A través de sus redes sociales, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle cuestionó la imputación de cargos contra su hermano, Miguel Andrés Quintero, al que la Fiscalía General de la Nación señaló de manera formal como el presunto determinador de una red de corrupción en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva); en el que se habrían destinado casi $18.000 millones.
Quintero, que también afronta un proceso en el ente investigador por caso Aguas Vivas, por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con el lote en el sector de El Poblado, indicó en su mensaje que en estos casos existe una presunta persecución en su contra, con el fin de sacarlo del panorama político; motivo por el cual anunció el inicio una “batalla” para defenderse.
“Sin una sola prueba la fiscalía imputó a mi hermano. Es la misma fiscalía de Medellín que trató de condenarme sin pruebas y cuya imputación politizada terminó anulada. Vamos a dar la batalla juntos y a evidenciar una a una las mentiras en este proceso”, afirmó el exmandatario, que recientemente fue cobijado con la medida de una jueza de la República anular la imputación de cargos en curso.
En el proceso contra Miguel Quintero, es oportuno remarcar que le fueron endilgados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. En la misma diligencia fueron vinculados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector del Amva; Vanesa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad; y, del mismo modo, Sebastián de Dios Ortega Urán.
La Fiscalía atribuyó a Miguel Quintero un papel de determinador
El caso se relaciona con seis contratos suscritos entre el Amva y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por $17.656 millones. Por ello, la Fiscalía sostuvo que existía “un acuerdo destinado para obtener una contraprestación económica ilícita del 15% del valor total de los contratos” como condición para adjudicarlos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Así quedó expuesto ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Garantías de Medellín y según la argumentación, la estructura administrativa del Amva habría sido utilizada para facilitar esas operaciones. Miguel, que no era funcionario, habría intervenido por medio de servidores y contratistas de la entidad para incidir en decisiones contractuales y obtener beneficios.
