Los principales directivos del fútbol profesional colombiano reclamaron este miércoles 8 de septiembre de 2026 en la Cámara de Representantes medidas legislativas y judiciales para sancionar a quienes protagonizan hechos de violencia en los estadios. La petición se planteó durante el debate de control político denominado Paz en los Estadios, promovido por el representante Víctor Manuel Salcedo Guerrero, del Partido de la U.
La sesión reunió a Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor); Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, estaba citado, pero no asistió porque tenía compromisos con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa).
Los dirigentes expusieron durante cinco minutos sus posiciones ante la Comisión Séptima de la Cámara. Zuluaga y Méndez utilizaron todo el tiempo asignado, mientras Camacho presentó una intervención más breve. Los tres coincidieron en que las sanciones deportivas contra los clubes o los cierres de tribunas no resuelven el problema si no existen consecuencias efectivas para los responsables de los ataques.
La Dimayor pidió judicializar los actos de vandalismo
Zuluaga sostuvo que el país cuenta con normas amplias sobre seguridad y convivencia en el fútbol, aunque cuestionó la falta de aplicación y la ausencia de coordinación entre autoridades y clubes.
“Las leyes en Colombia son amplias y profundas. Son muy completas, pero definitivamente no se cumplen muchas partes de lo que tratan de regular”, afirmó el presidente de la Dimayor. El dirigente añadió que existe una “crisis de toma de decisiones políticas” en las comisiones locales que definen las condiciones para cada partido.
El máximo representante del campeonato profesional señaló que hay medidas que podrían aplicarse sin grandes inversiones, entre ellas los sistemas de identificación biométrica. “Millonarios tiene la biometría lista, pero no sirve para nada si no está articulada con la Policía y la Registraduría”, dijo.
Para Zuluaga, el principal vacío está en la judicialización de quienes ingresan o se acercan a los escenarios deportivos para causar daños. “El problema es la judicialización de las personas que van a hacer vandalismo a los estadios”, señaló ante los congresistas.
Santa Fe cuestionó las sanciones que recaen sobre los clubes
Méndez apuntó contra las decisiones que castigan a los equipos con restricciones de aforo, cierres de sectores o partidos a puerta cerrada, pese a que los responsables de los incidentes son identificables. “Nosotros sancionamos el cemento porque no tenemos normas; las normas deben salir de acá hacia allá”, afirmó.
El presidente de Santa Fe puso como referencia el caso inglés y sostuvo que la respuesta frente a los hooligans cambió cuando se establecieron sanciones penales. “Existían los hooligans hasta que se penalizaron esas acciones. Cuando se penalizaron, ahí quedó”, expresó.
Camacho, por su parte, afirmó que los clubes asumen responsabilidades por lo que ocurre en sus espectáculos y que cuentan con la facultad de restringir el ingreso. Aun así, cuestionó el funcionamiento de las comisiones distritales de seguridad.
“Los clubes nos reservamos el derecho de admisión a los estadios y somos responsables por lo que ocurre en el espectáculo”, manifestó el presidente de Millonarios. Según explicó, hay casos en los que el club y la Policía coinciden en una medida, aunque la propuesta queda descartada por el voto de otros integrantes de las comisiones.
El debate ocurrió tras nuevos incidentes en El Campín
La discusión se produjo en un contexto de sanciones e incidentes recientes en escenarios deportivos de Colombia. El 22 de agosto hubo disturbios que involucraron a aficionados de Santa Fe y América en El Campín, en Bogotá. El 30 de agosto se registró otro episodio durante el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.
La proposición de control político citó a la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, y al director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña. El cuestionario incluyó preguntas sobre la aplicación de la Ley 1270 de 2009, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y el cumplimiento del Decreto 1622 de 2022.
El documento también pidió información sobre los sistemas de identificación de asistentes, las sanciones impuestas a infractores, las investigaciones por posibles extorsiones de líderes de barras a clubes y los protocolos para los partidos de alto riesgo. Entre sus antecedentes, citó la final de la Copa Colombia de 2025, que dejó 52 heridos en el Atanasio Girardot, y los enfrentamientos entre hinchas de Santa Fe y Millonarios del 6 de agosto de 2025, en Bogotá.
El Ministerio del Deporte informó previamente que el Sistema de Validación Nacional previsto en la regulación aún está en proceso de implementación, por lo que no cuenta con una cifra consolidada sobre los clubes que aplican de forma integral las medidas de control de acceso
