Un juez de control con sede en el Estado de México dictó este sábado 5 de septiembre prisión preventiva en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como presuntos responsables del multihomicidio cometido el 1 de septiembre contra el tecladista de Camilo Séptimo Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y la trabajadora del hogar contratada por la familia, identificada como Aleyda “N”. El ataque ocurrió en un departamento del Fraccionamiento Residencial Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.
La jueza del caso impuso esa medida cautelar tras casi nueve horas de audiencia inicial, que concluyó antes de las 23:00 horas de este sábado debido a varios recesos. La juzgadora otorgó un plazo de 144 horas para definir si los imputados son vinculados a proceso, decisión que se tomará en una comparecencia programada para el 9 de septiembre a las 9:00 horas.
Mientras tanto, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” deberán permanecer en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos.
La audiencia se celebró en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla
La audiencia inicial de formulación de imputación, programada para las 12:30 horas de este sábado, sufrió un retraso antes de celebrarse en los juzgados ubicados dentro del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, también conocido como el penal de Barrientos.
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” -identificado como el chofer del primero- permanecieron a disposición de la autoridad judicial desde su detención el 2 de septiembre, ocurrida en dos puntos distintos del Estado de México.
Durante la diligencia, el Ministerio Público expuso los datos de prueba recabados a lo largo de la investigación; entre ellos estarían los registros de videocámaras de seguridad del fraccionamiento, los testimonios de testigos presenciales y los indicios asegurados en el vehículo KIA que habrían usado los agresores para ingresar a la vivienda de las víctimas.
Con base en ese material, el juez determinó que existían elementos suficientes para imponer la prisión preventiva justificada y declaró legal la detención de ambos.
La investigación reveló que los agresores buscaban una caja fría con bitcoins
Actos de investigación establecieron que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” prepararon el ataque desde el 31 de agosto, un día antes del multihomicidio, cuando el primero le instruyó al segundo conseguir cinchos, cinta adhesiva industrial, guantes y otros insumos utilizados después para maniatar a las víctimas.
La Fiscalía determinó que ambos suponían que la familia guardaba en el departamento una caja fría con cantidades millonarias de dólares en bitcoins.
De acuerdo con un comunicado oficial, una vez obtenidos esos recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” dos millones de pesos “por la ayuda” prestada durante el operativo criminal.
El arma utilizada para privar de la vida a las víctimas estaba provista de un silenciador, y el propio Diego Sebastián “N” reconoció ante las autoridades que la desensambló y aventó a una barranca tras cometer el ataque.
Testigos también refirieron que, horas después del multihomicidio, Diego Sebastián “N” acudió a un restaurante ubicado en la avenida Mixcoac, en la Ciudad de México, con la intención de comer tacos, y al no encontrar servicio disponible, se retiró hacia la colonia Del Valle. Ese local de comida sería El Charco de las Ranas.
Los abogados de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” solicitaron ante el juez de control la duplicidad del término constitucional, mecanismo previsto en la legislación penal que permite extender el plazo original de 72 horas hasta 144 horas para que la defensa prepare sus argumentos antes de que se resuelva sobre la vinculación a proceso.
Los detenidos enfrentan tres delitos distintos por el ataque
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” enfrentan cargos por homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, delito que contempla una pena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima, de acuerdo con la legislación penal del Estado de México.
En el ataque también perdió la vida el perro de la familia, un golden retriever de aproximadamente un año de edad, mientras que un hijo de aproximadamente cinco años sobrevivió sin lesiones visibles y fue entregado a sus abuelos.
Ambos detenidos también enfrentan el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación que la esposa del músico llevaba al momento del ataque, con una pena que oscila entre 5 y 10 años de prisión.
A esto se suma el cargo por maltrato y crueldad a los seres sintientes, derivado de la privación de la vida del canino, delito que contempla una pena de 3 a 6 años de prisión.
La resolución final sobre la vinculación a proceso quedará sujeta al plazo ampliado que solicitó la defensa, mientras ambos detenidos permanecen en prisión preventiva justificada dentro del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla.
La Fiscalía reconstruyó la cronología del ataque, planeado un día antes
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” desde el 31 de agosto para conseguir cinchos, cinta adhesiva industrial, guantes y otros insumos utilizados después para maniatar a las víctimas.
El 1 de septiembre, a las 17:23 horas, las videocámaras del fraccionamiento captaron el ingreso de ambos a bordo de un vehículo KIA gris.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, Diego Sebastián “N” subió al departamento a las 17:24 horas, autorizado por la esposa de Jonathan Meléndez vía telefónica. La familia completa se reunió en el domicilio entre las 17:42 y las 19:28 horas, lapso en que también llegó el músico, acompañado de un amigo a quien le pidió esperarlo abajo por precaución.
A las 19:41 horas, una cámara captó a Diego Sebastián “N” en el estacionamiento, sin haber sido visto bajar por el elevador. Dos minutos después, el vehículo KIA salió del fraccionamiento con ambos investigados a bordo, tras amenazar al personal de seguridad para evitar la revisión del automóvil, de acuerdo con el testimonio recabado por el Ministerio Público.
El hallazgo de los cuerpos ocurrió la madrugada del 2 de septiembre, luego de que la policía municipal de Atizapán de Zaragoza notificara al Ministerio Público sobre cuatro personas sin signos vitales dentro del inmueble.
