Las nuevas Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la República empiezan a mostrar sus primeros movimientos políticos, pero también enfrentan cuestionamientos por prácticas que recuerdan a anteriores periodos parlamentarios. Una investigación presentada por Punto Final este 13 de setiembre reveló que diversos ‘padres de la patria’ contrataron en sus despachos a personas que previamente habían realizado aportes de dinero o especies a sus respectivas campañas electorales.
El informe llegó a esta conclusión luego de cruzar dos fuentes oficiales: los registros de aportes de campaña presentados ante la ONPE y las planillas oficiales del Congreso correspondientes al cierre de agosto. El contraste permitió identificar al menos una decena de casos en los que personas que contribuyeron a las campañas de determinados candidatos terminaron ocupando puestos de confianza en sus despachos una vez que estos llegaron al Parlamento, según la unidad de investigación de Latina Noticias.
Los cargos incluyen asesores, técnicos y auxiliares, con remuneraciones que, en algunos casos, superan los 14.000 soles mensuales. Frente a los cuestionamientos sobre un eventual conflicto ético o favoritismo en el uso de recursos públicos, los legisladores consultados defendieron las contrataciones y aseguraron que sus trabajadores fueron seleccionados por su perfil profesional, experiencia, capacidad o confianza.
Diputado Jesús Pérez contrató a un aportante por S/5.800
Uno de los primeros casos expuestos por Punto Final fue el del diputado por Apurímac Jesús Pérez Alccahuamán, de Juntos por el Perú. El legislador, de 38 años, es presentado en el reportaje como uno de los líderes de la Federación de las Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac y como una de las caras vinculadas a la minería informal en la Cámara de Diputados.
Pérez también integra la Comisión de Energía y Minas y, entre sus propuestas, busca la ampliación y expansión del REINFO. El parlamentario confirmó que José Gabriel Mendoza Salazar trabaja actualmente en su despacho como técnico. “Claro, es un técnico en mi despacho”, respondió Pérez cuando fue consultado por el periodista.
De acuerdo con la información presentada en el reportaje, Mendoza Salazar tiene un sueldo de 5.800 soles. Los registros de la ONPE muestran que realizó aportes por 5.226 soles a la campaña de quien actualmente ocupa un escaño como diputado. El dinero fue entregado en cuatro armadas.
Durante la entrevista, el legislador fue consultado inicialmente sobre si Mendoza había aportado a su campaña. Pérez respondió: “No”. Sin embargo, ante la precisión del periodista de que el aporte figuraba registrado en el sistema de la ONPE, finalmente reconoció: “No, ha, ha aportado, claro”.
El reportero le preguntó entonces si consideraba que podía existir una falta ética al contratar a alguien que había aportado a su campaña y darle un puesto de trabajo en el Congreso.
“Mmm, no. Yo para contratar a alguien veo desenvolvimiento”, contestó el diputado. Cuando se le pidió explicar qué desenvolvimiento había observado en Mendoza, respondió: “Claro, es una persona idónea de Apurímac, se desenvuelve y está acá”. El propio trabajador fue consultado sobre su aporte y confirmó que había entregado 5.200 soles durante la campaña. “Por supuesto, de forma voluntaria”, indicó.
También reconoció que venía colaborando con el actual diputado: “Eh, yo vengo, eh, colaborando, cooperando con él, sí”. Al ser consultado sobre si había trabajado anteriormente con Pérez en otro estamento político, respondió que no. Entonces surgió otra interrogante: ¿Cómo pudo el diputado conocer su desenvolvimiento profesional? Pérez respondió que Mendoza es un líder y destacó su trayectoria.
“Porque es un líder, es un líder, es un gran líder, como usted lo puede investigar, un apurimeño. Ahora lo va usted a ver. Es un gran líder”, afirmó. Y ante el cuestionamiento sobre la relación entre el aporte y la posterior contratación, sostuvo: “Cada cosa se separa. No podemos mezclar papas con camotes”.
Diputado Javier Cipriani niega que aporte haya motivado contratación
Otro de los casos corresponde al diputado por Lima Metropolitana de Renovación Popular, Javier Cipriani Zorr. El legislador contrató como asesor principal al abogado Jaime Augusto Vargas Montenegro, quien recibe un sueldo de más de 14.000 soles.
Según los registros de la ONPE citados en la investigación, Vargas Montenegro aportó 4.590 soles a la campaña de Cipriani.
El diputado defendió la designación y aseguró que Vargas cumple con las exigencias del puesto.
“Él es un abogado, eh, y curiosamente cumple todas las expectativas que tiene el cargo para ser mi asesor principal. Pero sobre todo es una persona que tiene mi confianza”, manifestó.
Cipriani sostuvo que su relación con Vargas se fortaleció porque se hicieron amigos y negó que el aporte haya sido determinante para contratarlo.
“Yo, en base a aportar a mi campaña, no es que por eso lo he contratado. Yo no sabía que había aportado, fíjate”, aseguró.
Incluso contó que, tras ser informado de la existencia del aporte, tuvo que preguntarle directamente a Vargas si había contribuido a su campaña.
“Entonces, sí ha aportado, mira, ve, yo no sabía. Eso no significa que como aportó, entonces le doy un trabajo. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra”, afirmó.
Cuando se le preguntó si consideraba que podía verse mal contratar a una persona que aportó dinero a su campaña, respondió: “Cuatro mil soles no, la verdad que no”.
Vargas Montenegro también rechazó cualquier irregularidad y sostuvo: “No hay nada que ocultar, todo ha sido transparente y, y las cifras son públicas”.
El abogado, además, explicó que su relación con Cipriani era anterior a la actual contratación.
“No, lo que ocurre es que lo siguiente, es que hay que ver la foto completa. Claro, efectivamente, él desconocía, porque yo no soy un aportante, eh, digamos, estos, este, que, un, un simple aportante. Yo he sido su representante. Yo, eh, he sido su representante legal”, señaló.
El periodista le preguntó si había sido su personero. Vargas confirmó y agregó que también fue responsable de cuentas durante los procesos electorales pasados.
“Eso, eh, te da una idea del equipo de trabajo que, eh, mantenemos ya de larga data”, concluyó.
Diputado Jair Manrique y las 50 cajas de preservativos para su campaña
La investigación también puso bajo la lupa al diputado Jair Manrique Olivera, de Ahora Nación, quien recientemente adquirió notoriedad por una disputa relacionada con oficinas en el Parlamento.
Manrique, representante de Lima Metropolitana, es uno de los integrantes más jóvenes de la nueva Cámara de Diputados. En su despacho contrató como técnico a José Miguel Escalante Llanos, bachiller en Ingeniería, con un sueldo de 8.300 soles.
Según la información presentada, Escalante aportó 2.050 soles a la campaña: 1.800 soles bajo el concepto de asesorías y otros 250 soles en especies.
El aporte en especies fue uno de los aspectos que más llamó la atención. En el reportaje se indicó que se trató de preservativos utilizados para la estrategia de campaña denominada “Ponte el casco”.
“Él aportó en especies, ¿no? Preservativos”, se señaló durante el informe.
Manrique explicó que Escalante es una persona capaz y destacó su formación profesional.
“Es una persona, eh, muy capaz. Es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Es una persona formidable y también, va, que conoce bastante de política”, afirmó.
Escalante no aceptó una entrevista para el reportaje. Sin embargo, desde el despacho del diputado se enviaron recibos que acreditaban, según la investigación, sus aportes a la campaña, incluyendo 50 cajas de preservativos para la estrategia “Ponte el casco”.
Diputada Jessica Navas contrató a aportante de S/6.300
La lista también incluye a la diputada por Ucayali de Fuerza Popular, Jessica Navas.
Según la investigación, Navas contrató en su despacho a Salomón Maceo Rivera como asesor dos, con un sueldo superior a 12.000 soles.
Los registros citados por Punto Final señalan que Maceo aportó 6.300 soles a la campaña de Navas.
El caso fue incluido dentro del grupo de parlamentarios cuyos despachos tienen actualmente entre su personal a personas que realizaron aportes durante sus campañas electorales.
Durante el reportaje también intervino Rubén Siguairo, técnico del senador Edgar Mancha, quien explicó que los aportes voluntarios son habituales durante las campañas.
“En la campaña hay muchas personas que sí aportan, ¿no? Hacen aportes voluntarios y eso es lo que se declara ante la ONPE y lo hace el contador”, manifestó.
Cuando se le preguntó si conocía que una de las personas había aportado a la campaña, insistió en que las colaboraciones forman parte de la dinámica electoral.
“Mira, todas las personas, inclusive del, del, del grupo humano de un, de un candidato, ¿no?, hacen colaboraciones voluntarias. Eso se da siempre, ¿no? En toda campaña”, sostuvo.
Exfuncionario del Congreso advierte sobre capacidad de trabajadores
El debate no quedó únicamente en las explicaciones de los parlamentarios. El reportaje recogió también la opinión del ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes, quien consideró que el problema debe analizarse desde la perspectiva de la gestión parlamentaria.
Delgado recordó cómo funcionaba el Parlamento antes de la expansión de los equipos de asesores.
“Hasta el año 1988, ningún diputado y ningún senador necesitaba a nadie, porque ellos mismos redactaban sus pedidos, sus mociones, sus proyectos y hacían sus dictámenes”, señaló.
Para el exfuncionario, la discusión principal está en establecer criterios adecuados para seleccionar al personal que trabaja directamente con los parlamentarios.
“Y para mí el principal problema es un problema de gestión. Las personas deben ser contratadas porque tienen competencias específicas en el desempeño de funciones legislativas o de control político”, sostuvo.
Delgado Guembes también cuestionó que el simple cumplimiento de los requisitos formales sea suficiente para garantizar que un trabajador esté capacitado para desempeñar sus funciones.
“El que tú cumplas con esos requisitos no te asegura ni te garantiza que tú estés capacitado para desempeñar la gestión que necesita el congresista”, afirmó.
Según explicó, los trabajadores deberían tener conocimiento específico sobre el funcionamiento legislativo y las labores de control político.
“Lo que tú necesitas son personas que conozcan por dentro el trabajo legislativo, el trabajo de control político, de forma que puedan efectivamente asesorar y apoyar a los congresistas que supuestamente debieran tener esas competencias, pero tampoco las tienen”, añadió.
Otros diputados también contrataron a personas que aportaron a sus campañas
La investigación continuó con otros casos registrados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Uno de ellos es el diputado por Cajamarca de Juntos por el Perú, Gabriel González Delgado, quien contrató como asesor dos a Reiniero Vilca Aquino. Según el reportaje, Vilca aportó 10.800 soles en especies durante la campaña.
Consultado sobre el aporte, explicó que correspondió a una camioneta que le prestó al candidato durante determinados días.
“No es en aporte en efectivo, es la camioneta que me prestó en días, no en meses cerrados, sino en días”, explicó.
Sobre su posterior contratación, sostuvo que la decisión estuvo relacionada con sus capacidades.
“El cargo de confianza está por su capacidad. O sea, yo en ningún momento he tenido un arreglo, una conversación”, afirmó.
Otro caso corresponde al diputado por Áncash de Ahora Nación, José Marcelo, quien tiene como técnico a Rommel Poma Vivar.
El trabajador aportó 4.300 soles en especies a la campaña.
“Ha sido contratado por su perfil profesional. Es un economista, tiene más, más de veinte años de trayectoria y que el hecho de que haya aportado, eso no, no tiene nada de ilegal”, manifestó.
También aparece el diputado por Puno de Juntos por el Perú, César Tito Rojas, quien contrató como auxiliar a Juan Carlos Maraza, quien aportó 1.800 soles entre efectivo y especies.
Tito Rojas explicó que Maraza actualmente trabaja apoyando al despacho y destacó su experiencia profesional.
“No, él está ahora apoyando acá en el despacho, como muchos hermanos de Puno. Y yo creo que él tiene cierta experiencia como abogado y está apoyando en contestar, por ejemplo, algunas demandas, pedidos, que se tiene también de la misma región de Puno”, señaló.
Senador Serafín Luján tiene como auxiliar a un aportante
El reportaje también encontró casos similares en el Senado. Uno de ellos corresponde al senador por Huánuco de Juntos por el Perú, Serafín Andrés Luján.
Durante la investigación fue entrevistado Leonardo Jesús Martínez, quien confirmó haber aportado a la campaña del senador y actualmente trabajar en su despacho.
Al ser consultado sobre cómo realizó el aporte, respondió: “Eh, con material”.
El reportaje señaló que Martínez aportó 2.900 soles a la campaña y actualmente se desempeña como auxiliar.
Cuando se le preguntó si consideraba que podía verse mal que un aportante terminara trabajando en el despacho del candidato al que apoyó, Luján respondió que no había analizado la situación de esa manera.
“Bueno, no le he visto ese tema por ese lado. Yo simplemente le contraté como técnico, ¿no? O sea, por su lado, mmm, técnico, es profesional, ¿no? No por tema de favorismo o nada”, declaró.
Senador Edgar Mancha contrató a dos de sus aportantes
Otro de los senadores mencionados en la investigación es Edgar Mancha Pineda, representante de Puno por Renovación Popular.
Según Punto Final, Mancha contrató a Rubén Ziguayo Mamani como técnico y a Clinton Holguín Vilca como asistente. Ambos habían realizado aportes a su campaña.
El senador reconoció la relación y explicó que se trata de personas con las que mantiene una relación previa.
“Sí, son amigos que aportaron una suma simbólica, ¿no? Claro que sí, este, son buenos profesionales también, que trabajaron conmigo en la ciudad de Puno”, afirmó.
Mancha aseguró que la contratación respondió al perfil profesional de cada persona.
“Lo que yo he, sobre todo, evaluado es el perfil para cada uno de los puestos”, señaló.
Rubén Siguairo, técnico del senador, también defendió su incorporación al despacho y explicó que ya había trabajado anteriormente con Mancha.
“Yo con el doctor Edgar anteriormente hemos trabajado y conocen la capacidad en cuanto a mis conocimientos”, sostuvo.
Siguairo detalló su preparación profesional: “Soy licenciado en Turismo, también soy bachiller, soy magíster en lo que es en cuanto lo que es la gestión pública, también estudios de doctorado, lo que es, eh, la universidad, ¿no? En cuanto a Derecho”.
Y concluyó que el conocimiento previo de sus capacidades fue uno de los motivos por los que recibió la invitación para participar en el despacho.
Contrataciones de aportantes generan debate sobre el uso de recursos públicos
Los casos expuestos por Punto Final tienen como elemento común que personas que realizaron aportes durante campañas electorales terminaron ocupando cargos de confianza en los despachos de los candidatos que apoyaron.
Las contrataciones corresponden a distintos puestos, entre ellos asesores, técnicos y auxiliares, y comprenden a parlamentarios de diferentes bancadas.
Los legisladores consultados rechazaron que exista una devolución de favores y señalaron que las designaciones obedecen a criterios de idoneidad, experiencia, confianza y perfil profesional. Algunos, además, aseguraron desconocer inicialmente que las personas contratadas habían realizado aportes económicos.
En paralelo, el informe recordó que la existencia de un aporte previo y una posterior contratación no constituye por sí misma un ilícito, pero sí abre una discusión sobre los criterios éticos y de gestión que deben aplicarse cuando se utilizan recursos públicos para contratar personal.
El tema adquiere especial relevancia debido al crecimiento del gasto corriente del Parlamento. Según el reportaje, este gasto ya supera los 900 millones de soles.
En ese escenario, el cuestionamiento planteado por la investigación no se limita a saber si las contrataciones cumplen con los requisitos formales. También pone sobre la mesa la necesidad de determinar si quienes ocupan puestos de confianza cuentan realmente con las competencias necesarias para realizar labores de asesoría, apoyo legislativo y control político.
Así, mientras diputados y senadores defienden las contrataciones realizadas en sus despachos y sostienen que sus trabajadores fueron seleccionados por sus capacidades, el cruce de información entre la ONPE y las planillas del Congreso deja abierta una discusión sobre la relación entre financiamiento electoral, vínculos políticos y acceso a puestos remunerados con fondos públicos. El debate, por ahora, se mantiene en el terreno de la transparencia, la ética y la gestión parlamentaria.
