Hace poco más de veinte años, el inicio de la operación comercial de Camisea, cuyo desarrollo ha contado con la participación de diversos inversionistas y con Pluspetrol como operador del yacimiento, cambió de manera profunda la matriz energética del Perú. El gas natural permitió sustituir combustibles más caros, reducir costos para hogares y empresas, mejorar nuestra competitividad energética y fortalecer las cuentas externas y fiscales del país. Hoy, cuando corresponde discutir una nueva etapa para el sector energético peruano, es evidente lo que Camisea puede generar cuando existen recursos, inversión, infraestructura y reglas que permiten su aprovechamiento.
Entre 2004 y 2025, el impacto directo, indirecto e inducido asociado a Camisea alcanzó alrededor de S/ 198 mil millones, equivalente en promedio a cerca del 2% del PBI peruano. A ello se suma un efecto todavía más visible para los usuarios. La sustitución de combustibles más caros permitió acumular ahorros estimados en S/ 511 mil millones para consumidores eléctricos, industrias, comercios, transportistas y hogares. Esta no se trata únicamente de una cifra macroeconómica, sino el reflejo de menores costos de producción, transporte y consumo que han gozado los consumidores peruanos. Reflejándose en la competitividad de las empresas y en el ingreso disponible de las familias.
El impacto también se observa en la seguridad energética y en las cuentas externas. En 2025, el gas de Camisea explicó 35% de la generación eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Al mismo tiempo, la sustitución de importaciones de combustibles y las exportaciones vinculadas al proyecto han contribuido en promedio con cerca de US$ 3.5 mil millones anuales a la balanza comercial. En un país que todavía importa una parte importante de los combustibles que consume, disponer de un recurso doméstico competitivo constituye una ventaja estratégica que no deberíamos dar por descontada.
Camisea también ha sido una fuente importante de recursos fiscales. Entre regalías e impuesto a la renta, su contribución superó los S/ 70 mil millones desde su puesta en marcha. A través del Canon Gasífero y el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) se transfirieron S/ 42.3 mil millones a gobiernos regionales y locales. En la actualidad el reto ya no es solamente cuánto dinero se transfiere ni cuánto se ejecuta. Por ejemplo, en 2025, Cusco, La Convención y Megantoni registraron niveles de ejecución superiores al 87%. El desafío pendiente es más exigente pues apunta a convertir esos recursos en mejores servicios públicos, infraestructura productiva y capacidades que sobrevivan a la explotación del recurso.
Después de más de dos décadas, la discusión no debería limitarse a cuánto aportó Camisea. La pregunta relevante es cómo aprovechar mejor la base energética que el país ya construyó. Y aquí hay varias tareas pendientes. La primera es acelerar la masificación del gas natural. El acceso ha avanzado, pero todavía existe una brecha considerable de adopción entre las regiones y entre los distintos segmentos de consumidores. La segunda es crear condiciones para promover nuevas inversiones en exploración. Sin nuevas reservas, cualquier estrategia de masificación o seguridad de suministro enfrenta un límite evidente. A ello debe agregarse infraestructura de transporte, distribución y almacenamiento de respaldo, porque disponer del recurso en el subsuelo sirve de poco si no existen los medios para llevarlo hacia donde se requiera.
También necesitamos reglas claras y predecibles. Los proyectos energéticos son intensivos en capital, tienen horizontes largos y requieren decisiones que toman muchos años antes de recuperar la inversión. La predictibilidad regulatoria no significa reducir estándares técnicos, sociales o ambientales. Significa precisamente lo contrario: establecerlos con claridad, aplicarlos de manera consistente y contar con procesos administrativos eficientes. La incertidumbre regulatoria también tiene un costo, aunque normalmente no figure en el presupuesto público.
Finalmente, el país debe vincular mejor su política energética con su política de desarrollo territorial. El Canon y el FOCAM han generado recursos importantes para las regiones beneficiarias, pero la discusión debe pasar de la disponibilidad de dinero a la calidad del gasto. Agua, saneamiento, conectividad, educación, salud e infraestructura productiva son mecanismos mucho más efectivos para transformar una renta temporal de recursos naturales en bienestar permanente.
Camisea ha habilitado una de las transformaciones económicas y energéticas más importantes del Perú en su historia. Pero los éxitos del pasado no garantizan los resultados del futuro. Contamos con recursos, infraestructura, experiencia empresarial y una demanda que puede seguir creciendo. El desafío ahora es diseñar mejores políticas públicas con visión de largo plazo que permitan aprovechar esa ventaja para fortalecer la seguridad energética, elevar la competitividad y llevar los beneficios del gas natural a más peruanos. Esa es la agenda que debería ocuparnos durante los próximos años.
