La Defensoría del Pueblo rechazó los ataques contra la fuerza pública en Cajibío e Inzá, Cauca, y advirtió que los hechos profundizan el temor y la exposición al riesgo de las comunidades que viven en ambos municipios. En una comunicación difundida el 6 de septiembre, la entidad pidió reforzar las medidas de prevención y protección.
El episodio de mayor impacto ocurrió en el corregimiento El Carmelo, en jurisdicción de Cajibío, donde fue atacada una subestación de Policía. Como resultado, tres uniformados resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica. La Defensoría expresó solidaridad con los uniformados afectados y manifestó su expectativa de que se recuperen.
En Inzá, el organismo confirmó un ataque contra unidades del Ejército Nacional. Según la información que conoció la entidad, no hubo personas lesionadas y la situación quedó bajo control de las autoridades.
La Defensoría sostuvo que estos hechos no afectan solo a los integrantes de la fuerza pública. Los ataques también elevan la amenaza sobre los habitantes de zonas rurales y poblados cercanos a las instalaciones oficiales, donde la población queda expuesta a posibles confrontaciones, explosiones y hostigamientos.
El ataque en El Carmelo dejó tres policías heridos
La agresión contra la subestación de Policía de El Carmelo volvió a concentrar la atención sobre la situación de orden público en Cajibío. La información entregada por la Defensoría indica que los tres agentes heridos fueron trasladados para recibir asistencia médica.
La entidad no atribuyó de forma directa la acción a una estructura armada específica. No obstante, recordó que en este municipio existen factores de riesgo previamente identificados, entre ellos los hostigamientos contra la fuerza pública y el empleo de artefactos explosivos lanzados desde drones.
El uso de este tipo de dispositivos ha sido incluido por el organismo dentro de sus advertencias sobre el deterioro de las condiciones de seguridad. Los ataques con drones pueden alcanzar estaciones policiales, unidades militares u otros puntos ubicados cerca de áreas habitadas, lo que amplía el peligro para civiles.
En Inzá, el ataque contra el Ejército no dejó heridos, de acuerdo con el pronunciamiento. La Defensoría precisó que la situación fue controlada, aunque insistió en que el episodio se suma a un escenario de violencia que mantiene bajo presión a las comunidades de esa zona del departamento.
Las alertas tempranas ya habían advertido sobre Cajibío
La Defensoría del Pueblo afirmó que los riesgos en Cajibío habían sido comunicados de manera reiterada a las autoridades. Entre los documentos citados figuran las Alertas Tempranas 007 y 036 de 2023, así como el Informe de Seguimiento 008 de 2026 sobre la Alerta Temprana 007-23.
En este último reporte, la entidad señaló un empeoramiento de la seguridad y describió afectaciones sobre la población civil. El documento incluyó como parte del contexto la ocurrencia de hostigamientos y el uso de explosivos transportados por drones.
Las alertas tempranas son mecanismos mediante los cuales la Defensoría identifica riesgos de vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. A partir de esos análisis, el organismo formula recomendaciones para que las entidades nacionales, departamentales y municipales adopten respuestas de prevención.
La institución recordó que sus advertencias buscaban anticipar los efectos de las dinámicas armadas sobre los habitantes de Cajibío. Los nuevos ataques, según su postura, refuerzan la necesidad de aplicar las medidas recomendadas antes de que se produzcan nuevas afectaciones.
La entidad pidió respetar el derecho internacional humanitario
En su comunicado, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que suspendan las acciones que exponen a los civiles. También exigió el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario, con énfasis en los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.
El principio de distinción obliga a diferenciar entre objetivos militares y población civil. La precaución exige adoptar medidas para evitar o reducir daños a personas que no participan en las hostilidades. La proporcionalidad prohíbe ataques que puedan ocasionar perjuicios excesivos a civiles frente a la ventaja militar concreta que se pretenda obtener.
La entidad advirtió que los ataques en Cajibío e Inzá “generan temor y ponen en riesgo a las comunidades que habitan estos territorios”. Por esa razón, pidió que las estructuras armadas detengan las acciones que puedan afectar a la población.
El llamado a las autoridades nacionales
La Defensoría también solicitó a las autoridades nacionales y locales que adopten y fortalezcan las acciones de prevención y protección frente a los riesgos señalados en sus informes. El pedido abarca la atención oportuna de las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas.
El organismo no detalló nuevas medidas específicas tras los ataques del 6 de septiembre. Asimismo, anunció que mantendrá el monitoreo de la situación y el acompañamiento a las comunidades de Cajibío e Inzá, mientras persistan las condiciones de riesgo que había identificado en sus advertencias.
