Madrid, 1 sep (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para repartir 432 millones de euros entre las comunidades autónomas de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra) para financiar programas de interés social.
Se trata del importe recaudado en la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre sociedades y que asciende en concreto a 432.818.240 euros, un 15 % más que el año pasado, según ha informado este Ministerio en una nota de prensa.
En la convocatoria de 2024 (la última de la que se tienen datos) se financiaron más de 10.000 proyectos, todos dirigidos a la atención directa a la ciudadanía. Se atendió, entre otros, a colectivos de personas con discapacidad, pueblo gitano, personas mayores, infancia y familia.
Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos que incluyen, entre otros, la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales y las tasas de envejecimiento o discapacidad.
Además se garantiza un porcentaje fijo para La Rioja (1,02 %), Ceuta (0,80 %) y Melila (0,81 %). Según el Ministerio, se hace una excepción con estos territorios para garantizar un mínimo.
Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
A partir de ese trámite, serán los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.
Las organizaciones que podrán beneficiarse de estas subvenciones serán las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias autonómicas.
Las convocatorias aprobadas por las distintas comunidades autónomas van destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social de las personas en situación de pobreza o exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.
El acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) de junio de 2021 establece un sistema de distribución de dos tramos: uno estatal con el 20 % de la recaudación y un tramo autonómico con el 80 % de la recaudación, que se transfiere a las comunidades de régimen común.
Este acuerdo tenía previsto un periodo de vigencia de cinco años, que expiró el pasado mes de junio.
Ante esta situación, y atendiendo a los buenos resultados que se han obtenido con este modelo, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulsó y se consiguió un acuerdo de prórroga por 2 años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028 (que incluye la ejecución de los programas en el año 2029). EFE
