Con el aval de la Justicia, el interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Biglieri, suspendió el polémico convenio entre el sindicato y la empresa USEM, vinculada con La Cámpora, que es objeto de una investigación a cargo del juez federal Julián Ercolini por la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.
La decisión del interventor rige desde el 15 de este mes y fue calificada como una “medida preventiva y de conservación patrimonial” ya que en la causa gira en torno de la administración de millonarios fondos sindicales provenientes de los aportes de trabajadores: se estima que USEM recaudaba más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.
Una de las accionistas y directoras de USEM es María Soledad Calle, una militante camporista a quien Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM, le dio trabajo en relación de dependencia y la designó en importantes cargos en nombre del gremio a los que no llegaban ni los miembros del secretariado de la UOM.
