La reciente presentación del proyecto de presupuesto público 2027 por parte del Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que marcará los próximos cinco años: cómo ordenar las cuentas del tesoro público. Esta será una de las principales tareas del gobierno, luego de cinco años consecutivos de deterioro fiscal. Como ocurre en cualquier familia, la prioridad radica en que todo gasto debe responder a la capacidad de generar ingresos. En este caso, a la recaudación del país.
El deterioro fiscal tuvo un hito central en el rol del Congreso sobre la creación de gastos. Antes de pensar en algún cálculo, se debe recordar su inconstitucionalidad. Esto contradice al artículo 79 de la Constitución que señala que “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2022 desvirtuó ello y el Congreso anterior aprobó hasta más de 250 leyes que tendrían impacto fiscal, lo cual deja un pasivo muy peligroso: un gasto público cada vez más difícil de moderar.
Esta coyuntura fue la que recibió el gobierno que inició funciones en julio. Así, la nueva gestión del MEF anunció la presentación de demandas de inconstitucionalidad sobre 4 leyes, que podrían desequilibrar las cuentas públicas en los próximos años. Este mecanismo permite solicitar que el Tribunal evalúe si una norma contradice la carta magna y, de ser el caso, la deje sin efecto.
El MEF presentaría demandas por la ley que otorga beneficios a los trabajadores CAS y la ley que modifica los incentivos del CAFAE para funcionarios públicos en las regiones. El Consejo Fiscal estima que estas sumarían S/ 3.0 y S/ 2.6 mil millones de gasto cada año, respectivamente. A ello, se sumaría el Colegio de Economistas de Lima con demandas por las leyes que modifican las pensiones para maestros jubilados y para el personal militar/policial. Solo la primera, añadiría S/8.0 mil millones de gasto cada año.
En suma, tres de las leyes en mención añadirían S/13 mil millones al gasto. Incluso, dejando de lado la discusión sobre su inconstitucionalidad, ¿cómo financiarlo? Desde la recaudación, implicaría incrementar la tasa del IGV de 18% a 21% o duplicar el cobro a los contribuyentes del régimen MYPE Tributario. Difícil imaginar que alguna de estas opciones sea políticamente viable. Desde el gasto, implicaría dar de baja a todo el presupuesto del sector salud para compensarlo. Evidentemente, tampoco es una alternativa. Desde el uso de ahorros, implicaría que todo lo ahorrado por el Tesoro se esfume dentro de 7 años. Totalmente insostenible. En otras palabras, aprobar el gasto, como lo hizo el Congreso anterior, puede ser sencillo; no obstante, encontrar quién pague la cuenta, no lo es.
Más vale tarde que nunca: la decisión del MEF de frenar estas iniciativas es una señal en la dirección correcta y, sobre todo, una que hacía falta hace tiempo. Luego de un periodo muy inestable en el que 10 personas tuvieron a cargo el manejo del tesoro público entre julio 2021 y julio 2026, la institución parece haber recordado su misión como el guardián de las finanzas estatales.
Esto solo es un primer paso. Ahora, el Tribunal Constitucional dio un segundo paso al corregir su postura y establecer una regla más clara en la que Congreso no puede aprobar gasto sin la participación del Ejecutivo. Sin embargo, ello no termina por disipar los riesgos. De hecho, según 7 de cada 10 economistas encuestados por el IPE será poco o nada probable que el nuevo Congreso deje de presentar iniciativas con impacto presupuestal. En ese posible escenario, la postura del MEF marca la cancha y advierte al nuevo Congreso que la caja fiscal vuelve a tener quien la cuide.
En los próximos 5 años, recuperar el orden fiscal requerirá un trabajo activo del Ejecutivo. El MEF debe retomar su capacidad para contener iniciativas sin sustento, priorizar el uso de los recursos hacia urgencias como inseguridad y la contención del FEN Costero, así como hacer cumplir todas las reglas fiscales. En conjunto, todo ello le permitirá recuperar la credibilidad y el peso político que tuvo.
En el primer mes de la nueva gestión, el MEF recordó su misión; en adelante, el reto no solo será no volver a olvidarla, sino mejorar la gestión de los recursos de todos los peruanos.
