Dio positivo en un control de alcoholemia mientras trabajaba en una obra, lo despidieron y deberá recibir más de 100 mil euros

Tras más de 30 años trabajando en una compañía, un obrero francés dio positivo en un control de alcoholemia durante su horario laboral y fue despedido. De todas maneras, el caso derivó en un extenso conflicto judicial que terminó favoreciendo al empleado.

Todo comenzó el 14 de octubre de 2020, cuando el hombre, que se desempeñaba como jefe de obra desde 1989, debió someterse a un control de alcoholemia por orden de un superior.

Cómo fue el control de alcoholemia que terminó con su despido

Aunque en un primer momento se negó, tras la insistencia de su jefe accedió a realizarse la prueba. El resultado fue positivo y, según se reconstruyó durante el proceso judicial, el trabajador reconoció haber consumido alcohol durante su jornada laboral.

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Luego del test, el obrero fue apartado de sus funciones de manera preventiva y, el 27 de octubre, 13 días más tarde, la empresa se contactó con él para comunicarle que había decidido despedirlo por falta grave.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el trabajador apeló la decisión y llevó el caso ante la Justicia francesa. Aunque su puesto implicaba distintas responsabilidades y riesgos dentro de una obra, el tribunal analizó principalmente la forma en la que se había realizado el control.

Por qué la Justicia consideró injustificado el despido

De acuerdo con el reglamento interno de la empresa, los controles de alcoholemia debían ser realizados con un alcoholímetro homologado y por personal habilitado y capacitado. Como si fuera poco, el empleado debía ser informado acerca de su derecho a impugnar el resultado del test.

En el juicio, la compañía no pudo demostrar que el aparato utilizado para el control cumpliera con la homologación exigida, que las personas que realizaron la prueba hubieran recibido la formación correspondiente ni que el trabajador hubiera sido informado de que podía cuestionar el resultado positivo.

Además, como la carta de despido se basó únicamente en ese control de alcoholemia, la situación fue determinante para la Justicia que, en abril de 2024, consideró que el despido había sido injustificado. Tras un recurso presentado por la compañía, la Corte de Casación lo rechazó en marzo de 2026.

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Ante esta situación, el tribunal determinó que el trabajador, que había reclamado 128.123 euros, debía ser indemnizado con 102.911 euros por salarios pendientes, falta de preaviso, indemnización por despido y daños y perjuicios.