Por qué no rotan a los jueces? ¿Por qué no establecen también rotaciones en el Poder Judicial?”, cuestionó Fernández.
La presidenta reiteró sus críticas hacia la infiltración del narcotráfico en instituciones públicas y aseguró que el fenómeno también alcanza a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo.
“El narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también de las policías del Gobierno. Y lo estoy persiguiendo”, declaró.
Según Fernández, combatir este tipo de situaciones requiere primero reconocer la existencia del problema y adoptar medidas para reducir las posibilidades de que organizaciones criminales establezcan relaciones permanentes con funcionarios públicos.
