El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella sigue enfrentando una oleada de críticas tras exhibir en bolsas blancas a 23 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que murieron durante un operativo militar realizado en el departamento del Guaviare.
El turno fue para la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz que cuestionó la manera en la que el mandatario nacional presentó los cadáveres a la opinión pública. Incluso, en un video difundido por el Ministerio de Defensa, se muestra al jefe de Estado caminando entre ellos, lo que generó reacciones a favor y en contra.
La funcionaria señaló que, aunque las muertes en el conflicto no es un episodio nuevo, el Estado debe proteger y aplicar la justicia sin caer en prácticas que, en sus palabras, puedan deshumanizar y erosionar su legitimidad.
“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, manifestó Marín.
Así mismo, la defensora pidió al Estado y al Gobierno para evitar que se convierta en una competencia de poder contra los grupos al margen de ley, al considerar que la sociedad colombiana podría salir perjudicada.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder. El Estado está en el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, comentó.
A su vez, Marín Ortiz manifestó que sus críticas no desconocen los lineamientos de las Fuerzas Militares, sino a la forma de comunicación de los resultados operacionales.
En su pronunciamiento, la defensora del Pueblo citó a la Constitución Política y el ordenamiento jurídico para recalcar el derecho a la vida, y ahondó en sus críticas hacia el presidente De la Espriella tras la disposición de un portal web en la que mencionan la cifra de milicianos abatidos en su mandato.
“Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico”, criticó.
Por ello, Iris Marín hizo un llamado al Ejecutivo a que se valoricen indicadores de seguridad que prioricen vidas salvadas y derechos garantizados, evitando repetir errores del pasado, específicamente de las ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como “falsos positivos”.
“La humanidad aprendió, después de guerras y violencias extremas, que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recalcó.
Igualmente, la funcionaria instó que “no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte convierta en una, se convierta en una forma de exhibir autoridad”.
Finalmente, resaltó que la autoridad estatal se fortalece no por miedo, sino por confianza, manteniendo siempre la dignidad humana incluso frente a adversarios.
“El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y, sobre todo, la humanidad”, concluyó.
La acción, denominada ‘Operación Azarías’, se desarrolló el 30 de agosto de 2026 en Miraflores, Guaviare, en un golpe contra el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, estructura al mando de alias Iván Mordisco.
El balance oficial fue de 23 muertos y seis capturados, así como la recuperación de dos menores de edad que quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Entre los abatidos figura alias Tigre o Pintado, señalado por el presidente como cabecilla del frente mencionado, siendo uno de los hombres de confianza del jefe del Estado Mayor Central (EMC).
Igualmente, la fuerza pública logró la incautación de 28 fusiles, cuatro ametralladoras y tres pistolas, además de explosivos y material de guerra.
