Tegucigalpa, 14 sep (EFE).- Familiares, la Iglesia católica, defensores del medioambiente y organismos de derechos humanos reclaman justicia cuando se cumplen este lunes dos años del asesinato a tiros del ambientalista hondureño Juan López, mientras la ONU pide medidas para evitar nuevos ataques y esclarecer el caso.
Aunque existen avances judiciales y procesos abiertos contra varios implicados en el asesinato de López en el interior de su vehículo tras salir de una iglesia en Tocoa, en el departamento (provincia) caribeño de Colón, el obispo Jenry Ruiz advirtió que siguen de cerca el caso en los tribunales.
Es posible que a algunos "no les importe, pero los está viendo la Iglesia, la humanidad y la comunidad internacional sobre qué van a hacer en estos casos contra aquellos que han asesinado a la madre tierra y al hermano Juan López", dijo el obispo de Trujillo (Colón).
Juan López, quien además de ambientalista era concejal de la alcaldía de Tocoa por el ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y predicador católico, se oponía a un proyecto minero en un área de un parque nacional alegando la ilegalidad en la concesión de la explotación minera.
Este domingo López fue recordado en una misa en Tocoa con la asistencia de familiares y defensores del medioambiente, entre otros sectores.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) también instó este lunes al Estado de Honduras "a traducir las lecciones del caso del defensor ambientalista Juan López en medidas efectivas que prevengan nuevos ataques contra personas defensoras del medioambiente y de los derechos humanos en el país".
"OACNUDH reconoce importantes avances recientes en la investigación y judicialización de los responsables. Sin embargo, es importante que los esfuerzos se mantengan y permitan determinar la responsabilidad penal de todas las posibles personas involucradas y el esclarecimiento pleno de los hechos", indicó el organismo en un comunicado.
Las responsabilidades individuales, añadió, deben ser determinadas por las autoridades competentes mediante investigaciones rigurosas, expeditas y exhaustivas y procesos judiciales independientes, imparciales y respetuosos del debido proceso.
"El legado de Juan López exige honrar su vida, acompañar a su familia en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y exigir el cese de las causas que hicieron posible su asesinato. Defender los derechos humanos no debe costar la vida", expresó el representante de la OACNUDH en Tegucigalpa, Juan Carlos Monge.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) indicó, también en un comunicado, que "a dos años del cobarde asesinato del compañero Juan, su memoria no se apaga; en cada rincón del mundo donde se defiende la vida y el territorio frente a las garras de la ambición corporativa, su voz resuena alto junto a los gritos de la madre tierra".
Horas antes de su asesinato, el ambientalista había pedido al exalcalde de Tocoa Adán Fúnez, militante de Libre, que renunciara al cargo porque estaba incurriendo en delitos de presunta corrupción. Fúnez negó su implicación en el crimen y tras ser detenido la justicia hondureña le dictó prisión preventiva, con arresto domiciliario.
Por el asesinato de López también enfrentan juicio otros tres hombres, señalados como los presuntos autores materiales del crimen, pero activistas, familiares y otros sectores insisten en la necesidad de llevar también ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato.
