El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso prevé menos recursos para universidades, organismos científicos y personas con discapacidad. También elimina la actualización automática de la AUH y ratifica el equilibrio fiscal como prioridad económica.

El proyecto de Presupuesto 2027, enviado a la Cámara de Diputados, estipula un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar de $1.847,60 para diciembre del próximo año. En paralelo, propone cambios y recortes que afectan a sectores que ya vienen soportando el ajuste desde diciembre de 2023.

Discapacidad, universidades, ciencia y tecnología y las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) aparecen entre los principales sectores afectados por el proyecto. Mientras el Ejecutivo sostiene la necesidad de preservar las cuentas públicas, la propuesta reduce o flexibiliza mecanismos de actualización de recursos y prestaciones.

Las proyecciones macroeconómicas también plantean interrogantes. Para 2026, el Gobierno había estimado una inflación del 10,1%, pero en los primeros ocho meses del año el acumulado llegó al 21,3%, más del doble de lo previsto.

Discapacidad, otro frente del ajuste

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan el financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La iniciativa elimina la actualización mensual y automática de los aranceles a prestadores según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, propone que el nomenclador de prestaciones básicas deje de establecer valores universales. En su lugar, cada obra social o empresa de medicina prepaga podría fijar sus propios aranceles, siempre dentro de un piso mínimo de prestaciones comunes.

El texto también reemplaza las actualizaciones mensuales por una pauta trimestral de carácter discrecional. De esta manera, los prestadores quedarían sujetos a un esquema de actualización menos frecuente y sin una vinculación automática con la inflación.

Otro de los cambios se relaciona con el acceso a las pensiones por invalidez laboral. La propuesta vuelve a establecer un criterio predominantemente médico para su otorgamiento, en lugar de considerar la discapacidad desde una perspectiva vinculada con las barreras sociales y del entorno, como plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

El proyecto elimina, además, el Certificado Único de Discapacidad como herramienta para acceder a estas pensiones y establece la incompatibilidad entre el beneficio y el trabajo formal. Si se aprueba en los términos enviados por el Ejecutivo, cualquier alta laboral o tributaria extinguiría la pensión, incluso en situaciones en las que actualmente resulta compatible con el empleo o el monotributo.

Universidades, una diferencia de $4 billones

El Presupuesto 2027 contempla $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales. La cifra queda por debajo de los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para sostener el sistema durante el próximo año.

La diferencia de recursos fue cuestionada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, quien señaló que el proyecto profundiza el desfinanciamiento universitario y no incorpora los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.

El cálculo del CIN incluye salarios de docentes y no docentes con recomposición, investigación, equipamiento, hospitales universitarios y becas, entre otros gastos necesarios para el funcionamiento de las instituciones.

Según un relevamiento del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el ajuste acumulado en el sistema universitario alcanza el 25% en comparación con el presupuesto de 2023. El organismo señaló que, aunque algunas partidas aumentan respecto de 2026, continúan muy por debajo de los niveles de hace tres años.

Bartolacci advirtió que las universidades ya funcionan con recursos limitados y que una nueva reducción agravaría la situación. En este marco, el CIN anticipó que en octubre se realizará una nueva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto se desarrolla mientras el Gobierno mantiene su negativa a actualizar los salarios docentes y no docentes de acuerdo con la inflación acumulada. Los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 30%, mientras que en la última reunión paritaria el Ejecutivo ofreció un aumento del 3%.

También continúan los cuestionamientos por los fondos destinados al mantenimiento edilicio, los servicios básicos y las becas estudiantiles. Las universidades sostienen que las partidas operativas no se actualizan de acuerdo con las obligaciones previstas en la legislación vigente.

Ciencia y tecnología, con partidas por debajo de la inflación

Los organismos científicos y tecnológicos también enfrentarán un deterioro de sus recursos si el proyecto se aprueba sin modificaciones. Aunque algunas partidas presentan aumentos nominales, estos resultan inferiores a la inflación proyectada por el propio Gobierno.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibirá apenas un 0,2% más que en 2026, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) tendrá una reducción nominal del 6,6%.

En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el presupuesto pasará de $743.681 millones en 2026 a $824.539 millones en 2027. El incremento del 10,9% quedaría por debajo de la pauta inflacionaria del 18% prevista para el próximo año.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) recibirá $4.712 millones menos que en 2026, lo que representa una reducción nominal superior al 5% y una caída real estimada en más del 19%.

En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los recursos pasarán de $360.124 millones a $315.538 millones. La disminución nominal del 12,4% se traduce en un ajuste real del 25,8%.

El proyecto elimina la movilidad de la AUH

El ajuste también alcanza a las prestaciones sociales. El proyecto de Presupuesto 2027 deroga tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares establecido por la Ley 27.160, que vincula la actualización de estos beneficios con el índice de inflación.

La modificación afecta el mecanismo de movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las prestaciones por discapacidad, entre otras asignaciones no contributivas. También podría alcanzar beneficios vinculados con nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar.

Hasta ahora, estas prestaciones se actualizaban mensualmente de manera automática, en función de la movilidad previsional. Si el proyecto avanza tal como fue presentado, el Ejecutivo podrá definir los aumentos de manera discrecional o mantener los montos congelados, puesto que la nueva redacción no establece un parámetro concreto de actualización.

La eliminación de la movilidad implica que las familias beneficiarias dejarían de contar con un mecanismo automático de recomposición frente a la inflación.

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