La Fiscalía General de Cuba comunicó que más de 460 procesos penales han sido abiertos durante 2025 y la primera mitad de 2026 por delitos relacionados con el sistema eléctrico nacional. Estos procedimientos se han iniciado en un periodo marcado por dificultades en la infraestructura energética de la isla, en medio de un contexto de restricciones y falta de inversiones que han incidido en la prestación del servicio eléctrico.
El informe oficial indica que, desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular resolvió que los actos vandálicos que afecten componentes, piezas o entidades vinculadas al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) pueden ser considerados como sabotaje. Según el Código Penal cubano, los artículos 125 y 126 prevén penas que pueden ir desde siete hasta treinta años de prisión, pasando por la privación perpetua de libertad o, en casos extremos, la pena de muerte para quienes sean declarados culpables de este delito. De acuerdo con la información proporcionada por EFE, la calificación de estos hechos y las sanciones han sido parte de una respuesta institucional a la situación actual.
En lo que va de 2026, la mayoría de quienes han sido juzgados por hechos ilícitos contra el SEN han recibido penas de entre nueve y 20 años de privación de libertad. El comunicado de la Fiscalía señala que para el 87% de los acusados se ha impuesto la medida cautelar de prisión provisional, recomendándose sanciones consideradas severas en función de la gravedad de los hechos y de las consecuencias para la población.
Tipos de delitos y regiones más afectadas
Entre los delitos registrados, la Fiscalía menciona la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores y de piezas de torres de alta tensión como los más frecuentes. De acuerdo con los datos oficiales, estos hechos han dado lugar a más de 300 denuncias entre mayo del año pasado y los primeros meses de 2026. Las provincias donde se ha reportado mayor número de casos incluyen Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.
También se han identificado episodios de corte y robo de cables, alambres y tornillos de la red de distribución eléctrica, así como afectaciones en parques solares fotovoltaicos. El informe puntualiza, según recogió EFE, que en ciertos incidentes, algunos de los autores han perdido la vida al intentar estos actos, ya que las líneas se encontraban energizadas en ese momento.
Las sanciones impuestas por estos delitos no solo contemplan la privación de libertad. La Fiscalía indica que los bienes utilizados o provenientes de la actividad delictiva, como vehículos y maquinaria agrícola, pueden ser objeto de decomiso o confiscación.
Contexto de crisis energética y respuesta institucional
La isla enfrenta un escenario complejo en materia energética desde mediados de 2024, con una infraestructura eléctrica considerada obsoleta y sin las inversiones necesarias para su modernización. Esta situación se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, que ha limitado la importación de crudo. Durante este periodo, Cuba ha experimentado doce apagones generales en cerca de dos años, de los cuales siete han ocurrido en 2026.
La Fiscalía sostiene que el enfrentamiento a los delitos contra el SEN constituye una prioridad en el actual contexto, ya que afectan no solo la generación y distribución eléctrica, sino también otros servicios esenciales como el abasto de agua, las comunicaciones y el transporte. El comunicado hace referencia al llamado “cerco energético” como un factor que incrementa los desafíos del sistema.
En conclusión, los procesos penales relacionados con delitos contra el sistema eléctrico han cobrado relevancia en un entorno de crisis energética. Las autoridades han implementado medidas judiciales y preventivas, con el objetivo de resguardar la operatividad de servicios considerados fundamentales para la vida cotidiana en Cuba.
