El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) constituye el piso de ingresos que la legislación laboral argentina garantiza a todo trabajador en relación de dependencia que cumpla una jornada legal completa. Su función va más allá de la remuneración individual: actúa como parámetro de referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones por desempleo y subsidios del Estado, lo que lo convierte en una variable con incidencia directa sobre una franja amplia de la población.
La fijación del SMVM está a cargo del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un organismo tripartito integrado por representantes del Estado, las centrales sindicales y las cámaras empresarias. La ley prevé que el valor sea acordado entre las partes en sesiones plenarias del Consejo; sin embargo, cuando el diálogo no arroja resultados, la atribución de fijar el monto recae en el Poder Ejecutivo nacional.
Ese mecanismo de intervención directa del Estado se volvió recurrente en los últimos años. Desde hace más de dos años, las sucesivas rondas de negociación entre sindicatos y empleadores han concluido sin consenso, y el Gobierno ha debido establecer los montos de forma unilateral. El nuevo esquema aprobado en septiembre de 2026 no es la excepción y proyecta una escala de actualizaciones que se extiende hasta abril de 2027.
De cuánto será el salario mínimo en septiembre 2026
Mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó el nuevo piso salarial ante la ausencia de acuerdo. El texto oficial estableció: “A partir del 1° de septiembre de 2026, en pesos trescientos ochenta y tres mil ochocientos ($383.800) para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo”.
La norma fue firmada por Claudia Silvana Testa, en su carácter de presidenta alterna del Consejo, y alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos del Estado nacional que actúen como empleadores. En los casos de jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial, la percepción será proporcional, y quedan excluidas las asignaciones familiares.
Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora quedó establecido en $1.919 en septiembre. El monto anterior, vigente en agosto, era de $376.600, producto de una suba de 1,13% respecto de julio, un ajuste que había quedado por debajo de la inflación mensual de ese mes, registrada en 2,1%.
Cómo evolucionará el salario mínimo
La resolución establece una escala escalonada que rige hasta abril de 2027. Para lo que resta de 2026, el SMVM ascenderá a $391.200 desde octubre, $398.800 desde noviembre y $406.400 desde diciembre. En los primeros meses del año próximo, la progresión continuará con $414.200 a partir de enero de 2027, $422.000 desde febrero, $429.600 desde marzo y $437.000 desde abril.
El valor de la hora para trabajadores jornalizados seguirá la misma lógica ascendente: $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre de 2026. En 2027, pasará a $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril, cuando concluye el esquema fijado por la norma.
La resolución también estableció criterios para la prestación por desempleo prevista en el artículo 118 de la ley 24.013. Según el artículo 2 de la norma, esa prestación equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese. A su vez, fijó que en ningún caso podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100% de ese valor.
Cómo fue la negociación por el salario mínimo
La última reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se realizó el viernes 28 de agosto de forma virtual, pese al reclamo gremial de que el encuentro fuera presencial. La sesión terminó sin acuerdo y reprodujo la dinámica que se repite desde hace más de dos años en ese espacio tripartito.
Durante la comisión técnica previa al plenario, las tres centrales obreras —la CGT y las dos CTA— presentaron una propuesta unificada que reclamaba llevar el salario mínimo a $911.000 en julio y a $993.000 en diciembre, al tomar como referencia el valor de la canasta básica familiar, ubicada en $1.564.716. Los propios dirigentes sindicales reconocieron que esa cifra no tenía posibilidades de ser aceptada por el Gobierno.
El cotitular de la CGT, Jorge Sola, del gremio de Seguros, calificó de insuficiente la propuesta empresaria y señaló que el monto ofrecido “ni siquiera alcanzaba para comprar un kilo de pan”. En la misma línea, Cristian Jerónimo, también cotitular de la central y referente del sindicato de empleados del vidrio, adelantó que el sector gremial no avalaría la oferta patronal. Con esa postura, la CGT y las dos CTA se retiraron antes de la realización del plenario.
Del lado empresario, la representación estuvo encabezada por la Unión Industrial Argentina (UIA), junto con entidades como la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cámaras de los sectores hotelero, gastronómico y agrario. Su propuesta contemplaba una suba de 1,8% para septiembre y aumentos de 1,7% mensual entre octubre y abril de 2027, lo que hubiera llevado el SMVM a $468.000 en ese último mes. Esa cifra concentró el mayor rechazo sindical.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el Poder Ejecutivo volvió a asumir la decisión de manera unilateral, tal como lo había hecho en noviembre del año anterior, y dispuso la escala de aumentos escalonados que rige desde el 1° de septiembre. Los sindicatos también reclamaron durante la negociación la reactivación de las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad del Consejo del Salario, que consideran necesarias para debatir la situación del mercado laboral.
